Inicio Dos años después, el caso Castaños sigue con justicia a medias

Dos años después, el caso Castaños sigue con justicia a medias

En la zona central de Coahuila, concretamente en Castaños, las cosas han cambiado desde el 11 de julio de 2006, cuando 14 mujeres jóvenes fueron torturadas y violadas sexualmente por elementos del 14 Regimiento Motorizado del Ejército mexicano, en los bares Las Playas y El Pérsico Dancing. Hubo detenciones, sentencias, pero ni las víctimas, ni los victimarios quedaron conformes y será hasta agosto o septiembre que haya resultados de las apelaciones.

En Monclova, el penal estatal se convertirá en federal, de alta seguridad. En el municipio conurbado de Frontera, el gobierno estatal donó 40 hectáreas de terreno para la construcción de una nueva base militar. En la carretera 57, en el tramo de 16 kilómetros entre Monclova y Castaños, un anuncio hace volver la vista hacia el lado derecho: El Pérsico Dancing, night club, se vende.

Lo que no cambia en la zona central de esa entidad del norte del país es la sensación de una justicia a medias, en especial para 14 jóvenes mujeres que guardan en su memoria y sus cuerpos el recuerdo de una noche de tortura, cuando fueron violadas por elementos del 14 Regimiento Motorizado del Ejército mexicano. Para ellas, sigue viva la madrugada del 11 de julio de 2006.

Las víctimas de los abusos sexuales, algunos cometidos de forma tumultuaria, reconocieron a 12 soldados. Ocho de ellos fueron detenidos y procesados. La justicia civil se aplicó sólo en cuatro militares, tres de ellos con penas de prisión y el cuarto pagó su fianza y salió libre. Un noveno militar fue detenido meses después, pero no fue procesado gracias a la intervención de un superior jerárquico, y fue absuelto en menos de una semana. Tres más siguen prófugos.

A tres años de los dramáticos hechos que llevaron a una decisión distinta a la usual en el caso de abusos cometidos por militares en México, al juzgar a los militares por la vía del fuero común, se esperan los resultados de la apelación. Será en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, donde se darán a conocer los resultados, algo que podría ocurrir en agosto o septiembre de este año.

La abogada Sandra de Luna González, presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar AC (Coprovvi), coadyuvante del Ministerio Público en el “Caso Castaños”, confió en que las sentencias contra tres soldados serán confirmadas e, incluso, en que podría ser revocada la sentencia al soldado Ángel Antonio Hernández Niño, quien fue acusado de violación por una de las bailarinas en El Pérsico, pero el juez Hiradier Huerta lo castigó sólo por el delito de lesiones. La penalidad impuesta consistía en nueve meses de prisión, que salvó al pagar una multa por 20 mil 843 pesos.

Human Rights Watch señala en el informe “Impunidad Uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que “si bien dista mucho de ser perfecto, el caso Castaños se destaca como ejemplo de cómo deben conducirse las investigaciones de abusos militares contra la población civil en México”.

“Las autoridades militares investigaron las faltas a la disciplina militar y sancionaron a los soldados que se apartaron de sus deberes. Por su parte, las autoridades locales investigaron los delitos perpetrados por los soldados contra los civiles, e impusieron condenas penales significativas a tres militares que actualmente se encuentran en una prisión estatal; el cuarto obtuvo su libertad bajo fianza”, dice el informe del organismo internacional.

De Luna González apunta que si el TSJ decidiera revocar la sentencia contra Hernández Niño, el problema será dar con su paradero; seguramente huyó como lo hicieron los otros soldados que libraron ser castigados y llevados a la cárcel por el juez Hiradier Huerta, luego de que dos de las jóvenes se retractaran de sus declaraciones por presiones y quizá hasta amenazas.

A tres años de aquellos hechos, De Luna González afirma que las cosas han cambiado en la zona, pero sigue latente el caso porque la justicia se aplicó a medias. Asimismo, está pendiente la detención de tres soldados prófugos–Ricardo Hernández Hernández, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez–, “estoy segura de que ni siquiera son buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Recordó el caso del soldado Héctor Méndez de la Cruz, el noveno militar detenido en enero de 2007. Sin dar tiempo a nada, el juez de la causa lo liberó en menos de una semana, bastó para ello la declaración de un superior jerárquico quien declaró que el soldado Méndez de la Cruz no se encontraba en Castaños la noche del 11 de julio, cuando los elementos del Ejército participaron en el asalto a El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret.

El testimonio de la víctima de violación sexual, quien recibía entonces tratamiento psicológico y no estaba preparada para iniciar el proceso, no fue escuchado por el juez Huerta, bastó sólo la declaración del militar de alto rango.

CARRITOS DE HOT DOGS Y UN TERRENO

El Pérsico sigue abierto al público, pese al anuncio de venta del inmueble. El local contiguo, Las Playas, también sigue operando, pero los clientes ya no son tan numerosos; ambos sitios “están secos”, sólo unas cuantas trabajadoras se aventuran a ir cada noche. La herida del 11 de julio de 2006 aún no se cierra.

De las 14 mujeres violentadas sexualmente, 10 cambiaron de trabajo. Sólo cuatro se presentan ocasionalmente en El Pérsico. De ellas ya no va ninguna a Las Playas, donde empezó “la bronca” cuando uno de siete soldados vestidos de civil que se encontraban en el lugar, se peleó con otros parroquianos.

Los policías municipales que resguardaban el lugar lo detuvieron y lo iban a encerrar en unas celdas que tienen Las Playas, pero su condición de soldado “lo salvó”; sus compañeros prometieron llevárselo. Así sucedió hasta que subidos en el taxi que los llevaría al IFE en Monclova, donde resguardaban las boletas electorales de la elección federal que había pasado unos días antes, advirtieron que volverían y que se vengarían.

La promesa se cumplió. Horas más tarde, unos 20 militares del pelotón MK 19, vestidos con uniformes, armas y un vehículo propiedad del Ejército regresaron al lugar para cometer excesos y abusos sexuales contra 14 mujeres que se encontraban en Las Playas y más tarde en El Pérsico. Además de golpear a los policías, clientes y robar bebidas. Una “fiesta” que duró casi “cuatro interminables y horribles horas”, según los testimonios de las víctimas.

Ellas también cambiaron. Diez dejaron de ir y ahora sostienen a sus familias vendiendo comida con “los carritos hot dogs” que les dio el gobierno de Humberto Moreira Valdés, que paradójicamente también le donó a la Secretaría de la Defensa Nacional 40 hectáreas de terreno para una nueva base militar en Ciudad Frontera.

La comisión de finanzas del Congreso coahuilense “aprobó la iniciativa del Ejecutivo del estado para enajenar 40 hectáreas”, señaló el 23 de junio pasado el diario El Zócalo de Saltillo, que detalla la ubicación del terreno que “colinda, hacia el norte, con las instalaciones del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza; al sur con el derecho de vía del ferrocarril a Cuatro Ciénegas. Al oriente, la base militar colindará con la empresa Lear Corporation, y al poniente con terrenos propiedad de Altos Hornos de México.

TODO CAMBIA

A raíz del cierre del Centro de Readaptación Social de Monclova para ser convertido en un penal de máxima seguridad, los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes, condenado a 41 años cuatro meses de prisión; Juan José Gaytán Santiago, quien deberá permanecer en prisión por 21 años, y Fernando Adrián Madrid Guardiola, por 31 años y ocho meses, fueron trasladados al Cereso de Saltillo.

Coprovvi sostiene aún relación con la mayoría de las víctimas del ataque militar a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, que dejó 14 mujeres violentadas sexualmente, un aborto provocado por la agresión de los militares, y el nacimiento de una niña producto de la violación, luego que ellas no recibieron anticoncepción de emergencia cuando fueron atendidas por las instituciones sanitarias.

No tenemos duda, la justicia en Castaños aún está pendiente, puntualiza la abogada Sandra de Luna González.

09/SJE/RMR/GG

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