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Crisis del sistema de pensiones: efecto del modelo económico

Por Rafael Maya

Doña Regina, de 70 años y diabética, lleva meses esperando a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le autorice su pensión por viudez.

A pesar de lo raquítico de la suma (apenas mil pesos al mes), su angustia es grande, pues el dinero solventaría gastos para alimentación y medicinas, luego de que dos de sus hijos –que proveían el sustento familiar– se casaron y dejaron el hogar materno; mientras que su hija, desempleada, quedó como su única compañía.

Millones de mujeres de la tercera edad en México padecen una situación similar o mucho peor. Con la crisis del sistema de pensiones, las mujeres son las principales víctimas de un modelo económico que al ser jóvenes las orilla al empleo informal, por lo que al envejecer carecen de seguridad social y son condenadas a la exclusión y el olvido.

El envejecimiento de la población y la escalada imparable del desempleo hacen que el panorama para las mujeres de edad avanzada sea “desastroso”, coinciden investigadoras, sindicalistas y activistas de los movimientos de pensionados y jubilados.

LA FRIALDAD DE LAS CIFRAS

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000 había casi siete millones de personas de 60 años y más en México. De esa población, tan sólo 900 mil mujeres (13.5 por ciento del total) recibía algún tipo de pensión. Las demás (86.5 por ciento) están desamparadas.

El Movimiento Unificador Nacional de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores reportó que de ese total de mujeres de la tercera edad existen más de 500 mil que reciben pensión por viudez, con base en las prestaciones estipuladas en la Ley del IMSS. El porcentaje de hombres pensionados de 60 años y más llegaba en 2000 a 29.3 por ciento (alrededor de dos millones 30 mil).

El libro Mujeres y Hombres en México 2003, editado por el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), apunta que el patrón por sexo observado en las pensiones refleja el comportamiento general del mercado de trabajo.

Precisa que en el mercado laboral las mujeres interrumpen frecuentemente su trayectoria –debido a su condición reproductiva y a las labores domésticas–, o bien, participan en actividades informales, lo que les impide acceder a una pensión.

CRUEL REALIDAD

A las y los ancianos “se nos condena a una pensión de miseria”, lamentó Blanca Irma Alonso, presidenta del Movimiento Nacional de Pensionados y Jubilados, organización que desde hace 25 años defiende el derecho de las personas a una vejez digna.

La dirigente advirtió que la situación para la población anciana es “cada vez más grave”, tomando en cuenta lo reducido de las pensiones (entre 900 y mil 200 pesos al mes), y el desinterés del Estado por dotar de recursos a los programas de salud y a la seguridad social mediante el presupuesto anual de Egresos. “Se le da prioridad al Fobaproa”, denunció al referirse a la deuda contraída por el gobierno en 1995 para al rescate bancario.

La especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Luisa González, puso de relieve la situación precaria de los seis millones de mexicanas que trabajan en la economía informal, quienes al final de su vida activa “serán seres dependientes que cifrarán sus esperanzas de sobrevivencia en la familia”.

Planteó que el caso “más dramático” lo representan las amas de casa, dedicadas de lleno a los quehaceres domésticos y a la crianza de las y los hijos, quienes “no tienen ninguna posibilidad” de lograr una autonomía económica en su senectud.

VEJEZ OLVIDADA

En su estudio Los sistemas de pensiones y sus deudas con la equidad de genero entre las personas adultas mayores, la investigadora de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), María Nieves Rico, observo que el acceso de las mujeres al sistema de pensiones no se funda en la titularidad de derechos de ciudadanía, ni en las contribuciones que realizan al desarrollo de los países.

Según la especialista de la Cepal, los montos de las pensiones para las ancianas, además de ser menores a los de los hombres, son insuficientes para una vida digna. “Esto a pesar de la gran contribución que realizan las mujeres a la reducción de la pobreza en los hogares”, agregó.

Por su parte, María Luisa González destacó que es una discriminación el hecho de que la mayoría de las mujeres (67.5 por ciento del total) sean pensionadas por viudez, ya que refleja que “la mujer es dependiente del marido y se encarga de su cuidado”.

Esa discriminación –añadió– tiene que ver con la tendencia al envejecimiento de la población; las mujeres se casan más jóvenes que el marido y viven más años, las dificultades económicas al quedarse viudas se agudiza, e incluso pueden caer en la “miseria total”, especialmente aquellas que se dedicaron al hogar.

Se estima que para el año 2030 la población de 65 años de edad y más llegará a 15.5 millones de personas, en su mayoría mujeres.

LAS REFORMAS QUE VIENEN

Por su parte, la integrante de la Asamblea Permanente de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, Sonia Chaires, y la dirigente del Movimiento de los Trabajadores del IMSS en Defensa de la Salud, Ofelia Oliva, alertaron sobre los intentos de los funcionarios del Seguro Social, en colusión con el sindicato, para reformar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de las y los trabajadores de la institución.

Afirmaron que las modificaciones significarían un retroceso en los derechos laborales de toda la población trabajadora, y no tan sólo para la que labora en el IMSS. Y subrayaron que las mujeres jubiladas y pensionadas son las que resentirán más la reforma, debido a que son mayoría y a sus precarias condiciones de vida producto de su rol tradicional de género.

La pretendida reforma consiste, entre otras medidas “regresivas”, en eliminar el régimen solidario de seguridad social de las y los trabajadores del IMSS, y sustituirlo por uno individual manejado por la banca; así como sucedió con la reforma en 1995 a la Ley del IMSS, que dio origen a las Asociaciones de Fondos para el Retiro (Afores), que ahora manejan las pensiones de la población asegurada.

MEJOR QUE NO LLEGUE EL FUTURO

Cristina Pérez, trabajadora social y especialista en salud de mujeres mayores, coincidió con las investigadoras y activistas en la necesidad de que se estipule en la ley una pensión universal para las personas de la tercera edad.

Enfatizó que la sociedad civil organizada puede trabajar para generar una “cultura del envejecimiento”, que reivindique a este sector de la población como seres productivos. También aseguró que se debe obligar al Estado a cumplir con su responsabilidad social de garantizar una vida digna a la población mayor.

Especialistas y trabajadoras sostuvieron que es necesario regresar al modelo de seguridad social solidario, controlado por el Estado, y que se implementen políticas integrales de atención a las y los viejos como un derecho ciudadano, y no desde una visión asistencialista.

Sólo así –auguraron pese a lo tenebroso del mañana– se podría lograr la inclusión equitativa entre hombres y mujeres en los sistemas de pensiones.

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