Graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, impunidad y caso omiso a los tratados y convenios signados por México en materia de derechos humanos, son la herencia legada al panista Felipe Calderón Hinojosa, quien se autodefine como el presidente de «la mano firme» y que, igual que su sucesor, «promete» un sexenio sin respeto a los derechos humanos, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).
En su más reciente publicación titulada «Derechos incumplidos, violaciones legalizadas: los derechos humanos en el sexenio 2000-2006, el PRODH hace un recuento de los últimos seis años en derechos humanos y destaca el incumplimiento del Estado mexicano a sus obligaciones contraídas al firmar convenios y tratados internacionales de protección a los derechos humanos y son, dice, ley suprema para el país.
En siete capítulos, el PRODH analiza los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos, como las masacres de Acteal (que cumplió el pasado 22 de diciembre 9 años de ocurrida, sin que haya justicia para las víctimas) Aguas Blancas y el Charco.
También dedica un capítulo a propuestas de reforma del sistema de justicia penal, dentro del cual ocurren más violaciones a los derechos humanos, sobre todo en las prisiones, de acuerdo con informes presentados por las Comisiones de Derechos Humanos, tanto la nacional como la del Distrito Federal.
El documento señala que existe un «patrón generalizado» de violación a diversos derechos como el laboral, civil, político y a la salud y otras demandas de la gente, que cuando son exigidos a quien se supone debe garantizarlos, lo único que obtienen como respuesta es la represión gubernamental, el caso más emblemático actual es el de San Salvador Atenco, del cual, el PRODH emitió un informe.
El PRODH ha manifestado, en su oportunidad, su preocupación ante lo que ha denominado la «creciente militarización de los cuerpos policíacos» y, aunque menciona que la Policía Federal Preventiva (PFP) es el ejemplo más claro de ello, también han documentado que lo mismo está sucediendo en las policías estatales y municipales, que la mayoría de las veces, sostiene el informe, se encuentran bajo el mando de un militar.
Un capítulo especial de este informe sexenal, con motivo de fin de año, es el relacionado con la violación a los derechos humanos de defensoras y defensores y periodistas. El documento señala que durante 2005, el PRODH realizó dos informes especiales: uno sobre asesinatos de periodistas y el otro sobre defensoras y defensores de derechos humanos, destacando que si algo tienen en común es que ambos tienen como fin denunciar las injusticias y exigen que se protejan los derechos violentados.
El PRODH emite además una serie de recomendaciones para el siguiente sexenio, entre las que destaca continuar y concluir el proceso de reforma al sistema de justicia penal consagrando el principio de presunción de inocencia y reducir el uso de prisión preventiva en los procedimientos judiciales en base a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.
También tipificar el delito de detención arbitraria dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por servidores públicos, en atención a las recomendaciones de organismos internacionales, y derogar de los Códigos penales los delitos de difamación y calumnia, así como reglamentar la protección a la reputación en el ámbito civil.
Sobre la PFP, el PRODH recomienda un programa gradual de desmilitarización de ésta, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de todos los órganos de seguridad pública en el país, de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, considera necesario crear dentro de la PFP un mecanismo de participación y monitoreo ciudadano que vigile las actividades policiales cotidianas y coadyuve para un entrenamiento policiaco, civil, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.
El documento realiza recomendaciones en materia de delitos del pasado; reformas al sistema de justicia penal; revisión de la represión durante el sexenio foxista; seguridad pública; defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas y sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales orientados a la erradicación de la pobreza.
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