El pasado 1 de junio, Javier Lozano, secretario del Trabajo, aseguró que en «dos semanas», es decir el 15 de junio, tendría el dictamen final sobre las causas que provocaron la explosión en la mina de Pasta de Conchos, pero hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) ha detenido las labores de peritaje en la mina y tampoco ha permitido la participación de las y los familiares en el proceso, como lo había prometido.
El 12 de abril, de acuerdo con Elvira Martínez, una de las 65 viudas, las y los familiares de los mineros sostuvieron una reunión con Lozano, en la que acordaron que las familias participarían directamente en todo el proceso del peritaje y que se reanudaría el mantenimiento de la mina para continuar con el rescate de los cuerpos.
Sin embargo, según Manuel Fuentes, representante legal de algunas de las familias de los mineros, hasta ahora la Secretaría del Trabajo no ha hecho entrega de información alguna sobre los resultados del peritaje y tampoco ha permitido que participen los familiares en dicho proceso, tal como se había acordado.
Fuentes dijo a Cimacnoticias que el peritaje, que comenzó el pasado 15 de mayo, tenía como fecha límite este 15 de junio. No obstante, no finalizó en dicho plazo y tampoco «se ha presentado ningún perito en la mina para hacer trabajo alguno, sólo nos dicen que están trabajando en eso pero no hay todavía una fecha establecida para finalizar el peritaje», señaló.
Por ello, y como parte de una estrategia para presionar a la Secretaría del Trabajo y al Gobierno Federal para que se rescaten los cuerpos de los 63 mineros aún atrapados en la mina número 8 de Pasta de Conchos, hoy viudas y familiares se reunieron nuevamente, como hace un mes, cuando advirtieron que se reunirían el 19 de cada mes a las afueras de la empresa Industrial Minera México, hasta que sean rescatados los cuerpos, para exigir explicación a cada una de las violaciones a sus derechos y para desconocer el dictamen oficial del Gobierno Federal.
Durante la conferencia, las y los familiares y viudas presentes, entre las que se encuentra María Teresa Contreras Rodríguez, María del Refugio López Moreno y María Trinidad Cantú Cortéz, exigieron lo que parece su prioridad: el rescate de los mineros que aún se encuentran atrapados. Y advirtieron que, de mantenerse la impunidad, se podrían generar nuevas desgracias en la zona carbonífera de Coahuila, en la que desde 1884 y hasta este 2007 ha muerto un minero cada tres días.
EL PLAZO DE LA OIT
Al respecto, Manuel Fuentes indicó a esta agencia que en días pasados la Organización Internacional del Trabajo (OIT)aceptó, a través de su oficina en Ginebra, la queja interpuesta en marzo del 2006 por el Sindicato de Caminos y Puentes, en la que se señala el incumplimiento del Gobierno mexicano a los siguientes convenios: el 150 sobre Administración del Trabajo, el 155 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y el 170 sobre Productos Químicos.
Y acusaban al gobierno de no ratificar los convenios 81 sobre Inspección del Trabajo, 85 sobre Inspección del Trabajo (Territorios no metropolitanos), el 175 sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores y el 176 sobre Seguridad y Salud de las Minas.
Manuel Fuentes, apoderado jurídico del Sindicato de Puentes y Caminos Federales y quien interpuso la queja inicialmente, dijo que la OIT dio al gobierno mexicano hasta el 15 de julio del presente año para responder a las acusaciones que se le imputan con relación al tema de seguridad en minas y la falta de empleados e inspectores oficiales para prevenir los riesgos de trabajo y accidentes como el ocurrido en Pasta de Conchos en febrero de 2006.
AMPLIACIÓN DE QUEJA
Asimismo, explicó que esta tarde se presentó una ampliación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que tiene que ver con las omisiones del gobierno federal en el tema de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social por no haber intervenido y emitido responsabilidad alguna hacia la empresa General de Hulla, la cual pagaba bajos salarios a los trabajadores subcontratados y no les otorgaba sus prestaciones.
En el informe «Por una ?cuerda de vida? para los mineros del carbón», realizado por el grupo de Pastoral Laboral, Juan Rebolledo Gout, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México, afirma que los trabajadores de la mina subcontratados por la empresa General de Hulla, SA de CV, propiedad de Javier Alberto de la Fuente Cepeda, y con quien trabajaba Grupo México, contaban con un salario de casi 300 pesos diarios.
Sin embargo, señala el informe, algunos mineros de Pasta de Conchos aseguran que General de Hulla les pagaba un salario de 600 pesos semanales.
Asimismo, y aún cuando Rebolledo Gout señala que la minera pagó como compensación al sindicato mil 900 pesos, ningún trabajador de General de Hulla entrevistado para el informe sabe cuál es el sindicato que lo representa, «pero la empresa firmó un contrato de Protección con algún sindicato blanco», asegura el informe.
Tampoco, dice, conocen su contrato colectivo de trabajo «lo que no es tan extraño porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suele tenerlos bajo reserva».
General de Hulla, explica el informe, tiene registrados a sus trabajadores con 80 pesos diarios, la diferencia del salario ?bono de producción, de puntualidad, etcétera- se los entrega «por fuera», siempre y cuando el trabajador no genere ningún problema, no llegue tarde, se niegue a trabajar horas extras, etcétera, porque entonces se les «castiga» la totalidad del bono semanal.
En Industrial Minera México, en la misma categoría también hay diferencias salariales. En la categoría de Supervisor, el salario base registrado va desde los 100.96 pesos diarios hasta los 246.22 pesos. Y haciendo el mismo trabajo, en la misma mina los supervisores de General de Hulla están registrados con 80 pesos, señala el informe.
Con información obtenida por trabajadores sindicalizados de la empresa Minera Monclova Sociedad Anónima (Mimosa), un operador de Equipo de Producción gana a la semana, incluyendo bono, dos mil 600 pesos, mientras que un trabajador de General de Hulla, según datos de algunas esposas, gana 700 pesos; y en la misma categoría gana entre mil 500 y mil 700 pesos.
«Es decir, no hay nada que explique esta diferencia salarial y nos parece que las autoridades deben tomar cartas en este asunto de manera inmediata», concluye Pastoral Laboral en dicho informe.
07/HV/GG
