Dejen de ser cómplices de la injusticia e impunidad que han vivido durante cuatro años las niñas que fueron abusadas sexualmente por Carlos González González en el Instituto Marista de San Luis Potosí, exigieron hoy organizaciones de la sociedad civil al Gobernador del estado, al Procurador de Justicia, al Obispo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso estatal.
En conferencia de prensa celebrada en esta ciudad, convocada por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Survivors Network of tose Abused by Priests, SNAP), José Bonilla Sada, abogado de víctimas de abuso sexual; Leticia Valdés, madre de un niño víctima de abuso en una escuela particular de Oaxaca, y la organización Católicas por el Derecho a Decidir cuestionaron la conducta de las autoridades locales respecto al juicio de abuso sexual promovido contra González González, ex director de la primaria Instituto Potosino Marista y hoy administrador en la secundaria de la misma institución.
A mil 400 días de iniciado el proceso penal, en el que han intervenido cuatro Jueces penales, 3 Magistrados y 8 Ministerios Públicos, el presunto abusador está en calidad de procesado y fichado, tiene auto de formal prisión, pero está libre bajo fianza, por lo cual sólo tiene que acudir cada mes al Juzgado IV Penal en La Pila, informaron.
Las OSC hicieron un llamado puntual y enérgico a C. Marcelo de los Santos Fraga, al procurador de Justicia, Francisco Camberos Hernández, al obispo Luis Morales Reyes, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su presidenta Magdalena Vega y al Congreso estatal, para que dejen de ser cómplices de la injusticia e impunidad que han vivido las niñas que fueron abusadas sexualmente por el señor Carlos González González y que goza de libertad.
Aidé García Hernández, representante de Católicas por Derecho a Decidir (CDD), solicitó a las autoridades eclesiásticas, sobre todo al obispo Luis Morales Reyes, retirar de todas sus funciones eclesiásticas y educativas al señor González González.
González es un pederasta protegido, afirmó Leticia Valdés Martel, madre de un niño víctima de abuso sexual en una escuela particular de Oaxaca. Existe, dijo, un círculo de corrupción de los hombres de poder. Y advirtió que una sociedad que no lucha por sus niñas y niños es una sociedad que se ha perdido respeto, por lo que la sociedad potosina no puede cerrar los ojos y evadir la responsabilidad con su infancia.
Por su parte, José Bonilla Sada, abogado y padre de un niño abusado sexualmente hace dos años en el Colegio Oxford de la Ciudad de México, se refirió a los pederastas como personas que niegan que los hechos hayan ocurrido, minimizan el problema, atacan a las víctimas, a los padres de familia; organizan marchas, juntas y envían cartas; controlan los medios de información y controlan a las autoridades políticas y judiciales.
En su pronunciamiento enfatizó que es imposible que el señor Carlos González González se encuentre libre, por lo que solicitó a las autoridades estatales reclasificar los delitos y se comprometió a dar a conocer la situación de las niñas del Instituto Potosino a organizaciones internacionales.
Joaquín Aguilar Méndez, director de SNAP, enfatizó en la necesidad de denunciar los casos y tratar de que se haga justicia en la mayoría de los casos.
08/NJ/GG
