Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 1998) alrededor de 4 millones y 200 mil mujeres por año se someten a abortos en América Latina y el Caribe, la mayoría lo hace en condiciones de riesgo debido a que ocurren en la clandestinidad.
Cada año en nuestra región, seis mil mujeres mueren debido a complicaciones de aborto, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 1997), informa la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser)
El 21 por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o postparto tiene como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS, 1998).
Ante este problema, que tiene implicaciones sociales, en el orden internacional se han hecho algunos avances:
1994: El aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (párrafo 8.25).
1995: La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K).
1998: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras. Y recomienda su atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones.
1999: El texto aprobado en el proceso de revisión de Cairo +5, recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal.
1999: Los países integrantes de la Cepal se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing.
2000: El documento final de Beijing +5 incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro. Además, recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios.
¿POR QUÉ DESPENALIZAR EN MÉXICO?
Nadie está a favor de que las mujeres aborten, pero es una realidad: las mujeres que están decididas a no tener un hijo, abortan, sea en las condiciones que sean.
En México es la cuarta causa de muerte materna, y aunque no podemos tener cifras exactas por su clandestinidad, las estimaciones oficiales hablan de 110 mil abortos al año, pero hay estimaciones de otras instituciones que hablan de 500 a 850 mil abortos.
Las mujeres mueren por la clandestinidad y eso hay que resolverlo, aunque solo fuera una mujer la que muriera.
El aborto es un problema de salud pública, por el índice de muertes y por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tiene en la vida de las mujeres.
El aborto es una cuestión de derechos humanos, prohibirlo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y contra los principios de justicia social.
El aborto es una cuestión de democracia; es decir, está ligado al ejercicio libre de una maternidad voluntaria, la autodeterminación de la propia vida, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado.
El aborto es un problema de discriminación de género. Las mujeres legalmente son las únicas responsables de las y los hijos. Si un hombre no reconoce a sus descendientes no pasa nada, la mujer es la que se hace responsable de su embarazo, de sus hijas e hijos. También del aborto, que muchas veces lo vive sola.
07/GG/CV
