El presupuesto estatal para el 2005 que se discute en el Congreso de Sonora carece de perspectiva de género, y no prevé recursos etiquetados para atender la «grave» situación que padecen las mujeres de la entidad en asuntos como violencia, y salud sexual y reproductiva.
Así lo denunció a Infogénero la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Patricia Patiño, quien manifestó preocupación debido a que las Secretarías de Salud y Seguridad Pública del estado no contemplan para el 2005 gasto etiquetado «ni para derechos sexuales y reproductivos, ni para atender ni prevenir el problema de violencia de género que es tan fuerte en Sonora».
La también integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la 57 Legislatura local, lamentó que el gobierno del estado considere que asignar recursos al Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) sea «sinónimo de perspectiva de género» en el presupuesto.
Patiño aplaudió que el presupuesto de egresos estatal proponga la asignación de 10 millones de pesos al ISM para sus actividades durante 2005, «un incremento de poco más del 45 por ciento» -precisó- respecto a los 6 millones que se aprobaron al instituto en 2004.
Sin embargo, recalcó que eso no significa que el presupuesto tenga enfoque de género, toda vez que ese análisis implica «una acción mucho más globalizadora, mucho más integral», para que de manera transversal todas las secretarías e instituciones estatales se encaminen a eliminar la desigualdad entre los sexos.
La perredista dijo que su partido propone que al ISM se le otorguen otros 6 millones de pesos adicionales para impulsar proyectos productivos para mujeres.
Patricia Patiño sostuvo que es «realmente lamentable» que el Ejecutivo estatal ignore la visión de género y los derechos de las mujeres en el presupuesto local, ya que en el Congreso de Sonora se ha debatido intensamente acerca del voto femenino, los derechos de las niñas indígenas, las adolescentes embarazadas, y sobre el número «tan grave» de mujeres golpeadas por sus parejas.
La mayoría de los funcionarios y políticos estatales siguen con otra visión, y no ven a la perspectiva de género como una política de Estado, concluyó.
2004/RM/ALPG
