Con una inversión de 233 mil dólares, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) buscarán disminuir los riesgos a los que se ven expuestos los niños migrantes; desalentar el trabajo infantil de 3.5 millones de menores mexicanos y combatir la explotación sexual comercial de la que hoy son víctimas 16 mil infantes en el país.
Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del DIF nacional, aceptó que los problemas de la infancia en México se agudizaron no sólo por la situación económica por la que atraviesa el país sino por los problemas sociales que expulsan a los menores a la calle. Actualmente, 100 mil niños se encuentran en esta situación.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre el Unicef y el DIF, la funcionaria federal informó que los recursos asignados por el organismo internacional serán destinados en su totalidad a proyectos de prevención y también de rehabilitación de los menores que han sido víctimas de explotación sexual.
Con relación a los miles de niños y niñas que solos o acompañados cruzan la frontera norte de México en busca de mejores condiciones de vida, indicó que el DIF junto con un grupo de organizaciones no gubernamentales atendió en el último año a 10 mil menores quienes fueron deportados.
En este sentido, planteó la necesidad de llevar a cabo acciones que impacten a los pequeños migrantes que en la mayoría de los casos son abandonados por los «polleros» una vez que cruzan la frontera.
Detalló que actualmente el DIF capacita a un grupo de especialistas quienes se prevé atenderán a los menores víctimas de explotación sexual.
Aranda urgió a impulsar cambios en la legislación, las políticas y los programas sociales. Hizo ver que aunque se ha logrado una tipificación más clara de la explotación sexual y penas más severas en cuanto al crimen organizado, dijo que es prioritario avanzar más en este sentido.
Por su parte, Daniel Camazónm coordinador de Programas del Unicef, informó que el convenio durará el resto del año, sin embargo se prevé una renovación para el 2003 y mantener las acciones tendientes a un mayor respeto a los derechos de infancia que necesitan protección especial en zonas urbanas, rurales y de frontera.
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