La violencia hacia las mujeres, particularmente en el estado de Chihuahua que colinda con los Estados Unidos, continúa alimentando el llamado fenómeno del feminicidio, basado en una sustancial impunidad respecto a los culpables y en un peligroso entrecruzamiento con el clima de intimidación provocado por el narcotráfico, afirma la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
De acuerdo con su Resolución 7.00253 del 19 de julio, aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores el 25 de julio pasado, la CCIODH dice que es deseable que la Fiscalía especial para crímenes violentos hacia las mujeres de la Procuraduría federal tenga el grado de luchar de manera definitiva contra el llamado feminicidio.
Al hacer un recuento sobre la situación de los derechos humanos en México, la CCIODH dice que «las condiciones del Estado de derecho no han sido restablecidas en Oaxaca debido a la dura represión que el gobernador local ha adoptado de frente a las manifestaciones de protesta del año pasado, impidiéndole a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de manifestar democráticamente su propio disenso».
Los derechos de las comunidades indígenas, particularmente de Chiapas, dicen los observadores, no han sido aún reconocidos plenamente, a pesar de las promesas oficiales. Sobre todo respecto a aquello que se refiere a los recursos naturales, el desarrollo sostenible, el respeto a su identidad y sus formas de autogobierno.
Además, la libertad de prensa se ve comprometida significativamente, dado el estado de precariedad del ejercicio de dicha profesión, lo cual se evidencia con los homicidios, secuestros e intimidaciones a los periodistas comprometidos con la denuncia del crimen organizado y de las infiltraciones del mismo en el sistema político-administrativo.
«Casos de detención arbitraria, maltratos, falta de garantías procesales, unidos a la impunidad respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, las cuales han sido denunciadas por las víctimas y por organizaciones no gubernamentales, como lo demuestra, entre otros, la situación de San Salvador Atenco».
Ante ello, dice la CCIODH, se desea que el gobierno mexicano realice acciones para que en Oaxaca «se restablezca el legítimo ejercicio de las libertades democráticas y cese la persecución contra los disidentes».
Es deseable que «la legislación en materia de defensa de las comunidades indígenas sea ampliada ulteriormente; retomando los contenidos de los acuerdos ya tomados, sobre todo con relación a su autogobierno, como era previsto en los Acuerdos de San Andrés, el ejercicio al derecho de crónica garantizado a través de adecuadas medidas de protección hacia los periodistas en el respeto a su independencia».
Proponen los observadores internacionales que «el plan internacional mexicano de la defensa de los derechos humanos sea plenamente aplicado con todas sus implicaciones; con particular atención en el comportamiento de los aparatos federales y estatales respecto a los ciudadanos, promoviendo el encuentro y el diálogo, e incentivando la colaboración con la oficina local del Alto Comisariado de la ONU de los derechos humanos».
Es también deseable que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico «sea conducida con la eficacia necesaria pero sin lesionar los principios del Estado de derecho, los cuales distinguen completamente los deberes de las fuerzas policiacas de las fuerzas militares».
La llamada «cláusula democrática» estipulada en el Acuerdo Unión Europea-México ?dicen– debería ser respetada y aplicada, haciéndola valer como punto de referencia para todos los Estados miembros de la Unión; y que en cualquier modo sea reforzada política y jurídicamente.
Quieren también que «la futura tercera reunión del Foro euro-mexicano de la sociedad civil sea la ocasión para un ulterior involucramiento de los ciudadanos y de las instituciones en la promoción y defensa de los derechos humanos».
Esto compromete al gobierno a verificar en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como en el ámbito de los plazos institucionales del acuerdo de partes entre la Unión Europea y México, la evolución de la situación de los derechos humanos y el respeto de los principios del Estado de derecho en México, afirman.
Con ello, México tendrá «todo tipo de apoyo en términos de cooperación bilateral para aumentar el nivel de protección y seguridad de la ciudadanía y la consolidación de las instancias democráticas del Estado y de la sociedad civil, señalando en todos los contactos bilaterales la exigencia de cumplir plenamente las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en consideración también a la presencia de México entre los países observadores del Consejo de Europa».
07/GG/CV
