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Demandan se declare inocencia a mujer sentenciada por aborto

Por Lizbeth Ortiz Acevedo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de San Luis Potosí (SLP) realizará este jueves una audiencia para revisar el caso de Hilda, mujer criminalizada por abortar y sentenciada a un año de prisión, ante lo que su defensa confió en que se le exima de toda responsabilidad legal.
 
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización civil que defiende a Hilda, informó que espera que el  juez penal Miguel Ángel Ramiro Díaz dicte una sentencia que declare a la mujer como no responsable del delito de aborto, al no contar con pruebas científicas y suficientes que avalen el crimen.
 
GIRE llamó a los magistrados del TSJ, Zeferino Esquerra, Carlos Alejandro Robledo y María Guadalupe Orozco, a respetar el debido proceso del caso y considerar que la sentencia condenatoria viola la presunción de inocencia de Hilda.
 
Este caso refleja para la agrupación patrones de criminalización en contra de mujeres que ejercen sus derechos reproductivos. Criticó que mujeres jóvenes que van a los hospitales por complicaciones en sus embarazos, sean denunciadas y obligadas a autoincriminarse ante el Ministerio Público por el personal de salud.
 
Las mujeres reciben “trato de delincuentes”, son detenidas, acusadas y sentenciadas sin pruebas suficientes por la “sospecha” de que se provocaron un aborto, agregó GIRE.
 
En SLP el aborto no es considerado un delito cuando el embarazo es producto de una violación sexual, de una inseminación artificial no consentida o si está en riesgo la vida de la madre.
 
Sin embargo, GIRE advirtió que difícilmente las mujeres acceden al aborto legal y seguro, por lo que exigió que se revise la legislación para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal del embarazo.
 
SLP es uno de los 17 estados del país que aprobaron reformas a sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que para GIRE impide y obstaculiza el acceso al aborto legal.
 
Tales contrarreformas se han traducido en la “criminalización de las mujeres”, y en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
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