Luego del desalojo que hicieron policías estatales y federales de las y los habitantes de diversos poblados que mantenían desde hace mes y medio las instalaciones de la mina La Trinidad, en San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, los nervios siguen y la sensación del uso excesivo de violencia.
En espera de que se hiciera efectiva la liberación del total de los 23 manifestantes detenidos durante el desalojo del miércoles 6, entre ellos Agripina Vásquez Sánchez y Carmela González, el integrante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), Cástulo López, reitera que sí hubo uso excesivo de la violencia contra los manifestantes por parte de los policías.
López de la CODEP, una de las organizaciones que respaldan a los habitantes de San José, quienes se oponen a que la empresa Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la Compañía Canadiense Fortuna Silver Mines ltd, siga operando pues aseguran les quita el agua o la contamina, hace un breve recuento de los hechos.
Contamos unos 200 convoyes, dice sin terminar de entender por qué del uso de «tanta fuerza pública» cuando se trataba de gente no tenía nada para defenderse. Sin embargo, Revolucionemos Oaxaca, medio alternativo, reporta que fueron 40 patrullas, un helicóptero y mil 500 elementos policiacos los responsables de desalojar a poco más de 40 habitantes de comunidades de Ocotlán e integrantes de la CODEP, «quienes se replegaron a la población de Magdalena Ocotlán.
Sin precisar si eran mayoría o no el número de mujeres, el integrante de CODEP sostiene que los elementos policiacos violentaron los derechos humanos de «personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños y jóvenes, todos hicieron frente a la policía que nunca se detuvo… al menos dos compañeros fueron golpeados y resultaron con lesiones graves». El reporte policiaco fue de un elemento herido.
Hoy, añade, la prioridad es que todos estén libres todos los detenidos cuyo su delito es reclamar que no se haga mal uso de sus bienes comunitarios concesionados por el Gobierno Federal –durante 25 años- a las empresas canadienses, una de las 16 empresas mineras que pretenden instalarse en el territorio del distrito de Ocotlán, aún considerado dentro de la región central de la entidad y la entrada a la sierra sur.
La negociación es encabezada por una comisión política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes de manera inmediata obtuvieron la liberación de 14 manifestantes «que no estaban armados», en tanto la tarde del jueves serían otros cinco y finalmente cuatro más, entre ellos Agripina Vásquez y Carmela González, así como dos menores de edad.
Cástulo López sostuvo que aunque la prioridad es la libertad de los detenidos, sería deseable que las empresas concesionadas se abstuvieran de desarrollar sus proyectos, que nunca fueron consultados a los pueblos y que carecen de una investigación real sobre los daños ambientales que genera la explotación de la mina de donde extraen oro y plata.
Sin embargo, apuntó que seguramente los habitantes de las poblaciones ocotecas definirán su dinámica de resistencia ante el atropello de las autoridades federales que han concesionado sus recursos, ocasionando severos daños ambientales, pese a la negativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), quien emitió una acción urgente por el violento desalojo, «los agentes policiacos allanaron las casas de los pobladores participantes en el plantón tanto de San José El Progreso como de Magdalena Ocotlán, y temen que suceda lo mismo en casas de las personas que apoyaban el plantón en las poblaciones aledañas».
«Primero se fueron a la comunidad de San José del Progreso, entraron casa por casa, se estuvieron robando todo. De ahí entraron a la comunidad de Magdalena Ocotlán, donde hay más de 100 compañeros, están cateando casa por casa, golpeando a los niños, a las señoras…»
La LIMEDDH, en su recuento señala que el pasado 17 de marzo, con la presencia del Notario Público No. 98, los pobladores de San José el Progreso y Magdalena Ocotlán, agrupados en la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, bloquearon la mina para demandar a la Semarnat la cancelación inmediata de la concesión por provocar daños ambientales, así como contaminar los ríos y mantos freáticos con mercurio, cobre, cianuro y arsénico que se utilizan en la extracción de minerales. Además, han resentido el efecto de las detonaciones de explosivos que han cuarteado sus casas.
La trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines, inició los trabajos del «Proyecto San José» en el año 2007, tiene planeado obtener 50 millones de onzas de oro y plata, lo que representa unos 12 mil millones de pesos, sin embargo, los habitantes de la zona se oponen debido a los efectos provocados por la contaminación ambiental y los posibles daños a su salud, sostiene LIMEDDH.
El mismo organismo apunta que los pobladores han denunciado la falta de respuesta por parte de las instituciones responsables del gobierno Federal, así como actos represivos de los operadores de la empresa y autoridades del Municipio en contra de los líderes de este movimiento, además de actos de corrupción como la «compra» de autoridades de varias comunidades, a quienes se amenaza con cancelarles los recursos del ramo 28, si exigen el retiro de las empresas mineras.
Por otra parte, el Colectivo Huaxyacac condenó el uso de la violencia institucional contra los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, en un manifiesto distribuido este jueves, las organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron contra las modificaciones y cambios a la legislación mexicana que desde hace más de una década abrieron el camino para que las empresas trasnacionales aplasten brutalmente a las comunidades, en donde la minería extractiva es uno de los ejemplos más crueles.
Las más de 20 organizaciones exigieron la suspensión inmediata de las concesiones de exploración otorgadas a Fortuna Silver Mines ltd, así como los otras concesiones de este tipo en las comunidades de la zona en Santa Catarina Minas, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, La Garzona, Praxedis de Guerrero y San Jacinto Ocotlán, así como en todo Oaxaca, que el gobernó federal otorgó «que bajo la máscara del desarrollo, pretenden apoderarse de la riqueza de nuestros pueblos».
Cabe señalar que el mes abril, durante el Foro Nacional «Tejiendo la Resistencia por la defensa de nuestros territorios», se dio a conocer que la Secretaría de Economía Federal ha autorizado en Oaxaca concesiones mineras al menos a 10 empresas distintas, entre canadienses y mexicanas. Tan sólo en 2006 y 2007 se autorizaron más de 80 concesiones en Oaxaca, las cuales ya han comenzado a realizar trabajo de exploración.
09/SJ/GG
