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De prisión a puesto público

Por Lydia Cacho

Un día la SIEDO y el Ejército se los lleva y asegura que se les arresta por nexos con el narcotráfico. Unos meses después esos mismos ex funcionarios públicos de seguridad que fueran arrestados y encarcelados salen a relucir como jefes policiacos en otra ciudad. ¿Quién es responsable de generar esta descomposición y confusión en el país?

Dos casos notables de norte a sur nos muestran cómo se trazan las rutas operativas de los cárteles y sus vínculos con jefes policiacos; la opacidad de ambos casos deja a la sociedad con la clara sensación de que los policías corruptos son intocables.

La noche del 2 de septiembre de 2009 Salvador Rocha Vargas, entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, fue arrestado y llevado bajo arraigo por la SIEDO junto con el jefe de la Policía Turística de Cancún, el delegado y subdelegado de la PGR.

Rocha Vargas fue acusado de dar protección a la delincuencia organizada. Denuncias anónimas previas de colaboradores de Rocha se fortalecieron con el video de “Matazetas” en el que se le señalaba como cómplice.

Cuando fue detenido ya pendían sobre él acusaciones de que utilizaba las instalaciones del C4 para torturar a detenidos sin orden de aprehensión, que amenazaba a quienes le exigían cordura ante detenciones ilegales y violaciones a los Derechos Humanos de inocentes.

Bajo su mando crecieron las extorsiones policiacas a turistas como nunca en la historia de Cancún y Playa del Carmen. Sin embargo el entonces procurador del estado, Bello Melchor Rodríguez, salió a la defensa de Rocha diciendo que era su amigo y que seguro podría demostrar su inocencia.

Aprovechó para anunciar que a Salvador Rocha lo defendían los mismos abogados de Mario Villanueva Madrid (ex gobernador de Quintana Roo, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico).

Todo el equipo del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, oriundo de Cozumel al igual que Rocha y sus protectores, defendió al ex secretario policiaco.

En aquel entonces un colaborador de Rocha aseguró ante la SIEDO que éste mantenía a raya a muchos servidores públicos con el manejo de su centro de espionaje telefónico.

El 11 de diciembre de 2010, luego de 15 meses, Rocha fue liberado del penal de El Rincón, en Nayarit, y volvió a Cozumel.

El 11 de abril de 2011 llega a Quintana Roo el famoso general retirado Bibiano Villa Castillo (quien en entrevista con Sanjuana Martínez en La Jornada confesara meses antes asesinar a quienes él consideraba sospechosos), y nombra subsecretario al coronel Manuel Jesús Cícero Salazar, otro militar en retiro que trabajó con él en Coahuila.

Ocho meses después, luego de conducir ebrio, chocar y enfrascarse en una golpiza entre su escolta y los municipales, Cícero fue despedido. El historial de violencia que él había dejado en Saltillo era ya notable.

Hace unos días Cícero Salazar fue arrestado por la SIEDO por acusaciones de vínculos y protección de la ruta del narco, desde Coahuila hasta Quintana Roo. Protección que comenzó, según la ex colega que lo señala, desde que él fue jefe de la Policía Operativa de la Fiscalía General de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira.

En su lugar ni tardo ni perezoso, el gobernador Roberto Borge y Bibiano Villa decidieron suplirlo, por nada más y nada menos que Salvador Rocha.

El Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza está haciendo agua, y el reciclaje de altos mandos policiacos y ex militares llevados de un estado al otro lo demuestran.

Y es que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su inciso X del artículo 108, dice que entre sus atribuciones está “solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones”.

¿Será factor de riesgo ser señalado por colegas y narcos además de pasar 15 meses en una prisión de alta seguridad? La ambigüedad en la ley no lo aclara.

Los cozumeleños amigos de Rocha están felices; quienes lo denunciaron en su momento viven aterrados. Mientras tanto Manuel Cícero es acusado de formar parte de una narconómina, misma que involucra a funcionarios de todos los niveles de la Procuraduría General de la República y las policías Federal, Estatal y municipales en Coahuila.

¿Quién dijo que ser ex militar es signo de honestidad? Y ¿por qué el afán del gobernador de Quintana Roo y su predecesor para restituir a Rocha? Cuando Felipe Calderón, Genaro García Luna y los gobernadores nos aseguran que sus sistemas de control funcionan estupendamente, nos remitimos a la evidencia y por eso no confiamos en la policía.

Twitter @lydiacachosi

www.lydiacacho.net

*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

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