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Cosas de Hombres

Por Lucero Saldaña

Sin duda alguna los gobiernos municipales son el nivel de gobierno más cercano a la gente. Sin embargo, es notorio que en un proceso de exploración sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones, a nivel comunitario, nos enteramos que en 2001, de un total de 2 mil 443 ayuntamientos, sólo 95 de ellos estaban encabezados por mujeres, es decir, poco menos de 4 por ciento.

¿Qué significa esto? Bueno, que la política municipal es más selectiva con las mujeres que con los hombres, que son más altos los requisitos que tienden a imponerles a ellas y que los costos de estar en el ayuntamiento son más altos que los asumidos por los hombres. Dicho de otro modo, la cultura tiene un peso mayor expresado en la simbolización de lo “propio” de las mujeres, y en el tejido cultural de nuestro país la política es, todavía, “cosa de hombres”.

Una de las premisas es que en los ayuntamientos, los universos femenino y masculino son muy desiguales.

El proceso de acceso de mujeres y hombres a los espacios de poder se topa con un modo de funcionamiento cultural que exige requisitos más altos –no establecidos formalmente– a las mujeres. Esto no es un acto deliberado de machismo sino resultado de una mentalidad cultural histórica por la que, para acceder a la política, las mujeres hacen mayores esfuerzos y aún sacrificios personales superiores a los de los hombres.

Se ha documentado que la noción de la política utilizada en las representaciones sociales ordinarias, e incluso en las obras de los grandes filósofos y teóricos de la política, transmite la idea de un ámbito especialmente apropiado para hombres e inapropiado para mujeres; es posible hablar de un síndrome cultural que ha construido la universalidad.

Si ser él o ella produce una diferencia, ésta habrá de encontrarse en la política, entre otros muchos lugares.

En nuestro país, la existencia de prácticas discriminatorias hacia las mujeres, expresadas en una escasa presencia de ellas en los distintos cargos políticos, se muestra en los registros que se tienen: en 1981, de 17 secretarías de Estado, sólo una tenía a una mujer, la misma proporción prevalece.

Entre 1971 y 1994, el número de gobernadoras fue de una, a la fecha ha habido dos por elección (Colima y Tlaxcala), y dos por interinato, Yucatán y el DF. Aunque es claro que las mujeres tienen acceso a los órganos de poder político en una proporción muy inferior a la de los hombres, aún quedan tareas pendientes para describir de una manera más extensa y completa la exclusión y explorar los mecanismos con los cuales opera.

La costumbre ha sido que cuando las mujeres se incorporan a tareas políticas tienen que seguir realizando sus tareas domésticas, y si son madres y amas de casa, sus responsabilidades son dobles. La separación que mantiene el orden social entre público y privado está sufriendo un proceso de transición que ve sus inicios en los años ochenta.

La medida para sancionar o evaluar la actuación de las mujeres es distinta a la que se utiliza para calificar a los hombres. Se critica más la conducta y la vida personal, medición que raramente se hace a los hombres.

Veamos cómo se hace escaño de la situación de tres mujeres con actividades públicas de diferentes partidos. Para Rosario Robles, Elba Esther Gordillo y Martha Sahagún la medida ha sido diferente en cuanto a su vida privada, por el elemento de género, independientemente de sus actuaciones públicas.

Si bien lo privado es público para quienes participan en la política, y no se puede separa la conducta personal de la una con la otra, resultan inequitativas las diferencias en los criterios de evaluación. La presencia de las mujeres en la política mexicana puede hacer una diferencia positiva, siempre y cuando no se les cuestione o limite el acceso y permanencia a cargos públicos por sesgos y prejuicios sexistas, sino con un ánimo de contribuir a que esta dimensión de la democracia se fortalezca, es decir, la representación equitativa entre hombres y mujeres.

*Senadora e integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

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2004/BJ

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