Desacata Veracruz orden judicial para atender AVG en la entidad

El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, podrían ser destituidos de sus cargos por desacatar una orden del Poder Judicial de la Federación (PJF) para detener la violencia feminicida que azota a la entidad.
 
El pasado 21 de octubre, el Juzgado Quinto de Distrito del estado de Veracruz dio un plazo de tres días a ambos funcionarios, para que respondan a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz, presentada hace seis meses por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales.
 
Y es que ante la falta de respuesta de la Secretaría de Gobierno a su petición, el Instituto Municipal de las Mujeres acudió en su momento ante la justicia federal para interponer un juicio de amparo por la inacción de las autoridades ante el clima de violencia y recrudecimiento del feminicidio en el estado de Veracruz.
 
La solicitud fue respaldada por el Movimiento Amplio de Mujeres de la zona Veracruz-Boca del Río, así como por la Red Cívica de Mujeres.
 
Incluso –ante la omisión del gobierno veracruzano– organizaciones civiles presentaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud de AVG para la entidad desde hace varias semanas.
 
Así, en respuesta al juicio de amparo indirecto número 622/2015–II concedido a Gamboa Torales, el Juzgado Quinto de Distrito estableció: “requiérase a la autoridad responsable, secretario de Gobierno del estado de Veracruz (…) para que en el término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado en este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de 100 a mil días de salario mínimo (…) y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y ser consignado ante la autoridad competente”.
 
La sentencia de juicio de amparo indirecto requiere de la misma forma y en los mismos términos al gobernador Javier Duarte “para que dé puntual respuesta a la solicitud enviada por el Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río”.
 
La solicitud de AVG presentada por el Instituto Municipal se basa en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual señala que, presentada la petición de alerta, se deberá convocar a una sesión extraordinaria del Sistema Estatal a fin de resolver la aceptación o no de la solicitud en un plazo no mayor de cinco días hábiles; con la obligación de informar a la persona solicitante sobre esta resolución en un término que no excederá de tres días hábiles.
 
El numeral 66 del mismo reglamento estipula que la declaratoria de AVG será emitida por la Secretaría de Gobierno del estado en los casos previstos en la ley, a solicitud del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de los ayuntamientos, de organismos de Derechos Humanos o de organismos de la sociedad civil.
 
Y MIENTRAS, ASESINATOS CONTINÚAN
 
A más de una semana de emitido el amparo indirecto, las autoridades locales no responden y la violencia feminicida en Veracruz no cesa: el pasado fin de semana una joven embarazada en el puerto de Veracruz fue ejecutada a tiros en su propio domicilio.
 
En los recientes ocho años, 857 mujeres han sido asesinadas por razones de género en la entidad, según cifras oficiales; sin embargo la realidad es peor, ya que tan sólo en dos años, mil 831 mujeres fueron víctimas de feminicidio, pero sus muertes se registraron como homicidios dolosos.
 
Este 2015, en dos ocasiones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) visitaron el estado.
 
Según el más reciente reporte del OCNF, entre 2012 y 2013 en Veracruz cuatro mil 610 mujeres fueron ingresadas a un hospital por lesiones o agresiones; 769 murieron a causa de esta violencia, y nadie investigó ni castigó a los responsables.
 
En tanto, mil 347 veracruzanas más sufrieron abuso sexual; cifras escalofriantes que no producen ninguna reacción de las autoridades impartidoras de justicia, ni en la prevención del delito.
 
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