Hoy se cumplen 11 días desde que Virgilio Andrade, Arturo Sánchez y Marco Gómez, dejaron sus asientos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Fueron los tres últimos consejeros que salieron de los nueve designados en el 2003, por un acuerdo entre el PRI y el PAN.
Si recordamos, los consejeros nombrados en 2003, resultaron de un acuerdo entre Miguel Angel Yunes, representando a la entonces Secretaría General del PRI, Germán Martínez del PAN como representante de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo Morales.
De ese acuerdo PRI-PAN fue excluido el PRD, donde Pablo Gómez participaba en las negociaciones; ello en razón de que éste insistía en que se considerara a Jesús Cantú, quien fuera consejero electoral de 1996 a 2003, como uno de los candidatos de su partido.
Como había una decisión previa en la Cámara, de que los consejeros anteriores, los del consejo encabezado por José Woldenberg, no podían ser reelectos, decisión que desde mi personal punto de vista fue injusta e incluso malintencionada, el PRI y el PAN acordaron la nueva integración del consejo, excluyendo al PRD.
Este desafortunado acuerdo inicia la etapa en que el IFE deja de tener un Consejo integrado por ciudadanos con un importante margen de independencia de los partidos políticos, para pasar a ser un Consejo General y un Instituto, al servicio de dos partidos políticos.
Además, varios de los designados poco tenían que ver con el ámbito electoral, y eran totalmente desconocidos para la comunidad académica, las organizaciones civiles e incluso, para los miembros de los partidos involucrados en asuntos electorales.
Una anécdota que se cuenta al respecto es que una de las consejeras elegidas estaba muy contenta porque su pareja como premio, le acababa de regalar su primer COFIPE.
Los pésimos resultados de esta forma de constituir al Consejo General del IFE no se hicieron esperar. Las elecciones federales del 2006 estuvieron plagadas de malas e inoportunas decisiones y acciones de las autoridades electorales.
La conflictividad de esas elecciones, la clara intervención de varios poderes fácticos como fueron las televisoras, representantes de la iglesia católica, el sindicato de maestros y diversos grupos empresariales, frente a la ausencia de un Consejo General del IFE con estatura moral y reconocimiento amplio como para llamar a la civilidad y al apego a la legalidad, han sido causa eficiente de la profunda división que prevalece en la clase política mexicana.
Esta división y ausencia de acuerdos básicos en temas tan difíciles como es el combate a la violencia y al crimen organizado, han sumido al país en una ruta de creciente deterioro de la gobernabilidad.
Actualmente, los seis consejeros que forman parte del Consejo General expresan un cierto equilibrio entre las tres fuerzas políticas principales del país.
Sin embargo, en la nueva terna el PRI ha estado en la posición de exigir su derecho a designar a dos consejeros argumentando su actual mayoría en la Cámara de Diputados y a que dos de los consejeros salientes, Virgilio Andrade y Marco Gómez, eran parte de su cuota.
Muchos analistas políticos y organizaciones ciudadanas hemos promovido por el bien del país, la necesidad de que la terna de nuevos consejeros surja por consenso de los partidos políticos y que se evite incurrir nuevamente en los errores cometidos en el 2003, cuyas consecuencias seguimos padeciendo.
Si bien podemos cuestionar varias decisiones tomadas en el proceso de selección de consejeros seguido hasta ahora, se ha tratado de un proceso bastante transparente y mejor que los dos anteriores.
Su desenlace final nos dará una clara señal del grado en que nuestra clase política entiende la urgente necesidad de construir acuerdos por consenso y de ir superando la confrontación y el conflicto, en asuntos de gran trascendencia para el futuro del país.
* Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social AC
10/CJ/LR/LGL
