Los días 28 y 29 de septiembre de 2007, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, organizaciones, comunidades y pueblos de Chiapas, Guerrero, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Morelos, DF, Veracruz y Oaxaca, se reunieron para conocer y analizar el problema del agua en el territorio oaxaqueño y en los distintos lugares del país, con el fin de pronunciarse contra la mercantilización y a favor de su conservación como un bien sagrado.
Asistieron más de 279 personas, hombres y mujeres, pertenecientes a diversos pueblos indígenas, Tzeltales, Zapotecos, Mixes, Chinantecos, Mixtecos y Chontales, así como autoridades agrarias y municipales, preocupadas por la grave problemática que presenta en la actualidad el derecho al agua.
Frente a las e incertidumbre que experimentan nuestros pueblos, dicen las organizaciones a través de un boletín, el agua en nuestros pueblos es un bien sagrado, está presente en la geografía pasada y presente de nuestras comunidades y poblaciones.
El agua, en la mayoría de los casos, se produce y brota en territorios cuya propiedad es colectiva o comunal, es decir, tierras que están en manos y posesión de los indígenas.
Son nuestros propios hermanos y hermanas quienes han hecho del agua y las cuencas, además de un elemento cultural, un aspecto básico para la vida y el desarrollo comunitario.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, la demanda sobre el agua ha crecido y han aumentado también los problemas. El agua ha pasado de ser un bien sagrado para nuestros pueblos a lo que llaman ahora un recurso estratégico para la economía nacional.
Con este razonamiento se han impuesto proyectos de explotación o aprovechamiento de nuestros mantos acuíferos, para beneficiar a empresas nacionales y compañías extranjeras envasadoras de agua o refrescos y maquiladoras.
El estado ha impuesto una serie de trámites burocráticos para concesionar nuestra propia agua a los campesinos que trabajan la tierra. Además, con el pretexto de abastecer de energía eléctrica a las grandes ciudades o centros turísticos, han construido presas y represas que alteran severamente el ciclo del agua y provocan nocivos impactos sociales y ambientales.
La contaminación del agua y su escasez han provocado conflictos en nuestros municipios, sin que las leyes e instituciones existentes, como la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ayuden a solucionar los problemas.
Toda esta dinámica privatizadora del gobierno ha generado conflictos. Algunos ejemplos de estos problemas son: la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad de construir una presa hidroeléctrica en la comunidad Paso de la Reina en la Costa de Oaxaca.
La lucha contra la instalación de medidores en pozos agrícolas de los Valles de Oaxaca. La defensa de los manantiales de agua, que se han secado paulatinamente por la explotación de minerales, en el municipio de Capulalpam de Méndez.
La oferta de hacer pozos profundos en la sierra chontal, proyectos en los que están involucrados Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Compañía Refresquera Coca Cola. Todos estos y otros conflictos nacionales han hecho que nuestros pueblos protesten e inicien procesos de resistencia pacífica.
NOS LEVANTAMOS
Cada una de nuestras comunidades está sufriendo agravios distintos. El gobierno quiere obligarnos a reconocer que el agua es una mercancía. Por ello nos imponen proyectos ajenos a nosotros, sin consulta a las comunidades, y que en nada nos benefician; sólo persiguen favorecer a algunos grandes usuarios, es decir, abastecer en forma desigual de agua y energía a las zonas metropolitanas.
Estos son proyectos impulsados por el Estado y que están ligados a los procesos de globalización económica.
Es por ello que nuestros pueblos se han levantado y comienzan a organizarse para la defensa y cuidado del agua. Nuestros pueblos se movilizan y enfrentan una lucha por la defensa de sus derechos ambientales y territoriales.
Estamos concientes que en la actualidad el agua que podemos consumir se encuentra en grave riesgo de ser privatizada y dejar de ser bien comunitario. Hay una fuerte amenaza de que la propiedad colectiva del agua pase a un régimen privado. Por ello nos levantamos y nos organizamos.
Es evidente que no hay vida ni cultura sin el agua. Es por ello que hemos iniciado una lucha legal, jurídica y política, siempre por la vía pacífica. Hemos conformado organizaciones y redes, como son: Los Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde; Coordinadora Pueblos Unidos en Defensa del Agua en los Valles de Oaxaca; Foro Oaxaqueño del Agua; Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas Chontales, Zapotecos y Mixes de Yautepec.
También, la Coordinadora para la Defensa y Protección de los Recursos Naturales de Tlacolula; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a la Presa la Parota en Guerrero; Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra Juárez; Movimiento Cívico Romitence en Guanajuato; Ciudadanos contra la Contaminación de Los Arroyos de Amatlán de los Reyes Veracruz; Otros Mundos y Compitch en Chiapas, estas entre otras experiencias de lucha.
Es así como hemos hecho alianzas regionales y nacionales; nos hemos organizado también con autoridades comunales y ejidales; hemos establecido relación y contacto con organismos civiles.
Todo esto lo hemos hecho a partir de la preocupación que tenemos respecto al agua.
Pero, esto no es suficiente, hacen falta a nuestros esfuerzos mayor información y difusión de nuestra problemática, hace falta también más información especializada y un conocimiento amplio de las leyes. Así mismo, una unidad en acciones estratégicas que realmente cambien los agravios a la tierra y el agua.
PROPUESTAS DE OSC
Los problemas del agua no son solo un asunto de técnica o ingeniería, son un asunto público y comunitario y tiene que ver con la democracia y el desarrollo local. Es por ello que proponemos que se revise la legislación federal y se elaboren políticas públicas y principios sobre el aprovechamiento y cuidado del agua, dice el comunicado.
Promover una amplia organización regional a través de la unidad, solidaridad y organización de las comunidades para fortalecer la lucha por la tierra y el agua, con base a autodiagnósticos y acuerdos comunitarios de búsqueda de alternativas y soluciones a los problemas del agua.
Es importante preservar el agua como un bien común, esto sólo será posible asegurando el equilibrio natural del agua, destinar el agua al uso social y comunitario, rehabilitar nuestras fuentes de abastecimiento, estas acciones se basan en la idea de que el cuidado y conservación del agua es una responsabilidad compartida.
Hacer caravanas a los puntos donde existen conflictos por el agua. Así como trabajar a todos los niveles y con toda la población, en especial impulsar acciones de difusión y comunicación, utilizando espacios y publicaciones que ya existen, programas de radio y revistas.
Defender y fortalecer nuestros sistemas comunitarios y derechos indígenas. Exigir el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio, retomando los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Además comprometer a las autoridades comunitarias a que realicen reglamentos y políticas públicas de defensa al agua, así como que propongan con el apoyo de expertos en la materia acciones legislativas sobre el agua.
Realizar acciones de capacitación, foros, encuentros regionales, asambleas comunitarias informativas y una reorganización regional a través de consejos que informen, concienticen sobre consumo responsable y que defiendan nuestros recursos naturales. Todo esto asesorado por organizaciones que actualmente trabajan sobre el tema.
En suma proponemos impulsar acciones amplias de concientización personal y colectiva a través de la información, para preservar nuestros propios recursos y para enfrentar por la vía legal la defensa de nuestros recursos naturales.
PRONUNCIAMIENTO
Finalmente, las y los participantes en el Foro La Defensa del Agua en el Territorio Oaxaqueño nos pronunciamos y denunciamos públicamente lo siguiente:
Denunciamos la actitud de los gobiernos federal, estatal y municipal, que a través de normas y políticas privilegian a las grandes empresas, que comercializan el agua en las ciudades y que pueden pagar el consumo de agua, pasando por encima de los derechos y acuerdos de las comunidades.
Denunciamos la actitud irresponsable de dejar el manejo del agua a los grandes capitales y al mercado; mercantilizar el agua es generar una violencia económica contra las comunidades del campo y la ciudad.
Denunciamos que el gobierno federal y sus instituciones que oculten información y mientan a la ciudadanía respecto a proyectos de desarrollo en comunidades ligados al aprovechamiento y explotación del agua.
Denunciamos a las autoridades federales, estatales y municipales que obstaculizan, se oponen, hostigan y reprimen a las organizaciones por la defensa del agua, como son los casos de la Parota en Guerrero, Romita en Guanajuato, y la Coordinadora Pueblos Unidos en Defensa del Agua en San Antonino.
No a la privatización de las tierras que se encuentran en la parte de arriba del libramiento norte en San Felipe del Agua, Oaxaca.
Exigimos el respeto a las comunidades conforme lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Llamamos a los diputados federales a que legislen de frente a los pueblos y las comunidades y a favor de ellos, tomando en cuenta las condiciones geopolíticas diversas del país.
07/GG
