Una máxima del sistema de justicia es que a cualquier persona que se le impute un delito será considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo en nuestro país opera exactamente de manera contraria, sobre todo en los casos que se ventilan en los medios o son del interés público, se les considera culpables desde el principio y se hace todo lo posible para demostrar su culpabilidad, lo que a todas luces es injusticia.
En esta lógica, estamos siendo testigos de un negro capitulo más del sistema de injusticia mexicano que acusó a Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, tres mujeres otomíes de Mexquititlán, Querétaro por haber «secuestrado» el 26 de marzo de 2006 a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR). Jacinta, defendida por Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, después tres años de prisión logró su liberación por no hallar «pruebas acusatorias». En cambio Teresa y Alberta, por los mismos hechos y en las mismas circunstancias, fueron condenadas a 21 años de cárcel.
Desmenucemos algunas de las injusticias que prevalecen en el caso. Aunque parezca descabellado es la propia PGR quien al mismo tiempo es víctima de secuestro de seis de sus integrantes; es parte acusadora al identificar y acusar a estas tres mujeres; y es el ministerio público responsable de hacer las investigaciones e integrar los expedientes para su presentación ante el juez. Sólo en un sistema como el nuestro esto puede suceder.
Por eso a la luz de los acontecimientos y bajo esta lógica, Jacinta, Teresa y Alberta son culpables. Culpables de ser mujeres, indígenas y pobres. Culpables de ser mujeres que se enfrentaron con valentía ante la arbitrariedad con la que agentes de la AFI irrumpieron en el Tianguis de Santiago Mexquititlán para supuestamente decomisar mercancías, que –dicho sea de paso- hasta le fecha nadie sabe que buscaban; son culpables de ser indígenas que al no hablar español fueron acusadas y engañadas, se les fabricaron pruebas y las hicieron firmar confesiones; son culpables de ser pobres pues defendían sus pocas pertenencias que les estaban siendo arrebatadas o destruidas en el «operativo» de la AFI.
Tan son culpables para la PGR que exigió la pena máxima de 40 años para estas mujeres que osaron enfrentarlos y la petición la hizo además el pasado 25 de noviembre, Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y casi logran que la ratificación de la condena coincidiera con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lo que hasta parece una burla.
Las contradicciones salen a la luz pública y ni en el propio Ejecutivo se ponen de acuerdo, pues mientras para la PGR son culpables bajo su lógica, para el Instituto Nacional de las Mujeres se trata de una revancha. Lo que es cierto, es que de Calderón no ha salido una palabra sobre el asunto. Sin embargo, no está todo perdido una esperanza ha surgido con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de conocer del asunto por considerar que tiene «gran contenido social» pues involucra los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y la prohibición de la discriminación. Esperamos aún justicia. Ellas esperan su libertad.
Ante esta injusticia se levantan cada vez más voces, tanto de organizaciones nacionales como de organismos internacionales como Amnistía Internacional que las considera presas de conciencia, es decir «personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma». También hay cada vez más personas que se suman a la exigencia de libertad y se organizan grupos que recaban apoyos vía las redes sociales en Internet. Cada vez somos más quienes nos indignamos con la injusticia que prevalece y que estamos dispuestos a ser considerados culpables de defender nuestros derechos.
* Diputada del grupo parlamentario Convergencia
10/ MT/LR/LGL
