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Derechos de víctimas, primordiales en ley contra trata

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La iniciativa de Ley General para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, que se prevé se discuta la próxima semana en la Cámara de Diputados, debe proteger la identidad de las víctimas, sancionar el delito con penas de hasta 50 años de prisión y garantizar la reintegración social de las sobrevivientes de este crimen.

Lo anterior lo informó a Cimacnoticias Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), quien indicó que la legislación debe centrarse en las necesidades de las víctimas y la restitución de sus derechos.

A nivel mundial, cada año más de dos millones de personas son captadas con fines de trata, mientras que en México, según cifras oficiales, se calcula que alrededor de 16 mil niñas y niños son esclavizados para explotación sexual.

En este escenario, la especialista informó que se necesita una legislación general que establezca las obligaciones de los diferentes niveles de gobierno para prevenir, combatir y sancionar este crimen, que debe considerarse como un delito grave.

Con el decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, que ayer avaló el Senado, será posible discutir y aprobar una ley general en la materia, en la que actualmente trabaja la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, dijo la directora regional de CATWLAC.

Ahora, toca defender en la Cámara de Diputados que queden los “elementos mínimos” para que se pueda combatir este delito.

Entre estos elementos está la protección de la identidad de las víctimas, quienes deben tener un periodo de espera antes de iniciar el proceso penal para que puedan estabilizarse “porque en muchos casos es tan grande el daño que sufren, que se tardan en verbalizar todo lo que vivieron”. La protección también debe ser para las y los testigos.

Otro elemento que debe quedar en la ley general es la consideración de la trata de personas como un delito grave, que “forzosamente debe castigarse con cárcel”. La activista señala que la pena debe ser de hasta 50 años de prisión.

Además de la sanción para quienes explotan sexual o laboralmente a mujeres, niñas y niños, debe sancionarse a quienes demanden los servicios de las víctimas de trata.

La ley, dijo, también debe establecer la competencia de los distintos niveles de gobierno para la prevención del delito y en la detección y protección de emergencia para las víctimas.

De igual modo, los estados deben tener modelos y protocolos para atender a las víctimas hasta su total recuperación, de modo que recuperen su proyecto de vida y se reintegren a la sociedad.

En la legislación, dijo, debe quedar la prohibición de repatriar o regresar a sus comunidades a las víctimas hasta que se verifique que no está en riesgo su vida en sus lugares de origen.

Incluso como parte de la protección debe considerarse si se requiere cambiar de identidad y reubicarlas en territorio nacional o el extranjero cuando sean víctimas de la delincuencia organizada.

La ley debe poner en el centro a las víctimas y sus necesidades, así como la restitución de sus derechos y no ver a la trata como un crimen más. “Las víctimas deben sentir confianza para hacer la denuncia”, acotó.

Por otra parte, es necesario que se establezcan sanciones a los medios de comunicación electrónicos e impresos que publiquen anuncios de servicios sexuales, ya que es una forma de promover este delito.

La discusión de una ley general para combatir la trata de personas es un paso importante, ya que sin regulación “vamos a seguir igual, con funcionarios pocos sensibles ante la problemática y servicios no especializados para este tipo de víctimas de violencia extrema”, advirtió.

Por último, Teresa Ulloa manifestó que una ley general “cruzada transversalmente por la perspectiva de género y de Derechos Humanos”, ayudará a “transformar esa visión social que cosifica los cuerpos de las mujeres, niñas y niños”.

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