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Derechos sexuales y reproductivos, lo que se discute en Uruguay

Por Isabel Villar

El proyecto de ley que está a discusión del Senado no es igual a una “ley de aborto”. Pone a cargo del Estado el impulso a políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva y de los derechos sexuales, y a la disminución de la morbimortalidad materna.

También obliga al Estado a brindar educación sexual, garantizar el acceso a servicios de planificación familiar, capacitar a todo el personal de la salud en estos temas, permitir que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad, adoptando decisiones relativas a reproducción sin coerción, discriminación ni violencia, difunde el portal Mujereshoy.

Además, prevé un marco de información y orientación profesional para las mujeres que expresen su voluntad de interrumpir voluntariamente su embarazo, incluyendo posibilidades de adopción y programas de apoyo económico y médico a la maternidad.

Como último recurso, cuando han fallado todos los demás, habilita el aborto como acto médico no lucrativo en supuestos específicos, fuera de los cuales su práctica seguirá siendo delito.

Las demás medidas apuntan justamente a prevenir el aborto hasta donde sea posible. Si de todas maneras se va a practicar, asegura un marco sanitario adecuado para evitar males mayores.

Hoy en el país se practican por lo menos 33 mil abortos al año, y nada ni nadie puede –ni aparentemente lo intenta– evitarlo. El único camino alguna vez ensayado fue la represión, por ejemplo clausurando clínicas donde se practican abortos por acción concertada entre los ministerios de Salud e Interior. Los resultados fueron elocuentes: aumentaron los riesgos y los precios, pero abortos se siguen haciendo.

EN QUE ESTA EL PROYECTO

El 13 de abril el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva no fue rechazado por el plenario del Senado, ni se resolvió “enterrarlo” por esta legislatura, al menos mediante el recurso de devolverlo a su Comisión de Salud.

Al parecer, para que prosperara lo primero no estaban los votos, y lo segundo suponía altos costos con una sociedad civil tan organizada que amplificó el debate a niveles hasta entonces desconocidos, y luego se instaló a las puertas del Palacio Legislativo para evaluar in situ la voluntad política de sus representantes.

La Cámara alta levantó la sesión en estricto horario, y se tomó un respiro hasta el día siguiente. Los actores políticos no desaprovecharon el tiempo.

Comenzaron los conciliábulos entre bancadas, y para el miércoles 16 ya se manejaba una posible salida: que decida la ciudadanía. No obstante, se escucharon cinco intervenciones favorables a la ley, y cuando dieron las 20 horas se postergó el debate hasta el 4 de mayo con intención de agotarlo, según anunció Luis Hierro López, presidente del cuerpo.

Para entonces, el senador Alejandro Atchugarry, del oficialista Partido Colorado, ya había propuesto a la bancada del Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría (la oposición), la vía de la reforma constitucional. La fuerza de izquierda condicionó su respuesta a la existencia de un texto concreto y a lo que resolviera su cúpula política.

¿Por qué Atchugarry adoptó actitud tan comedida? En 1994, el entonces diputado había avalado con su firma un proyecto de ley, que fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Cámara baja, muy similar –en lo que a desincriminación del aborto refiere– al que actualmente se discute. Un antecedente de peso para contar ahora con su apoyo, cosa que dejó suponer hasta poco antes que el proyecto llegara al Senado, cuando anunció su intención de votar en contra.

¿Qué motivó este cambio? Puede especularse que, habiendo fallado como presidenciable, ahora se siente obligado a no crear problemas otra vez a su partido… El presidente Jorge Batlle –-fiel al difundido compromiso preelectoral con la Unión Cívica, y al probablemente aún más fuerte con el Papa Pablo VI-– acababa de reiterar que, si resultaba aprobada, vetaría la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

QUE LA CIUDADANIA DECIDA

¿Cómo podría concretarse una consulta a la ciudadanía? Otro colorado, el senador Rubén Correa Freitas, quedó encargado de estudiar opciones y elaborar un texto. Aunque no reveló su contenido, ya adelantó que tiene por lo menos cinco alternativas.

Para empezar, está el frecuentado referéndum previsto en el segundo párrafo del artículo 79, que requiere que el proyecto de ley se apruebe, que el Ejecutivo no lo vete, y que el 25 por ciento de los habilitados para votar interponga el recurso dentro del primer año de vigencia.

Por ahora, se cuenta con los votos afirmativos de todos los senadores del Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría (a excepción del de Eleuterio Fernández Huidobro), y del legislador colorado Julio Herrera. No alcanzan, pero si algunos más revirtieran su posición contraria, aunque sea para habilitar la consulta a la ciudadanía, el 4 de mayo podría haber ley aprobada. Claro que también haría falta que el presidente Batlle no la vetara.

Si lo que propone Atchugarry es una reforma constitucional, los caminos son otros. Uno es el previsto en el artículo 331, inciso D, de la Constitución, que requiere un texto (norma) a adicionar a la carta magna, aprobado dentro de un mismo periodo legislativo por dos tercios del total de integrantes de cada una de las cámaras (Diputados y Senado), que no podrá ser vetado por el Ejecutivo y también indicará la fecha en que será sometido a la consideración ciudadana.

Si resultara aprobado por mayoría de votos emitidos, debería ser promulgado por el presidente de la Asamblea General para entrar en vigencia.

Otras opciones son la iniciativa popular (inciso A del mismo artículo), la iniciativa legislativa (inciso B), y la engorrosa convocatoria a una Convención Nacional Constituyente (inciso C).

Dando muestras de creatividad, algunos legisladores han sugerido reformar primero la Constitución para introducir el plebiscito consultivo, que permitiría someter a decisión de la ciudadanía hasta un proyecto de ley, estado en el que aún se encuentra el de Defensa de la Salud Reproductiva.

En este caso, aplicando el procedimiento del 331, inciso D, habría que proponer la creación del recurso, y si lo aprueba la ciudadanía, consultarla otra vez respecto de la salud reproductiva. Un proceso que podría llevar años.

ABORTO SI, ABORTO NO: UN FALSO DILEMA

Las organizaciones feministas y de mujeres, con los apoyos que han ido sumando –entre otros, de la Universidad de la República, el PIT-CNT, la FEUU, corporaciones médicas (como el Sindicato Médico del Uruguay), organizaciones de derechos humanos, iglesias como la Valdense y la Metodista (que a su vez se declaran coincidentes con las posiciones de la Iglesia Luterana y la Evangélica del Río de la Plata), Católicas por el Derecho a Decidir, el Consejo de Estudios y Difusión de las Culturas y Religiones Africanas y Amerindias (umbandistas)– tienen una larga historia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y saben claramente lo que las mujeres necesitan.

Una opinión aproximada de la sociedad civil no organizada es la que revelan las encuestas de opinión.

En diciembre de 2002, cuando la iniciativa de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva se estaba discutiendo en La Cámara De Diputados, la Encuesta Nacional de Factun reveló que el 58 por ciento de la población apoyaba la despenalización del aborto en las 12 primeras semanas de la gestación, y la aprobación era aún más amplia respecto de los demás aspectos de la salud reproductiva que contempla.

El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que asigna responsabilidades y gradúa recursos para las mujeres, obviamente no puede incorporarse en toda su extensión a la Constitución.

A lo sumo se adicionaría un artículo, que algunos están suponiendo de contenido similar al 4to. de la iniciativa, que a la letra dice: “Toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez, en las condiciones que establece la presente ley”.

O lo que es peor: se reiteraría la ley vigente, como si no hubieran pasado 66 años, tiempo más que suficiente para demostrar que no sirve.

Cualquiera de los dos supuestos echa por tierra los verdaderos objetivos de las mujeres organizadas, que pasan por proteger realmente la salud reproductiva de toda la población, lo que excede con mucho la mera despenalización del aborto.

La experiencia internacional muestra reiteradamente que la incidencia del aborto ha disminuido en aquellos países que, al tiempo de legalizarlo, implementaron una serie de medidas eficaces para prevenirlo. Y menos de eso no se acepta.

Si el Senado se pronuncia, porque es su hora de hacerlo, y rechaza el proyecto de ley, quedará en evidencia la voluntad política de los representantes en los que la sociedad ha delegado el poder de legislar para el bienestar general. Si lo aprueba y el Ejecutivo veta, quedará en evidencia también la responsabilidad del presidente de todas las uruguayas y uruguayos.

RIESGOS REALES Y ESPECULACIONES

Ya adelantamos las posibles motivaciones del senador Atchugarry para cargar con la tarea de impulsar una salida por la vía de la reforma constitucional. El Partido Nacional se mantiene anclado en su fuerte tradición católica conservadora, y por lo tanto al margen de cualquier acción que facilite la despenalización del aborto, venga de donde venga. Incluso al precio de no escuchar al porcentaje de sus votantes que piensa diferente.

El Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría parece que ve con buenos ojos la propuesta de Atchugarry. Cabe preguntarse por qué.

Sin duda resulta difícil a una fuerza de izquierda oponer resistencia a una consulta popular, siendo que no sólo la ha promovido asiduamente desde la oposición sino que su candidato presidencial, el doctor Tabaré Vázquez, la anunció como integrante de su estilo de gestión si accede al gobierno.

El problema es que la que ahora se analiza puede tener consecuencias no queridas, como la de reducir la defensa de la salud reproductiva a la confrontación “aborto sí, aborto no”, que es la utilizada para desacreditar por quienes se oponen tajantemente al proyecto en discusión.

Esa confrontación no expresa un debate real. Nadie defiende el aborto como opción querida, lo que se defiende es que en caso de necesidad las mujeres puedan recurrir sin riesgos a su práctica.

Sería lamentable que en la búsqueda de una salida más o menos consensuada, naufragaran los objetivos principales de una lucha de años, cuya urgencia se mide en salud y hasta en vidas de las mujeres más vulnerables socioeconómicamente hablando.

Y aún hay más. Cualquier propuesta de reforma constitucional debe establecer desde ya la fecha de la consulta popular, que caería en el primer año de gestión del próximo gobierno que, se presume, será del Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría.

En el 2005 se estará en plena discusión de la planificación quinquenal, del presupuesto, de la negociación salarial. Parece muy mal momento para introducir una reforma constitucional de esta naturaleza.

Y la última: ¿mide el Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría las consecuencias para su futura gestión de la sugerida consagración constitucional del plebiscito consultivo?

Si este se incorporara a la carta magna con carácter general –y no reducido en sus efectos a la salud reproductiva– cualquier propuesta podría ser paralizada por la oposición haciendo uso del inédito instituto, con lo que se produciría un real bloqueo que le dificultaría en grado sumo gobernar. ¿Justifica tantos riesgos el cálculo electoral?

Al fin lo que sin duda es el punto álgido de la discusión, el aborto, es una conducta archiconsentida por la sociedad uruguaya, lo que hace pensar que tal vez se esté sobrevalorando el peso en la cosecha de votos de un sinceramiento a su respecto.

* Periodista de La República de las Mujeres de Uruguay

2004/BJ/SM

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