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Demandan tipificar como delito explotación laboral infantil

Por María de la Luz González

Especialistas en el tema de trabajo infantil demandaron tipificar como delito la explotación de menores en este ámbito, y pidieron al gobierno federal tomar medidas efectivas para hacer cumplir la prohibición de contratar a menores de 16 años que establece la Ley Federal del Trabajo.

Las propuestas se plantearon durante del foro internacional “Dignidad sin pérdida. Estrategias educativas y sociales para la niñez jornalera agrícola migrante”, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de Educación Pública y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los participantes en la mesa de trabajo “Erradicación del trabajo infantil”, en la que no ningún representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuestionaron la ausencia de políticas públicas para proteger a los menores de la explotación laboral en los campos agrícolas del país.

Los ponentes, entre ellos representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de centrales sindicales, criticaron la ausencia de inspección por parte de la STPS en los campos agrícolas, que permite la presencia de cientos de miles de menores subcontratados y cubriendo extensas jornadas laborales.

Coincidieron en que ni el gobierno federal ni las autoridades de los estados han tomado medidas para evitar la subcontratación de menores que, desde los cinco años, ayudan a sus padres jornaleros y viven en los campos en condiciones de hacinamiento, que ponen en peligro su salud y los excluyen del sistema educativo.

Cifras de UNICEF México revelan que más de un millón de niños menores de 15 años están fuera del sistema escolar, y una parte importante de ellos son hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

La atención educativa a estos menores es complicada debido a que la existencia de escuelas en los campos agrícolas depende de la voluntad de los dueños, y, cuando las hay, la asistencia de las niñas y niños está condicionada a la autorización de sus padres, quienes requieren de su trabajo para completar el ingreso familiar.

La permanencia de los menores en el sistema educativo también se ve afectada por los recursos que la Federación y los estados asignan o dejan de asignar para atenderlos, así como de que permanezcan en los campos el tiempo suficiente para concluir los ciclos escolares.

Las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes tampoco tienen acceso a los servicios de salud, ya que son muy pocos los campos que cuentan con un consultorio y, generalmente, la atención médica, debe pagarse con los exiguos ingresos de los padres, menores al salario mínimo.

Los menores están expuestos a los efectos de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes; son obligados a trabajar en muchas ocasiones bajo la lluvia o entre el lodo, circunstancias que repercuten tanto en su salud como en su salud como en su desarrollo individual y social, advirtieron los especialistas.

Por ello, urgieron al gobierno federal y a los de los estados a realizar un diagnóstico para conocer la magnitud del problema, identificar las peores formas de trabajo y explotación infantil en cada región y promover las reformas legislativas necesarias para tipificarlos como delito.

06/LG/LR

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