Las organizaciones que litigaron el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se congratularon de que el gobierno dominicano haya dado un primer paso para cumplir con la sentencia, mediante el pago de la indemnización económica ordenada por el Tribunal.
Los hechos se remontan a la negación por parte del gobierno dominicano a darles actas de nacimiento a dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, de acuerdo con información de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley.
El pasado 7 de octubre de 2005, el Alto Tribunal Interamericano ordenó al Estado dominicano adoptar una serie de medidas de reparación, tales como la reforma del sistema de registro de nacimientos y del sistema educativo para garantizar el acceso de todas las y los niños a la escuela primaria, la realización de un acto público de desagravio y la indemnización de las víctimas entre otras.
La semana pasada, el Estado desembolsó 22 mil dólares «reafirmando la naturaleza vinculante de la sentencia, y despertando la esperanza que cumplirá cabalmente con la sentencia y erradicará los aspectos discriminatorios del sistema de registro civil,» señaló Sonia Pierre, directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA).
La eficaz implementación de las medidas constituye una oportunidad histórica para garantizar el pleno respecto y protección de los derechos de todas las y los niños dominicanos, independientemente de su raza o ascendencia.
En la actualidad, aproximadamente 25 por ciento de la población dominicana carece de documentos. Sin actas de nacimientos, se ven imposibilitadas e imposibilitados para acceder el sistema educativo, casarse, votar o comprar una propiedad, entre otros derechos básicos.
«El sistema de registro de civil es discriminatorio e inoperante. El Estado dominicano tiene la obligación de reformarlo, según la sentencia de la Corte Interamericana,» dijo Roxanna Altholz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley.
Para cumplir con la sentencia en su totalidad, el Estado debe enfrentar la situación de las y los miles de niños que sufren la misma violación de sus derechos humanos, por la cual pasaron las niñas Yean y Bosico.
Ello requiere la superación de obstáculos legales, así como actitudes políticas que se evidencian con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que sustentaba la Ley de Migración de 2004, la Resolución del Senado que rechazó la naturaleza vinculante de la sentencia de la Corte Interamericana, y el Ante-Proyecto de Reforma Constitucional que contradice lo dispuesto por el Alto Tribunal Interamericano, entre otras.
«En vez de cumplir con sus obligaciones internacionales adquiridas voluntariamente a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, los poderes públicos en República Dominicana han tomado cada oportunidad que se le ha presentado en el ultimó año para rechazarlas,» dijo David Baluarte, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
República Dominicana tiene la obligación jurídica y moral de acatar la sentencia de la Corte Interamericana. Con el fin de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, los países de nuestro continente han efectuado cambios estructurales en el derecho y la práctica interna.
Ejemplos de ello lo constituyen la derogación de las leyes de amnistía en Perú; la tipificación del delito de desaparición forzada en Bolivia; la reforma constitucional para eliminar la censura previa en Chile y la creación de una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos en El Salvador.
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