El pasado 1 de septiembre, Bernardo Bátiz, procurador del Distrito Federal (PGJDF), ordenó la publicación de un nuevo acuerdo administrativo (A/004/ 06) en materia de interrupción legal del embarazo en casos de violación.
Este instrumento sustituye y mejora un acuerdo anterior (A/0004/2002), publicado el 11 de julio del 2002, que regulaba la actuación de los Ministerios Públicos (MP) con relación a la interrupción del embarazo ante una violación, lo cual da mayor claridad tanto a los funcionarios encargados de atender a las mujeres que quieren abortar como consecuencia de una violación (MP), como a las mujeres que serán beneficiarias.
A raíz de la publicación en la prensa acerca de este acuerdo, diputadas panistas informaron que enviaron una carta de extrañamiento al procurador, donde le solicitan se revise el instrumento porque no están de acuerdo con el contenido.
Al respecto, Marta Juárez enlace interinstitucional del Grupo Interdisciplinario en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que la actitud de las legisladoras seguramente se debe a su desconocimiento de la Ley.
«Como muchas otras personas se desconoce que está en la ley desde el año 2000, no es que les guste o no, sería cuestión de que se informaran bien de cómo está la legislación».
La ley es algo que nos rige a todas y todos, por tanto «deben quedar fuera las ideologías. Hay que revisarla y acatar lo que dice, es todo», subrayó.
La emisión del instructivo será un medio que coadyuvará para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en casos de violación, derecho reconocido por las leyes del Distrito Federal y del país desde hace varias décadas.
También permitirá más información para las mujeres que se encuentren en esta circunstancia y puedan, así, ejercer con mayor libertad su derecho a decidir la interrupción o no de un embarazo impuesto por una violación sexual, se podrán evitar además embarazos no deseados a partir de la información sobre la anticoncepción de emergencia.
06/CV/LR
