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Convoca AI a Cué resolver violaciones a DH

Por la Redacción

Amnistía Internacional (AI) instó al nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, a priorizar la agenda de Derechos Humanos (DH) y desarrollar un plan de acción en la materia.

En el Día Internacional de los DH, AI envío una carta abierta al mandatario estatal, en la que destacó cuatro de las problemáticas pendientes en la entidad: los abusos contra migrantes, los ataques contra defensoras y defensores de DH, la situación en la región Triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis política de 2006.

AI exhortó al gobernador a establecer un diálogo con la comunidad de defensores de DH para lograr este fin y para garantizar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigue los actos de hostigamiento contra defensoras y defensores de manera completa, rápida e independiente.

Trabajar en la defensa de los DH es una actividad “de alto riesgo”, enfatizó AI. Destacó que hay casos documentados de amenazas, intimidación y asesinatos. Puso como ejemplo que desde 2007, la abogada Alba Cruz ha sufrido amenazas de muerte y actos de intimidación en represalia por su trabajo con las víctimas de tortura, cargos penales infundados y otros abusos cometidos durante la crisis de 2006.

De igual forma, AI mencionó que aún no se revuelven los asesinatos de los defensores, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola, asesinados el pasado 27 de abril, mientras participaban en una caravana humanitaria a la comunidad de San Juan Copala.

La investigación, a cargo de la PGR, no ha mostrado resultados concretos, por lo que pidieron a Cué Monteagudo solicite resultados a la dependencia y garantice que la PGJE realice una investigación paralela de los aspectos del caso que son del fuero común, como son los vínculos del grupo armado con las autoridades estatales.

El grupo armado acusado por el ataque contra la caravana humanitaria de abril de 2010, y posteriormente por otros ataques ocurridos recientemente en la región, pertenece a la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

En octubre pasado, Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo fueron asesinados en la zona triqui, nueve días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de México adoptar medidas urgentes a favor de ambas personas y otros 133 habitantes de San Juan Copala.

En agosto de este año, las mujeres triquis iniciaron un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por una treintena de asesinatos, que de noviembre hasta esa fecha ocurrieron en la zona. (Cimacnoticias 18 de octubre 2010)

En la misiva, AI subrayó que el nuevo gobierno debe asegurar que se realice una investigación imparcial, pronta y eficaz del involucramiento directo o indirecto de las autoridades estatales, pasadas o presentes, sobre sus vínculos con estos grupos.

Con respecto a la crisis política de 2006, la organización documentó 15 homicidios ilegítimos a consecuencia directa de la violencia en la ciudad de Oaxaca, además de cientos de casos de maltrato o tortura y detenciones arbitrarias.

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