Tras denunciar la negligencia de la autoridad tanto federal como estatal para esclarecer los ya 270 crímenes que vienen ocurriendo desde 1993, las organizaciones de la campaña Alto a la impunidad: ni una muerta más, responsabilizaron al Estado mexicano por cualquier atentado que pudiera haber contra la vida e integridad física de los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
En conferencia de prensa en la sede de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH) Adriana Carmona, vocera de las organizaciones, sostuvo que existe preocupación por el peligro que corren los familiares de las víctimas lo mismo que los defensores de derechos humanos; toda vez que el gobierno se encuentra reticente a implementar medidas de protección ante la serie de amenazas y hostigamiento de que han sido víctimas.
Concretamente acusaron al procurador del estado, Jesús José Solís, de ser el promotor de esas amenazas y de persecución.
En un comunicado las organizaciones le exigieron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al gobierno de Chihuahua que cumplieran con lo que les habían ofrecido de instalar la mesa interinstitucional, además de darles todas las garantías para determinar las irregularidades en la investigación de los casos, así como establecer políticas públicas que contrarresten la violencia hacia las mujeres.
A las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República (PGR) las organizaciones les demandan proteger la vida e integridad física de los familiares de las víctimas y los defensores de derechos humanos.
Durante la conferencia también se informó que hasta el día de hoy José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sigue negándose a recibir una comisión de las organizaciones, ya que éstas le exigen presentar un informe sobre el seguimiento que se le ha dado a la recomendación 44/98 relativa al caso.
En otro orden de ideas, la vocera de las organizaciones comentó que a pesar de que durante la visita a México de la relatora de Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, tanto el gobierno estatal como el federal e incluso el municipal se comprometieron a efectuar una serie de acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres: lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Al respecto Carmona anunció que para el mes de noviembre próximo estará listo el informe que, sobre el caso, presentará la relatora Altolaguirre ante la CIDH.
También mencionó que aunque el congreso federal creó en noviembre pasado una comisión especial dentro de la Cámara de Diputados, cuyo mandato era estudiar las irregularidades en la investigación de los casos, hasta el momento tampoco ha habido acción alguna para cumplir con su cometido.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres se está extendiendo, advirtió Carmona, ya que en lo que va del año se han encontrado seis cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez y 17 en el municipio de Chihuahua.
La semana pasada se encontró el último cuerpo: esta vez se trató de una mujer de 29 años, estrangulada y violada y que hasta el día de hoy no ha sido identificada.
Esto sin contar que semanalmente ocurren dos o tres desapariciones de mujeres, lo que suma a la fecha ya mil las mujeres desaparecidas en aquella entidad.
Por todo lo anterior, los organismos promotores de la campaña le exigieron al Estado mexicano justicia para las mujeres; pero en el caso particular de Ciudad Juárez, que efectúe una investigación imparcial, que castigue a los responsables y que destituya a los funcionarios del sistema de procuración e impartición de justicia que han incurrido en violación a los derechos de las mujeres y familiares de las víctimas.
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