Bajo el sugerente título de “15 años de políticas de igualdad: los alcances, los dilemas y los retos”, El Colegio de México, El Colegio de la Frontera y Flacso editan un interesante libro coordinado por Silvia López Estrada, Elizabeth Maier, María Luisa Tarrés Barraza y Gisela Zaremberg.
Muy a propósito del Día Internacional de la Mujer –que se conmemora hoy 8 de marzo–, se citan algunas de sus principales conclusiones; derivadas del análisis de dos sexenios de gobiernos conservadores y moralistas del PAN, ligados al clero más recalcitrante, así como los esfuerzos de este gobierno en la transversalización de género, con su doble discurso (una cosa es lo que se dice y otra muy distinta lo que se hace).
Sin duda uno de los efectos terribles de estos gobiernos panistas fue la cancelación de las políticas de planificación familiar, que trajo como consecuencia el boom de embarazos en adolescentes, una barrera muy importante en el desarrollo y crecimiento socioeconómico de las mujeres.
Para las autoras, las mujeres del país viven insertas en un clima de incertidumbre, violencia y pobreza. Especialmente a partir de la crisis de 2008 y el recrudecimiento de las políticas neoliberales, con sus importantes diferencias territoriales, no es lo mismo el Distrito Federal que el estado de Chihuahua.
La existencia de gobiernos conservadores plantea una primera paradoja entre estos gobiernos y la agenda progresista de los movimientos feministas del país. También existe una paradoja entre los avances normativos en diversos campos y su implementación muchas veces trunca.
En tercer lugar, en el tema de la violencia, las políticas en torno al cuerpo generaron consensos, mientras que por el contrario, lo relacionado con el derecho a las mujeres a decidir sobre la maternidad se tornó uno de los campos de disputa más contundentes: en 18 estados la política al respecto es más que conservadora y retrógrada, frente a lo que sucede en la Ciudad de México.
En los años 80 y 90 del siglo pasado, la agenda relacionada con las políticas de igualdad de género estuvo cargada de contenidos progresistas ligados al reconocimiento y goce de los derechos de las mujeres, así como a la obtención de oportunidades en condiciones de igualdad.
Los movimientos feministas y de mujeres desafiaron límites ancestrales ligados a las raíces sumergidas de la relación entre Iglesia y Estado, cultura y biología, norma de vida cotidiana.
No obstante, existe un justificado clima de desconfianza entre las mujeres, respecto a las políticas públicas, pues los discursos oficiales y oficiosos no se corresponden con las medidas que se aplican, hay falsas promesas y otras incumplidas.
Existen dos patrones que se repiten en el país. El primero es que los avances en el ejercicio de los derechos democráticos sólo funcionan bajo presión y movilización de grupos de mujeres excluidas del poder político y/o de los beneficios del desarrollo, cuando la presión disminuye, su aplicación se desvanece.
El segundo es cuando las élites toman decisiones aprobando derechos formales para legitimarse, sin implementar las medidas que aseguren su aplicación, cosa muy común en los gobiernos priistas. Un claro ejemplo es la llamada transversalización de los programas gubernamentales, en especial en el terreno laboral.
Se trata de un artificio redituable que, lejos de cumplir con la universalidad de derechos que supone la ciudadanía, esconde el sexismo que marca el espacio de la política y reproduce la dominación masculina, o bien la subordinación femenina.
En síntesis, se han tenido avances significativos en el empoderamiento y en la igualdad de género en estos últimos 15 años, pero no se puede decir lo mismo en el terreno económico: sigue habiendo una persistencia de la población femenina afectada por la pobreza y la desigualdad económica.
Una desigualdad que se hace patente al comparar la tasa de participación femenina en el mercado laboral con la masculina, por mencionar algo, misma que se aprecia claramente en la gráfica: 78.2 masculina contra 44.3 femenina.
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De 2005 a 2015 (10 años), la participación femenina pasó de 41.6 a tan sólo 44.3 por ciento. A pesar de la pobreza, a las mujeres les resulta muy difícil integrarse al mercado laboral para obtener ingresos, debido en gran medida a la falta de políticas de igualdad y universalidad ciudadana, o simplemente a que no se cumplen sus derechos.
En el terreno de los hechos las normas no se aplican; a la mayoría les faltan dientes y prevalece la impunidad.
Otro indicador importante del avance autónomo de las mujeres es su participación como jefas de hogar. En 1990 eran 17 de cada 100, para 2014 crecieron a 26.4 por ciento. Más de la mitad (57.3 por ciento) cuentan con primaria y secundaria, y la edad promedio es de 30 a 49 años, muy jóvenes; un número importante de estas jefas (21.7 por ciento) son separadas.
Ellas participan en el mercado laboral con una tasa por encima de la media, 53.4 por ciento, más de la mitad. Sus condiciones laborales son muy precarias, tanto en sueldo como en prestaciones, están en condiciones de pobreza.
Básicamente se ocupan en servicios y en el comercio, y 63 de cada 100 no cuenta con servicio médico para ellas o sus hijas e hijos, derivado del empleo.
Estas condiciones han obligado a los movimientos de mujeres y a las feministas a retomar el tema de la autonomía económica y los derechos económicos en su agenda, sobre todo a partir de 2008: la defensa del empleo con salario digno.
Insistir en que otro mundo es posible, porque uno de los efectos más perniciosos de estos 30 años de neoliberalismo, es dejar la falsa idea determinista y fatalista de que “las cosas son así y no hay remedio, aquí nos tocó vivir y ni modo”. Sí existen otras opciones, y sí se pueden defender los derechos legítimos de las mujeres.
Twitter:@ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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