Bolivia cerrará 2014 con acciones más drásticas contra la violencia de género, ante las preocupantes estadísticas que demuestran que en los últimos 12 meses, 160 mujeres y niñas murieron asesinadas a manos de sus parejas, familiares y de otras personas.
A principios de 2014, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Feclv) recibió al menos 17 mil denuncias de maltrato contra mujeres, en tanto las defensorías de la niñez y la adolescencia, acapararon más de 13 mil 500.
Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores de acuerdo con el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, quien señaló que cada dos días se produce un feminicidio en el país y al menos una de cada 10 mujeres sufre algún tipo de ataque diariamente.
Ante esa drástica realidad, instituciones estatales y civiles unieron fuerzas en busca de mecanismos y acciones realmente efectivas para erradicar las agresiones y los crímenes contra las mujeres.
La Feclv habilitó las primeras líneas telefónicas gratuitas en tres departamentos del país, las cuales reciben avisos las 24 horas del día sobre hechos de ese tipo, y creó una unidad motorizada de atención inmediata que está autorizada para actuar contra cualquier persona implicada, incluidas autoridades de instituciones estatales, militares o civiles.
Como parte de los esfuerzos para enfrentar este problema, el gobierno boliviano también determinó que los maestros y policías con antecedentes de violencia intrafamiliar o contra mujeres, no podrán postularse a cargos directivos.
Las ministras Amanda Dávila (Comunicación) y Nardi Suxo (Lucha contra la Corrupción) plantearon la aprobación de un decreto supremo para extender esa disposición a cualquier sector de la administración pública y a las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el presidente Evo Morales calificó la situación de "muy grave" y urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional a diseñar nuevas medidas para contrarrestar las elevadas cifras de agravios y asesinatos registrados en los últimos tiempos.
En respuesta, el legislador David Sánchez aseguró que el Senado abrirá en breve el debate para analizar algunas modificaciones a la Ley 348 y también una propuesta para que el Ministerio de Educación incluya el tema en el plan de estudios.
Asimismo, 30 organizaciones e instituciones sociales conformaron la alianza Libres sin Violencia para vigilar, controlar y registrar datos de las agresiones a las mujeres y la trata de personas.
El proyecto abarca por ahora a 80 municipios y se propone dar seguimiento a las instancias estatales relacionadas con ambos temas, investigar la labor de los servicios judiciales en esos casos y demandar políticas para frenarlos.
Pero a la par de todas esas iniciativas, muchos expertos insisten en trabajar con las víctimas de violencia para lograr que denuncien su situación al menor indicio de maltrato contra ellas o sus hijos.
Bolivia figura entre los países de la región que tipificaron el delito de feminicidio y lo sanciona con una condena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Ahora se esfuerza por generar más conciencia para desterrar de una vez la mentalidad machista, que además de lacerar durante décadas miles de hogares, empaña los logros y va contra los principios del proceso de cambios iniciado en 2006.
*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia
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Durante 2014 murieron a manos de sus parejas 160 bolivianas
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