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Desigualdad, pobreza y género

Por la Redacción
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La pobreza y desigualdad van en incremento en el país ya que las políticas públicas creadas por el gobierno mexicano no tienen como eje el cumplimiento de los Derechos Humanos, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su estudio “Derechos Humanos y Pobreza.”

En esta situación, la Comisión advierte que las mujeres tienen mayores desventajas para ejercer su derecho al trabajo, pues sólo 42.8 por ciento se desempeña en el campo laboral, en comparación con 77.4 por ciento de los hombres, es decir hay una diferencia de 34.6 puntos porcentuales entre ambos.

El informe –presentado el pasado 23 de agosto- fue elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza junto con la CNDH, con el objetivo de contribuir a que el próximo gobierno implemente políticas públicas adecuadas que contribuyan a disminuir estas brechas de desigualdad.

De acuerdo con el estudio, las mujeres son las más afectadas por el incumplimiento de los programas sociales –principal política pública que ha priorizado el gobierno mexicano- en el acceso a su derecho de salud y trabajo.

Por ejemplo de las que sí cuentan con un trabajo, 48.5 por ciento no recibe una remuneración suficiente para cubrir los productos de una canasta básica, ya que su sueldo es igual o menor a dos salarios mínimos (80.04 pesos), lo cual –añadió- obstaculiza que ellas y sus familias tengan plena satisfacción de sus necesidades da alimentación, salud, educación y sano entretenimiento.

El estudio expuso que 54.7 por ciento de las mujeres que no tiene trabajo o realiza una actividad de subocupación –trabajos con jornadas laborales menores a 30 horas a la semana- no goza de las prestaciones que éste les puede brindar como servicios de guardería, seguro médico, entre otros.

La CNDH considera que aunque no tengan garantizado el derecho a la salud como prestación laboral, las mujeres sí deberían tener acceso a servicios públicos, pero existen “determinantes sociales” y fallas en la prestación servicios, que impiden su acceso pleno lo que deriva en muertes maternas, cáncer de mama o Cérvicouterino, entre otros.

El no permitir acceder a servicios durante y después del embarazo es una “grave violación a los Derechos Humanos”, pues reconoció que muchos de las muertes maternas pueden ser prevenidas.

Detalló que una de las metas, en 2015,  de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) era reducir la mortalidad materna a 22 muertes por 100 mil nacidos, meta que México incumplió.

De acuerdo con el informe, otra de las principales causa de muerte entre mujeres de 25 a 60 años es el cáncer de mama o cérvix, producto del incumplimiento en el acceso efectivo a servicios de salud preventivos y curativos con enfoque de género, los cuales –agregó- forman parte de las nomas y prioridades de atención de la Secretaría de Salud (Ss).

Pero para las mujeres indígenas las violaciones y las brechas de desigualdad son más graves. De  acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna de 2014 en México –citados por el estudio- de 42 muertes maternas, 27 fueron de mujeres no indígenas y 12 de mujeres indígenas.

Al carecer de estos derechos, las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad grave porque éstos son interdependiente entre sí, ejemplo, “tener salud permite que las personas puedan solicitar un trabajo “adecuado” que cubra los servicios por enfermedad o accidentes laborales.

De acuerdo con el estudio, los programas sociales no están bien planificados pues continúan considerando a la pobreza solamente como un problema de carencia de ingresos y no como una condición que inhibe el ejercicio de otros derechos, en particular, los económicos y sociales que agrava la situación de las personas al “reducir sus capacidades, limitar sus libertades y obstaculizar su futuro”.

En particular, detalló, los programas sociales en los que se encuentran inmersas las mujeres no cuentan con los criterios mínimos para atender los problemas que les aquejan, sino crean “círculos viciosos” que refuerzan y perpetúan la condición de pobreza de las personas e incluso tienden a que ésta sea heredada a la siguiente generación.

Cabe mencionar que el derecho al trabajo y a la salud son dos de los nueve umbrales (vivienda, escuela, seguridad social, entre otros) que considera la CNDH como ejes esenciales que deben ser cubiertos por los programas sociales y donde se tiene  que aplicar el enfoque de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) con el fin de erradicar con la pobreza  y la desigualdad.

El estudio reveló que de los 232 programas sociales a nivel federal -registrados por el Coneval en 2015- sólo 42 tuvieron un alcance superior del 50 por ciento de su población objetivo y sólo 20 tuvieron una cobertura superior de 100 mil personas.

En cuanto a los 2 mil 528 programas de los gobiernos estatales, 95 por ciento no cumplen con los criterios mínimos (ya mencionados) mientras que 128 sí. En tanto, programas federales y estatales no cumplen con las condiciones para resolver los conflictos que les dio origen o tienen registros irregulares que imposibilitan sean evaluados.

En el inventario más reciente del Coneval registró 2 mil 528 programas estatales de los cuales 126 no pueden ser evaluados, pues no reportan a la cuenta pública.

18/AEG/LGL

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