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Demanda AI reponer ya juicio contra Ríos Montt

Por Anaiz Zamora Márquez
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Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala reponer de manera inmediata el juicio que se sigue contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, y además pidió al gobierno guatemalteco no intervenir en el desarrollo del proceso.
 
Frente a la embajada de Guatemala en esta capital, integrantes de AI y de otras organizaciones civiles se manifestaron contra la decisión de la CC de anular la condena de 80 años de prisión contra el ex militar por genocidio y crímenes de lesa humanidad, y demandaron justicia para las víctimas.
 
Al inicio de la manifestación, AI entregó un pronunciamiento al ministro consejero Jorge Alberto Figueroa Salguero, para exponer su preocupación por la decisión de la CC y exigir acciones concretas al gobierno de Guatemala para que esta decisión “no suponga un punto final y realmente se proporcione justicia aquellas personas que han esperado más de 30 años por ella”.
 
AI solicitó a los magistrados de la CC que se reponga el proceso y efectivamente se juzgue de nuevo, además de que el gobierno de Guatemala no interfiera en el juicio y que los militares –que hasta ahora se han negado a colaborar en las investigaciones de los crímenes– participen aportando información.
 
El pasado 20 de mayo la CC ordenó la reposición del juicio contra el ex dictador a partir de la audiencia del pasado 19 de abril (cuando en el juicio aún se desahogaban las pruebas), por lo que dejó sin efecto la condena de 50 años por genocidio y 30 por lesa humanidad dictada por la jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios. 
 
Ayer, tanto Barrios como los otros integrantes del Tribunal que condenó Ríos Montt se excusaron de continuar el juicio bajo el argumento de que ellos ya habían emitido una sentencia condenatoria, por lo que la CC debe nombrar a nuevos jueces que continúen con el proceso como se encontraba antes del 19 de abril. 
 
Entrevistado por Cimacnoticias, el director ejecutivo de AI México, Daniel Zapico Alonso, dijo que la manifestación es para solidarizarse con las y los indígenas ixiles víctimas de las 15 matanzas –en las que murieron mil 771 indígenas– que se le imputan a Ríos Montt, pues han dado una muestra de valentía ante el resto del mundo.
 
Por lo tanto –recalcó– AI condena la decisión de la CC, ya que implica que a las víctimas les sea impedida la reparación del daño y el acceso a la justicia, además de que las coloca en un alto riesgo de sufrir algún atentado o agresión.
 
Recordó que tomó más de 30 años que las víctimas tuvieran la posibilidad de acceder a la justicia, y que volver al juicio implica además revictimizar a las y los testigos.
 
Retomó como ejemplo el caso de las mujeres que fueron violadas y agredidas sexualmente por los militares durante las matanzas y que acudieron a declarar en el décimo día de juicio.
 
“Fueron víctimas de las más graves atrocidades y se atrevieron a contarlo, pero cuando parecía que habían obtenido justicia alguien se las arrebata y deben volver al punto en el que continúan siendo visibilizadas únicamente como mujeres violadas”.
 
Finalmente agregó que la condena del ex militar sienta el precedente tanto a nivel nacional como para el resto de la región, de que dictadores pueden ser juzgados en su propio país por graves violaciones a DH, y recordó que de acuerdo con el derecho internacional los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.
 
Julia Cruz, activista guatemalteca radicada hace más de 30 años en México, dijo a esta agencia que Guatemala podría ser un ejemplo para que nuestro país vuelva eficiente la justicia, y agregó “si este señor cae, caen los demás genocidas de todo el mundo”.
 
La activista relató que la anulación de la condena representa para su propia historia un insulto, toda vez que –durante el tiempo que vivió en su país natal– también fue víctima de violación sexual.
 
Aclaró que el crimen cometido en su contra no fue durante la dictadura de Ríos Montt, pero el hecho de que “compañeras de dolor” puedan acceder a la justicia, implica que la reparación del daño y la indolencia del Estado se podrían acabar para otras víctimas.

“Las mujeres y las indígenas no somos cucarachas, somos seres humanos y también tenemos derecho a la justicia”, puntualizó.  

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