Los derechos sexuales y reproductivos no han sido abordados seriamente por los partidos políticos en el actual proceso electoral guatemalteco, que culminará este 6 de noviembre cuando la ciudadanía acuda a votar entre los dos partidos –Líder y Patriota– que lograron mayor número de votos en la primera vuelta electoral.
Asimismo, la problemática de la violencia contra las mujeres que también limita el ejercicio de esos derechos sobre todo para las de las zonas rurales, tampoco ha merecido especial atención en las múltiples actividades de la campaña política.
Son temas que se evaden y ante los cuales la mayoría de dirigentes políticos ha mostrado posturas fundamentalistas y desconocimiento de la realidad de las necesidades y demandas de las mujeres.
Un primer signo de preocupación fue el discurso predominante en el foro Vida y Salud, organizado por la Conferencia Episcopal, cuando la mayoría de candidatos y candidatas expresó una conveniente afinidad con las posturas más recalcitrantes de la Iglesia católica, y manifestó su desacuerdo con incorporar la educación sexual en el sistema educativo y con facilitar el acceso a métodos de planificación familiar.
Ambos aspectos claves para la reducción de la muerte materna y los embarazos adolescentes, cuyas cifras en Guatemala son de las más altas cuando se compara con otros países de la región, como fue reiterado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el informe Estado de la Población Mundial 2011 presentado recientemente en la capital guatemalteca.
Otro aspecto que llama la atención es que la mayoría de propuestas electorales ubica a la familia como el centro de los programas sociales que, de llegar al gobierno, cada partido impulsaría.
Sin embargo poco se menciona acerca de la diversidad de familias y de las jerarquías en su interior, que reproducen la situación subordinada de las mujeres y que las expone a embarazos no deseados al no poder decidir libremente sobre su sexualidad como evidencia.
DÉBILES RESPUESTAS
Durante el proceso electoral la sociedad civil realizó, tanto en la capital como en los departamentos –sobre todo aquellos de mayoría indígena y con mayores índices de mortalidad materna– actividades para conocer cómo atenderían los partidos políticos y comités cívicos que aspiran al Congreso y las alcaldías las problemáticas relacionadas a la salud sexual y reproductiva.
Pueden mencionarse, entre otras, los foros organizados por Incide Joven, la Coordinadora 28 de Mayo, y la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Alianmisar).
Integrantes de Alianmisar en Quiché, Quetzaltenango y San Marcos evidenciaron la indiferencia de la mayoría de aspirantes a cargos de elección popular a estas demandas.
«A partir de estas iniciativas se dieron a conocer las diversas problemáticas sobre este tema como su impacto en la sociedad. A partir de ahí, algunos candidatos políticos comenzaron a mencionar el tema en conversaciones o discursos. Y hasta firmaron cartas de compromiso», señaló Gricelda Lorenzo.
«Dentro de estos diálogos también se llamó a la reflexión sobre la necesidad de crear un seguro de salud para la mujer, que debe despertar el interés a las futuras autoridades, ya que con personas saludables se evidenciará el desarrollo en los diferentes campos», indicó Marioli Racancoj.
Pese a estos esfuerzos, fue recurrente que «sus discursos se enfocaran en temas de obras de infraestructura, seguridad y empleo», relegando las demandas de las mujeres, resaltó Yadira Cotí.
COMPROMISOS DE ÚLTIMA HORA
Aunque fueron convocados desde la primera vuelta por la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, instancia que reúne a varias organizaciones de mujeres, fue a tan sólo dos semanas de que se realice la segunda vuelta electoral que los dos binomios presidenciables de los partidos Líder y Patriota, firmaron un documento que los obligaría a cumplir desde el Ejecutivo y el Legislativo, con una serie de compromisos relacionados con los derechos de las mujeres.
Entre éstos destacan los puntos 6, 13 y 14 de la mencionada Agenda, donde se establece que el Estado debe destinar los recursos necesarios que garanticen la aplicación de los mecanismos, herramientas y procedimientos establecidos en las leyes de Desarrollo Social y de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y la Ley para la Maternidad Saludable. Así como la disminución de la mortalidad materna para cumplir con la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
También se comprometieron a institucionalizar la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) en su calidad de ente rector de políticas públicas a favor de las mujeres.
«Este es el mecanismo más viable para operativizar los derechos sexuales y reproductivos, porque Seprem es la responsable de promover la Política y Plan Nacional de Desarrollo de las Mujeres, que contempla el eje de salud y educación», según Evelyn Morales de la Organización de Mujeres Tierra Viva.
«Lograr estos compromisos por parte de los presidenciables ha permitido importantes avances, como la aprobación de leyes y reglamentos que ahora ya reconocen aspectos vinculantes a los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual. Forma parte de un proceso iniciado en 1999 que nos lleva a negociar con los equipos asesores de cada presidenciable, hacer auditoría social y acuerdos políticos durante los procesos electorales», afirmó Consuelo Esquivel de la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz (Remupaz).
Junto a estos compromisos, también se abordaron asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres, condicionante que ha marcado un fuerte retroceso en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunado a las ideas conservadoras que siguen considerándolas objeto de atención sólo por su capacidad reproductiva.
Falta mucho por hacer, mientras las organizaciones de mujeres seguirán exigiendo a los partidos políticos que consideren los derechos sexuales y reproductivos como una demanda ciudadana, tan válida como la generación de empleo o la construcción de infraestructura.
*Corresponsal en Guatemala.
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