El secretario general del Foro Laboral del Obrero Campesino (FLOC), Baldemar Velásquez, denunció el pasado 3 de mayo la impunidad del gobierno de Nuevo León en el caso del asesinato, ocurrido el 9 de abril, de Santiago Rafael Cruz, sindicalista agrario y encargado de la oficina en Monterrey de la FLOC, pues hasta ahora el Procurador de Justicia del estado no ha abierto una línea de investigación para averiguar el «móvil político-económico detrás del asesinato».
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 3 de mayo en las instalaciones de la organización Sin Fronteras, la FLOC consideró urgente que a los miembros de la organización en el estado de Monterrey le sean otorgadas todas las medidas de seguridad necesaria y que la oficina sea fortalecida contra cualquier ataque a futuro, porque la FLOC ha recibido recientemente fuertes amenazas vía telefónica.
El pasado 23 de abril, después del asesinato del sindicalista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó las medidas cautelares y solicitó al gobierno mexicano que adopte las acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad física del personal del FLOC en México.
Lo que el FLOC exige al Gobierno y al Procurador General de Justicia de Nuevo León es una averiguación previa formal, en tiempo, honesta y sistemática del caso de Santiago Rafael Cruz, un procesamiento y castigo justos para los culpables, así como una compensación para la familia del sindicalista.
De igual manera solicitan medidas de no repetición para asegurar que el FLOC y las y los defensores de los derechos humanos laborales no sean sujetos de intimidación política y económicamente motivada.
El FLOC cree que el asesinato fue un ataque político contra el sindicato, ya que 2004 ganó un histórico convenio con la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte para representar a 8 mil trabajadores agrícolas que viajan cada año desde México a este estado norteamericano con visas H2-A de trabajador huésped.
Dicho convenio eliminó la corrupción del sistema de reclutamiento de estos trabajadores en México, poniendo en riesgo los intereses económicos de los contratistas en áreas rurales, quienes abusaban de las y los trabajadores cobrándoles miles de dólares para encontrarles empleo en Estados Unidos sin que tuvieran en ocasiones resultado alguno.
El homicidio del compañero no intimidará al FLOC para que abandone sus operaciones en México, pero si reforzará la seguridad de su oficina en Monterrey para seguir con sus labores de protección de los derechos humanos y de justicia para todas las y los trabajadores agrícolas.
Se ha armado una campaña internacional de solidaridad con el FLOC, que contempla peticiones al gobierno de Nuevo León, a congresistas estadounidenses, sindicatos internacionales y al gobierno de Estados Unidos para lograr justicia en este caso.
En la rueda de prensa, Alejandra Anchieta, coordinadora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC), dijo que el caso de Santiago está mostrando que no hay mecanismos suficientes para que las y los trabajadores y las y los defensores que están apoyándoles conozcan sus derechos y viajen de la mejor manera posible para cumplir con su trabajo.
«El caso representa la omisión del gobierno mexicano, la FLOC está realizando tareas que le corresponde al Estado por ley, para velar la contratación de las y los trabajadores migratorios», dijo Fabienne Venet, directora ejecutiva de Sin Fronteras.
07/AL y HV/GG
