Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron al gobernador de Chihuahua, César Duarte, restituya inmediatamente la placa colocada en honor a la defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo Ortiz, el pasado 8 de marzo en la banqueta del Palacio de Gobierno, y la cual retiró con el argumento de que dañaba el edificio histórico.
En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (Cedehm), denunció que el gobierno estatal fue «muy rápido y eficaz» para quitar la placa dedicada a Marisela, no así para resolver su asesinato y para que las mujeres puedan acceder a la justicia.
Como parte de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y como un homenaje a Marisela Escobedo, ejecutada por exigir justicia en el asesinato de su hija Rubí Frayre Escobedo, el movimiento de mujeres, feministas y defensoras de DH del estado de Chihuahua colocó una placa y un cirio fabricado con los restos de veladoras que se habían depositado alrededor del Palacio de Gobierno, lugar donde fue asesinada la activista.
La placa decía: «El 16 de diciembre del año 2010 cayó el cuerpo de Marisela Escobedo, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí». Y el 8 de marzo por la noche de manera inexplicable, la placa fue retirada.
Ante ello las OSC exigieron que el gobernador gire instrucciones para que se restituya inmediatamente la placa en el lugar donde fue colocada.
Luz Estela Castro, también representante legal en el caso de Rubí Frayre Escobedo, denunció: «(Las autoridades) señalaron que el Palacio de Gobierno es un edificio histórico que debe ser protegido, pero la placa fue colocada en la banqueta exterior del Palacio y la banqueta no tiene valor histórico ni cultural».
Agregó que con el retiro de la placa «se violentan nuestras tradiciones; colocar cruces, placas, veladoras y flores en el lugar donde cayó el cuerpo de un ser querido que murió de manera violenta, forma parte de nuestra cultura mexicana ancestral».
Y el caso de Marisela Escobedo no merece menos -abundó- sobre todo porque se trata de un asesinato de una madre que exigía justicia; es un caso emblemático, y la molestia tiene que ver en que se le recuerda (al gobierno estatal) la situación de impunidad.
«Al gobierno le interesa mucho más su imagen que encontrar mecanismos para acceder a la justicia, lo que es muy grave en el conflicto armado que estamos viviendo. A la familia, y defensoras nos lastima su actuación, estamos dolidas», reclamó.
Las organizaciones refirieron en comunicado que la colocación de la placa no se contrapone con las normas sobre edificios históricos, toda vez que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue consultado previamente.
«Además de que tampoco daña al inmueble ni la imagen urbana o el paisaje chihuahuense; no se da un uso indebido, no se afecta la responsabilidad del gobierno del estado para proteger el inmueble propiedad de todos los chihuahuenses, mucho menos pone en riesgo la preservación del edificio para las futuras generaciones».
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