Al tiempo, exhortaron al presidente de la SCJN, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, para que en la sesión pública de hoy –donde se espera se determine la procedencia o no de los amparos presentados– «invite» al pleno a evitar nombrar a los quejosos por sus nombres.
El Prodh informa que actualmente mantiene abierto «un juicio de garantías ante la justicia federal».
Y señala, «actuamos como representantes legales de una persona en esta situación. En nuestros alegatos en este y otros casos, hemos insistido en que retirar de las fuerzas armadas a los portadores asintomáticos de VIH es violatorio de la garantía de igualdad y no discriminación, del derecho a la salud y del derecho a un empleo estable, puesto que con tal proceder se otorga un tratamiento injustificadamente desigual y desproporcionadamente pernicioso a una condición de salud que no inhabilita para el trabajo».
El Artículo 9° de la Declaración de derechos y humanidad sobre el VIH y Sida establece: «El respeto de la norma de derechos humanos, de que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o legítimas en su vida privada, requiere que no se revele ninguna información personal o médica adquirida por las autoridades públicas o privadas o su personal sin una justificación estricta basada en la ley y en la ética profesional».
Por esto, «resulta preocupante que algunos ministros insistan en abordar el tema desde una óptica estrictamente procesal o desde posturas que enarbolan la defensa de un dudoso e intangible interés público en perjuicio de los más vulnerables», señala el comunicado.
Las organizaciones que firmamos «respaldamos a los ministros y a la ministra que han caracterizado el retiro forzoso de los miembros del Ejército en condición de seropositividad como un acto discriminatorio, al tiempo que exhortamos a quienes aún no fijan postura a hacerlo en este sentido», concluye el comunicado.
07/LGL/CV
