Los cuantiosos gastos militares y el pago de la deuda externa, así como las cargas fiscales regresivas y la disminución de la cooperación oficial al desarrollo son factores que condicionan el bienestar infantil en América latina y el Caribe, donde los ahorros temporales en presupuestos para educación o salud producen consecuencias irreparables para las naciones.
Así lo estipularon el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su estudio La pobreza en América Latina y el Caribe aún tiene nombre de infancia, documento preparado por ambas agencias de la ONU para la undécima Conferencia de esposas de jefes de Estado y de gobierno de las américas que comienza hoy en esta ciudad.
El gasto social básico (en educación, atención primaria de salud y salud reproductiva) en los programas de nutrición, en agua potable y en saneamiento es el que beneficia de manera más directa a los 118 millones de niñas y niños de la región, aclaran los organismos internacionales.
Por ello la ONU les recomendó a los gobiernos de la región que aumentaran a cerca de 30 dólares por habitante la inversión con el fin de garantizar la cobertura universal de servicios básicos, cantidad equivalente, de acuerdo al estudio, a un aumento del gasto del ocho por ciento del presupuesto público total; es decir alrededor del 2.5 del producto interno bruto.
«Esta magnitud constituye un desafío importante, asientan Unicef y la Cepal, pero no está fuera del alcance de las sociedades latinoamericanas y caribeñas» en busca de un gasto social básico que mantenga una estabilidad protegida de la volatilidad económica y social.
Unicef criticó al sector financiero privado internacional porque las inversiones especulativas que buscan maximizar ganancias en el menor plazo posible generan un enorme costo social a los países receptores.
«Ninguna inversión, ni su ganancia asociada, justicia la postergación humana de amplios sectores en los pueblos de esta región», establece el análisis de 71 páginas sobre la infancia latinoamericana.
La región de América latina y el Caribe es la que presenta las mayores desigualdades del mundo en la distribución del ingreso: en nuestro país, 40 por ciento de la población más pobre recibe 10 por ciento de los ingresos totales, mientras que 20 por ciento de la más acomodada recibe más de 60 por ciento.
PADRES Y MADRES, IMPOTENTES ANTE LA REALIDAD
En las circunstancias de exclusión social y económica que priva en América latina, donde seis de cada 10 habitantes son menores de 18 años, los adultos carecen de capacidad para garantizar el potencial de sus hijos; advierte el documento preparado por Rebeca Grynspan, directora de la sede subregional de la Cepal y Alfredo Missarir, subdirector regional de Unicef.
Dentro de los sectores más excluidos, niñas y niños son empujados a ingresar prematuramente al mundo del trabajo en condiciones abyectas por un pago mísero, con lo que sacrifican sus posibilidades de estudio y consecuentemente se cancelan oportunidades de superación futura.
Estos datos «constituyen indicadores de violación de derechos e injusticia», sentenciaron. «No es razón suficiente combatir los peores síntomas de la pobreza, como tampoco basta con lograr el crecimiento económico si sus frutos no se reparten con equidad.»
La pobreza es un círculo donde las enormes diferencias en el capital físico y en el acervo educativo condicionan la futura inserción, defectuosa y trunca de las niñas y niños en el mercado laboral, condenándolos a ingresos de subsistencia y haciéndolos más vulnerables y limitando el potencial de desarrollo del todo el país.
El estudio reitera que el embarazo precoz se presenta con mayor frecuencia en los estratos de menores ingresos, donde las adolescentes son abandonadas a raíz de los patrones imperantes de paternidad irresponsable y de nacimientos no deseados.
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