Las deficiencias sistemáticas en la aplicación de la justicia en México han provocado que casos como el de Acteal se multipliquen y queden como una deuda pendiente de la justicia, aseveró el historiador y analista Héctor Aguilar Camín, quien agregó que una especialidad de la justicia mexicana es la fabricación de pruebas y culpables para cerrar los casos y terminar con la presión de la sociedad y la opinión pública.
A nueve años de la matanza en Acteal, Chiapas, en donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados: 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), informaron que asumirán la defensa de las 71 personas que actualmente se encuentran presas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.
Durante una rueda de prensa, los abogados anunciaron que el CIDE, a través de su programa de Litigio de Interés Público conjuntamente con Alternativa Ciudadana 21, tomarán la defensa de los aún 71 presos en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, acusados de perpetrar la matanza aquel 22 de diciembre de 1997 en Acteal, ya que «todos son inocentes».
Asimismo, se pronunciaron porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de Acteal, que deseche las sentencias de los 71 detenidos, que revise su jurisprudencia en materia de debido proceso y establezca nuevos parámetros de actuación para los jueces penales del país locales y federales para que sucesos como los de Acteal no se vuelvan a repetir.
Alejandro Posadas, lamentó que en nuestro país se tome tan poco en serio el principio de presunción de inocencia y que sean los acusados quienes tengan que demostrar a toda costa que son inocentes.
Además, responsabilizó a la PGR, encabezada por el procurador Jorge Madrazo Cuellar cuando ocurrieron los asesinatos de Acteal, de fabricar pruebas y de inconsistencias en la investigación.
Entre ellas destacó por ejemplo, que la PGR llegó al lugar 48 horas después de la masacre y los cuerpos de las mujeres, niñas y niños, ya estaban apilados. Hubo testimonios de personas que fueron falsos así como inconsistencia en las declaraciones.
En un informe de 1998 el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) señala que «los atacantes persiguieron a las víctimas hasta las cuevas y la cañada en donde estaban huyendo. Los mutilaron con armas blancas y desgarraron los vientres de mujeres embarazadas».
MUJERES DESPLAZADAS
A partir del levantamiento armado, en enero de 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, las comunidades indígenas del estado empezaron a verse amenazadas por la constante presencia de grupos paramilitares que operaban en la región, principalmente en la zona conocida como los Altos y la Selva de Chiapas y que originó la presencia de militares en la zona.
Ello atemorizó a los pobladores de las comunidades de la región, en su mayoría mujeres, niñas y niños, quienes tuvieron que dejar sus comunidades de origen para irse a otras en busca de refugio ante la llamada guerra de baja intensidad, violando con ello sus derechos fundamentales a tener un lugar donde vivir, a transitar libremente y su derecho a la vida.
Las mujeres tienen que enfrentar entre todos sus temores las agresiones físicas y verbales por parte de estos grupos represivos y además, muchas de ellas, enfrentar la viudez que dejan como saldo las agresiones hacia sus comunidades, quedando desposeídas de sus tierras, viudas, violadas y con el reto de sacar adelante a su prole.
El diagnóstico «Situación de las Mujeres Indígenas Desplazadas en Chiapas» realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que en Chiapas viven por lo menos 50 mil mujeres desplazadas por conflictos religiosos, intercomunitarios o los derivados de la lucha zapatista.
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