Organizaciones que integran la Demanda por la Transparencia y la Rendición de Cuentas exigieron a las autoridades, a través de un oficio, el cumplimiento, en tiempo y forma, de sus responsabilidades en los juicios que se siguen en contra de Pro Vida, pues existen irregularidades en el caso.
Las asociaciones civiles que firmaron la carta de denuncia son: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Letra S, Salud, Sexualidad y Sida, y Salud Integral para la Mujer, reprodujo Notiese.
De acuerdo con un desplegado firmado por los organismos citados se reclamó al Ministerio Público Federal una adecuada y pronta investigación en la averiguación previa número 3905/DDF/2004; así como el cumplimiento de las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Martha Juárez, representante del área de Enlace Interinstitucional de GIRE, dijo a NotieSe que las diferentes sanciones levantadas a Pro Vida «se están durmiendo. Nos hemos metido a las páginas electrónicas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura Federal y hemos detectado que hay una violación grave de muchos procesos».
Cabe destacar que el Comité Nacional Pro Vida fue multado por malversar recursos públicos por más de 27 millones de pesos en 2003.
El dinero, etiquetado por la Cámara de Diputados para la prevención y control de la epidemia del VIH/sida, fue gastado por Pro Vida en tangas, plumas de lujo y compra de equipos médicos sobrevaluados y duplicados.
La Secretaría de la Función Pública le fijó una multa por 13 millones 237 mil 377 pesos e inhabilitó al líder de la organización de ultraderecha, Jorge Serrano Limón, por 15 años para fungir como servidor público.
La Secretaría de Salud y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública demandaron la devolución de los 27 millones de pesos malgastados.
Además, la Auditoria Superior de la Federación y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron denuncias penales en contra de dicha institución por el desvío de más de 37 millones de pesos provenientes de dinero otorgado no sólo del presupuesto público 2003, sino por medio de otro contrato firmado en 2004; sin embargo, hasta ahora la multa no ha sido pagada, los recursos desviados no han sido devueltos y los procesos judiciales se han demorado.
Martha Juárez aseguró que GIRE y las demás instituciones demandantes seguirán con el monitoreo de las dependencias encargadas del caso.
Sostuvo que van a estar al pendiente de los cinco o seis juicios correspondientes, y esperan la respuesta de las autoridades en dos o tres semanas.
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