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Difunde AI magnitud y gravedad de violencia en Colombia

Por la Redacción

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que la violencia contra las mujeres, en especial la violencia y la explotación sexual, incluyendo la violación y la mutilación genital, forma parte integral del conflicto armado en Colombia.

En el documento “Colombia, Cuerpos marcados, crímenes silenciados” que se presenta hoy en la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” en un evento en Bogotá, Colombia, se da cuenta de las funestas consecuencias del conflicto armado en las mujeres.

Ilustra, a través de testimonios recibidos por la organización en diversas visitas al país, las violaciones a los derechos humanos que miles de mujeres y niñas sufren a diario en Colombia, perpetradas por las partes de ese conflicto.

El informe, que se enmarca en la campaña No más violencia contra las mujeres que AI puso en marcha en todo el mundo en marzo pasado, será presentado por una delegación de ese organismo encabezada por Susan Lee, Directora del Programa Regional para las Américas.

La delegación se integra también por Giulia Tamayo, investigadora sobre Violencia contra las mujeres, Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia y Peter Drury, encargado de campañas sobre Colombia, además de Ana Milena González, de la organización colombiana Ruta Pacífica de las Mujeres, publica el portal Mujereshoy.

De acuerdo con el documento de AI, durante los últimos 20 años, el conflicto armado interno en Colombia ha ocasionado la muerte de, por lo menos, 70 mil personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate. Decenas de miles de personas han sido secuestradas, “desaparecidas” y torturadas, y más de tres millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

En el resumen entregado a la prensa, el organismo defensor de los derechos humanos agrega que en el curso de los 40 años del conflicto las fuerzas de seguridad y los paramilitares, apoyados por el ejército, se han enfrentado con los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos.

La población civil, se indica, ha sido la más afectada por esta violencia. No sólo por haber quedado “atrapada entre dos fuegos”, sino porque a menudo se la ha colocado en el punto de mira de forma directa y deliberada, por ejemplo para eliminar a quienes se considera que apoyan al “enemigo” o para sembrar el terror con el fin de “limpiar” territorios de interés económico o estratégico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.

La violencia contra las mujeres, en particular la violencia y la explotación sexuales –denuncia el documento–, y que llega hasta la violación y la mutilación genital, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto.

Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo.

La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla.

El documento señala que dichas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras.

En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos militares, “han convertido sus cuerpos en campos de batalla”.

El abuso y la mutilación de índole sexual de mujeres y niñas es una característica común de las masacres perpetradas por los grupos paramilitares frecuentemente actuando con las fuerzas de seguridad.

Muchas mujeres también han sufrido abusos tras ser secuestradas por grupos armados ilegales, mientras estaban bajo la custodia de las fuerzas de seguridad o durante registros domiciliarios.

Los grupos paramilitares y guerrilleros también han secuestrado a mujeres para que prestaran servicios sexuales a sus mandos y han reclutado a mujeres y niñas de las que posteriormente sus compañeros han abusado sexualmente. Asimismo, los grupos guerrilleros han obligado a las combatientes a abortar.

La violencia sexual contra mujeres en zonas que los grupos armados se disputan militarmente ha sido especialmente numerosa. Entre los sectores que corren más peligro están las afrodescendientes y las indígenas, las desplazadas, las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades, muchas de ellas ya desplazadas.

Los grupos guerrilleros y los paramilitares apoyados por el ejército han intentado controlar los aspectos más íntimos de la vida de las mujeres imponiendo normas invasivas, interviniendo en conflictos familiares y comunitarios e infligiendo castigos como la violación, la mutilación sexual y la flagelación a quienes osan transgredirlas.

Estas normas se basan en estereotipos de género muy arraigados culturalmente, y por tanto también las lesbianas, los gays y los presuntos portadores del VIH o enfermos de sida son objeto de la violencia de paramilitares y guerrillas.

La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, no sólo por las autoridades colombianas, sino por la población en general, que siempre la ha considerado como algo perteneciente al ámbito privado.

Es una forma característica de agresión que, contra toda lógica, avergüenza a la superviviente, no al perpetrador. Las supervivientes suelen ser aisladas y estigmatizadas por sus propias comunidades, y el Estado no se ha mostrado dispuesto a poner a los responsables en manos de la justicia.

El organismo internacional defensor de los derechos humanos indica que cuando se investiga judicialmente un caso de violencia sexual, el trato que reciben las supervivientes suele ser degradante. Es más, algunas supervivientes incluso se encuentran bajo investigación y los perpetradores son raras veces identificados y más raramente aún castigados por sus delitos.

El tratamiento médico para las supervivientes de abusos sexuales es prácticamente inexistente para quienes no pueden pagarlo. Así, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia ha seguido permaneciendo oculta tras un muro de silencio fomentado por la discriminación y la impunidad. Las mujeres que la padecen se han convertido en las víctimas invisibles del conflicto.

El objetivo del informe de Amnistía Internacional es ofrecer una plataforma a las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual, cuyas voces rara vez se escuchan debido a la vergüenza y el temor que han experimentado durante tanto tiempo, y así contribuir a que se conozca más la magnitud y la gravedad de la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano.

Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional no se habían sentido hasta ahora con fuerzas para contar su historia, a pesar de que en algunos casos ya habían pasado años.

2004/LR

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