Desconfían mujeres de mecanismo para denunciar tortura sexual

Mujeres sobrevivientes de tortura sexual descalificaron el supuesto compromiso del Estado mexicano, para crear un mecanismo especial a fin de que las víctimas de tortura sexual puedan denunciar de manera segura y se les garantice que no habrá impunidad.
 
En la audiencia sobre tortura sexual celebrada hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, se comprometió a generar un mecanismo de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que las mujeres puedan denunciar la tortura sexual de la que son víctimas.
 
La funcionaria incluso dijo que buscaría una reunión con las organizaciones civiles para dar seguimiento a la propuesta que provino precisamente de activistas, durante la realización de la audiencia.
 
No obstante, una vez que concluyó la sesión ante la CIDH, en rueda de prensa en esta capital mujeres sobrevivientes de tortura sexual, entre ellas las denunciantes de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, advirtieron que a la hora de denunciar las víctimas deben sortear diversos obstáculos, además de que subrayaron que la respuesta del Estado mexicano sobre el tema “no fue satisfactoria”.
 
“Da mucha rabia escuchar al Estado mexicano, con esa serenidad, con esa calma, hablar sobre la tortura sexual y pedir a los comisionados que se ajuste el término”, criticó Italia Méndez, sobreviviente de Atenco y una de las 11 denunciantes que ante la falta de justicia en México, llevó su caso ante la CIDH, donde hasta ahora sigue en análisis.
 
Y es que durante la audiencia en Washington, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Rosalinda Salinas Durán, dijo que el Estado mexicano no estaba de acuerdo con que la temática de la sesión fuera la “tortura sexual”, por lo que pidió a las y los comisionados a modificar el término, dando a entender que lo que se abordaba era la “violencia sexual”.
 
En la conferencia en esta ciudad, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Araceli Olivos, calificó como una “contradicción” que el gobierno mexicano se comprometiera a la creación del mecanismo de seguimiento a los casos de tortura sexual, y después pidiera que se ajustara el tema de la audiencia.
 
La defensora consideró que la delegación oficial mexicana evadió el problema, y no dio respuestas amplias, además de que el mecanismo propuesto por Conavim si bien podría servir para revisar los casos de tortura sexual que están abiertos, no sólo se trata de resolver las denuncias presentadas por 19 mujeres que forman parte de la campaña ciudadana “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, pues ésta es una práctica generalizada que debe ser tomada en cuenta.
 
En la audiencia ante la CIDH, activistas presentaron los casos de las mujeres de Atenco y además las historias de Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Yecenia Armenta, Cristel Piña y Claudia Medina, todas ellas sobrevivientes de tortura sexual por parte de agentes del Estado.
 
Antes del anuncio de la titular de la Conavim para crear un mecanismo especial de denuncia de la tortura sexual, Cristina Hardaga, integrante de la organización civil Asociadas por lo Justo, propuso ante la CIDH: “Dicho mecanismo deberá analizar los expedientes correspondientes desde una perspectiva de género, de Derechos Humanos, verificando que se hayan realizado los exámenes y peritajes necesarios para documentar las huellas de tortura, y ofreciendo recomendaciones para la investigación penal”.
 
15/AGM/RMB