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Corrupción judicial arrebata rancho a mujer chiapaneca

La historia de Librada Padilla González y su hija Karen Limón Padilla es tan sólo una muestra del abuso que sufren las chiapanecas por parte de los varones y las autoridades del estado, por defender su derecho a la propiedad.

En 1997 Librada Padilla llegó a Chiapas procedente de Los Altos de Jalisco. Tenía 33 años de edad y estaba embarazada de Gabriel Trujillo Reyes, su segunda pareja de origen chiapaneco.

La pareja compró seis hectáreas en un terreno al lado del Polideportivo del municipio de Comitán. En un inicio la compra fue un proyecto común, sin embargo Gabriel dejó de pagar cuando apenas se había cubierto 20 por ciento del costo total de la propiedad.

Librada se hizo cargo de los pagos. Pidió un préstamo al ayuntamiento para montar una granja porcina. Con su negocio pudo saldar el terreno y comprar cinco hectáreas más. El rancho fue bautizado como “San José El Arenal”.

A principios de 2005 Librada enfermó. Los médicos le diagnosticaron hipertensión, pero su salud se fue deteriorando día con día. A los pocos meses le fue detectado cáncer en una etapa muy avanzada. Librada regresó con sus dos hijos a su natal Jalisco para atenderse; murió en septiembre de ese año.

“Gabriel fue a Jalisco; recuerdo que en vez de ayudar estorbaba, se levantaba y quería que le sirvieran el desayuno, que lo atendiéramos a él cuando mi mamá se estaba muriendo”, recuerda Karen, hija mayor de Librada.

En julio de 2005 y ante la agonía de la mujer, Trujillo Reyes interpuso una demanda civil para intentar apropiarse de las escrituras del rancho.

“Una vez mi mamá me dijo: ?Karen, no me dejes sola con Gabriel. Me quiere obligar a que yo le firme papeles; yo no quiero que él les quite lo poquito que he hecho para ustedes?”, relata la mujer de 29 años.

Antes de morir Librada hizo su testamento y nombró a Karen heredera universal y tutora testamentaria de su hermano menor, ahora de 14 años e hijo de Gabriel Trujillo.

En octubre de 2005 Karen regresó a Chiapas para promover su juicio sucesorio testamentario y se enteró de que Gabriel ya había interpuesto la demanda con un papel de compra-venta del rancho firmado supuestamente por su madre.

“Yo le reclamé al señor Gabriel. Le dije: ?No se vale, mi madre fue cabal con usted?. Él tenía una demanda de su primera mujer y no quería pasarle ni un centavo, por eso puso todo a nombre de mi mamá: sus camiones, maquinaria de un aserradero que tenía? El señor Gabriel abusó, le robó el rancho a mi madre, a mí y a su propio hijo”, cuenta Karen.

DESPOJADA

Con pistola en mano, Gabriel corrió a la joven de la propiedad y no le permitió sacar ninguno de los bienes. Ella y su hermano se quedaron sin casa, dinero, ropa y zapatos.

En 2007 Karen interpuso una demanda por despojo contra Trujillo Reyes. “El perito me pidió 60 mil pesos para que el peritaje saliera a mi favor. ¿De dónde iba a sacar esa cantidad? Le dije que no y en consecuencia el peritaje salió en mi contra”, relata la mujer.

“Marco Antonio Ventura, delegado del Registro Público de la Propiedad en Comitán, fungió como fedatario público de los contratos falsos de compra-venta que presentó Gabriel para adueñarse del rancho de mi madre. Hasta donde sé, los funcionarios no pueden ser juez y parte. Además en Chiapas los contratos privados no tienen validez ni efectos contra terceros”, explica Karen.

Ella demandó a Marco Antonio Ventura ante la Fiscalía de Delitos de Funcionarios Públicos. Pidió ayuda a “Los abogados del pueblo”, instancia dependiente del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del gobierno del estado, cuyo fin es que la ciudadanía de bajos recursos cuente con servicio gratuito de asesoría y defensoría legal.

Los abogados Marlene Trujillo, directora de la instancia, y Óscar Gordillo se comprometieron a ayudar a Karen.

En diciembre de 2011 el juez primero de Comitán, Julio César Pérez, resolvió iniciar de nuevo el juicio debido a las irregularidades en todo el proceso con número de expediente 1520/06.

El juicio volvió a empezar con dos peritajes: uno a favor de Gabriel y otro a favor de Karen.

Ramiro Antonio García Macías, magistrado de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 con sede en San Cristóbal de las Casas, ordenó un tercer peritaje que fue ejecutado por Ramiro García Junior, hijo del magistrado.

Tras casi siete años de pleitos legales, el pasado 21 de febrero el magistrado resolvió de manera definitiva a favor de Gabriel Trujillo. “Los abogados del pueblo” tuvieron un mes para amparar a Karen, pero no lo hicieron.

SIN JUSTICIA

El pasado 22 de marzo los abogados Marlene Trujillo y Óscar Gordillo notificaron a la hija de Librada que se les pasó el plazo legal para ampararla.

“Me puse muy mal. Prácticamente los abogados esperaron que se venciera el término para notificarme. Dijeron que me habían tratado de localizar por teléfono. Es falso, nunca recibí una llamada de ellos, hasta el teléfono de mi trabajo les dejé y nunca me buscaron.

“Lo que más me sorprendió es que para notificarme que se les había pasado el término para el amparo, me encontraron luego luego. Me localizaron justo un día después”, dice Karen, indignada.

En busca de justicia, la mujer acudió ese mismo día a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en espera de ser recibida en audiencia por el gobernador Juan Sabines.

“Me quedé a dormir en la banca del Parque Central. Estaba empeñada en salir sorteada en la tómbola para la audiencia pública con el gobernador. Quería contarle todas las injusticias que viví.

“Según que la justicia debe ser pronta, expedita e imparcial, pero la justicia tardó siete años y no fue imparcial. Ganó quien tuvo dinero para pagar abogados y peritos”, reclama Karen.

Karen no fue seleccionada para ser recibida en audiencia. Decidió enviar cartas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a Sabines para que se enteraran de su caso.

También acudió al Centro de Justicia de las Mujeres, donde le dijeron que ahí se atendía “preferentemente casos de violencia intrafamiliar”.

“Creo que defender el derecho de las mujeres a la propiedad no es un asunto menor en Chiapas. Voy a seguir luchando por la propiedad que nos dejó mi madre. Lo hago porque sé que ella donde quiera que esté ha de sentir la misma rabia de ver a sus hijos despojados por una persona sin escrúpulos y por un sistema corrupto de impartición de justicia”, advierte.

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