El sexenio de Vicente Fox terminó con el sombrío balance de 29 periodistas asesinados y el estigma del hostigamiento a defensoras y defensores de derechos humanos y la muerte de dos de ellas: Digna Ochoa y Griselda Tirado, «sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estas agresiones o crímenes», dice el informe sobre la situación de los derechos humanos en México entregado por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El documento, entregado en marco de la visita a nuestro país del relator para México de la CIDH, durante una primera reunión de trabajo con OSC, aborda el tema de situación de las y los defensores de derechos humanos en México en el que señala que Felipe Calderón heredó del sexenio anterior un país «más letal» para la prensa y para las defensoras y defensores de derechos humanos de todo el continente americano.
Lo anterior ya que actualmente nuestro México se clasifica en el segundo lugar a nivel mundial donde se comenten agresiones a las y los defensores, tan sólo por detrás de Irak.
Y los 16 casos registrados sobre la situación que vivieron las y los defensores de derechos humanos durante el sexenio de Fox no tienen una fuente concreta debido a que la información es dispersa en relación a ellos, dice el informe.
Entre estos casos está el asesinato de Digna Ochoa y el encarcelamiento de los defensores Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en Guerrero.
También el hostigamiento a la familia de Leonel Rivero, compañero de oficina de Digna Ochoa, el allanamiento de la morada de Eréndira Cruz Villegas en 2004, cuando era directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y el robo de computadoras a la organización Sin Fronteras dedicada a la defensa de los migrantes.
Los estados en donde se presenta en mayor frecuencia agresiones contra defensoras y defensores son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal y Quintana Roo, y la mayoría de los casos que se presentan no son esclarecidos ni sancionados debidamente.
«Los contados mecanismos institucionales de protección establecidos por algunas autoridades han arrojado muy pocos resultados en materia de protección y sanción de los responsables de estos hechos», dice el informe.
Asimismo, tampoco se cuenta con información para detectar otros hostigamientos a defensoras y defensores de derechos humanos en nuestro país, según el informe. Por lo que es necesario llevar a cabo una amplia labor de reconocimiento y estímulo a las y los ciudadanos comprometidos en la defensa y promoción de la vida democrática del país.
El informa explica que las y los defensores viven permanentemente en grave riesgo, particularmente aquellas mujeres que luchan por sus derechos frente a la violencia sistemática de la que son objeto. Lo anterior se ha hecho evidente en los estados de Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal.
Y aunque la actividad de estas y estos defensores está legitimada dentro del derecho internacional, en nuestro país se registran anualmente «decenas casos de hostigamiento en contra de estos activistas» los cuales, como se mencionó anteriormente, no son esclarecidos, ni sancionados.
Por ello, el informe hace una serie de recomendaciones al respecto: que el actual gobierno federal y los locales, que han manifestado un discurso ambiguo con acusaciones y descalificaciones contra las y los defensores, reconozcan, basados en estándares internacionales, el trabajo que estas mujeres y hombres realizan.
Asimismo, dicen el informe es necesario que la CIDH coadyuve a dar fin a los ataques públicos en contra de las y los defensores y a impulsar mecanismos eficaces de atención a estas mujeres y hombres.
Y que el Plan Nacional de Desarrollo contemple como política estratégica la labor de las y los defensores de derechos humanos.
07/HVR/GG
