María Rojas Avendaño, indígena oaxaqueña zapoteca de 25 años, fue detenida por elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal el día de ayer por promover el uso del condón y los servicios de auto cuidado de la salud sexual que ofrece Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer «Elisa Martínez».
María se encontraba promoviendo el uso del condón entre las trabajadoras sexuales del Hotel Regina, en la zona de la Merced, en el centro de la ciudad.
«Durante su detención fue violado su derecho a la igualdad pues no tuvo acceso a un traductor toda vez que no habla bien el castellano y tampoco sabe leer ni escribir», señala Brigada Callejera en un comunicado, asociación civil que brinda –en el Distrito Federal– atención especializada a las y los trabajadores sexuales, a sus parejas y clientes y promociona el uso del condón a grupos específicos.
«Con la detención, se violó su derecho a la libertad pues le fue privada sin motivo razonable, y atentaron contra su integridad y seguridad personal al ser sometida a la violencia institucional». María fue humillada, injuriada y amedrentada, denuncian.
También violaron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica, pues «la detuvieron aún cuando no cometió ninguna falta administrativa y se le negó el derecho de audiencia, a una defensa y a un traductor para explicarle la situación en la que se encontraba».
Luego la llevaron al juzgado cívico número 33, ubicado cerca del metro Pino Suárez, en la delegación Cuahutémoc.
Ahí, la jueza cívica, de apellido Balboa le negó el derecho de audiencia y defensa, con lo que violó las disposiciones constitucionales del Artículo 17, el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 4 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, informa Brigada Callejera.
Además, la jueza intentó imponer una multa de 580 pesos, aún cuando el Artículo 21 constitucional establece que si el infractor es jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Durante su detención, señala el boletín, Rojas Avendaño, «era la número 47 del turno de la juez cívica correspondiente. Si quienes le antecedieron como presuntos infractores y tres personas más pagaron los $580 pesos que la juez cívica les impone, la delegación Cuauhtémoc habrá recaudado, vía multas impuestas a presuntos infractores cívicos, la cantidad de $29,000».
Por ello, Brigada Callejera interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) vía telefónica, queja a la cual se le dará curso el día de hoy en las instalaciones del organismo pues lo sucedido a la promotora de salud indígena, quien ya esta libre, involucra a una jueza cívica y a elementos de seguridad pública del DF.
Además, dice el boletín, «criminaliza las actividades de prevención del VIH/SIDA de las promotoras de salud de Brigada Callejera que promueven el uso del condón y el auto cuidado de la salud sexual y reproductiva de las trabajadoras sexuales de La Merced y colocan en riesgo la integridad de quienes nos dedicamos al trabajo en SIDA, desde la sociedad civil».
OTRAS DETENCIONES
Brigada Callejera denuncia que también fueron detenidas, el día de ayer, trabajadoras sexuales en Benito Juárez, delegación vecina de la Cuauhtémoc, quienes forman parte de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
Los elementos de seguridad pública del DF, que viajaban en la patrulla 3716, intentaron cobrar una multa de mil pesos a cada una. Además, refiere el comunicado, también fueron detenidas al momento, en calzada de Tlalpan, tres trabajadoras sexuales de las que se desconocía cual fue su destino.
Otro caso sucedió el pasado siete de noviembre, cuando asesinaron a una trabajadora sexual que buscaba el apoyo de Brigada Callejera luego de que su explotador secuestró a su hijo. Los restos de la mujer fueron abandonados en una de las esquinas, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la asociación en la zona de la Merced.
¿Qué sigue ahora? ¿A quién más agredirán las autoridades del GDF (Gobierno del Distrito Federal)? ¿Hasta cuando seremos objeto de medidas represivas? Y, ¿con cuántas muertes y detenciones más deberemos pagar nuestra impertinencia de criticar la política racista, sexista y homofóbica del GDF?, finaliza el comunicado.
07/HVR/CV
