El Charco es una pequeña comunidad mixteca del municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la región de la costa chica del estado de Guerrero. En él habitan alrededor de doscientas personas y está a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal.
El Charco seguiría en el olvido de no ser por la matanza del 7 de junio de 1998 que le dio fama; cuando el ejército rodeó la escuela del lugar, Caritino Maldonado, en la que supuestamente se alojaba un grupo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y masacró a once personas.
La región montañosa donde se ubica El Charco fue, desde tiempos de la Colonia, zona de refugio para grupos indígenas (mixtecos, tlapanecos y nahuas) que ahí sobreviven de forma precaria cultivando maíz y caña en parcelas de infrasubsistencia.
Durante mucho tiempo esos indígenas encontraron un rudimentario complemento a su ingreso ocupándose como jornaleros en las franjas costeras de la costa chica, donde en el periodo de la segunda guerra mundial se expandieron la copra, otras plantaciones y algunos cultivos comerciales como la jamaica.
El frágil equilibrio de esta economía campesina se fracturó como consecuencia de la apertura comercial y las reformas emprendidas por el presidente Carlos Salinas, que provocaron el desplome de precios de los productos agrícolas regionales. En la última década se incrementaron la pobreza y la migración (al puerto de Acapulco, al norte del país y hasta los Estados Unidos).
Ante la masiva salida de los hombres que partieron en busca de trabajo, parte importante del sostenimiento de las familias indígenas recayó en las mujeres que permanecían en sus pueblos.
EL HAMBRE, PRECURSORA DE LA MILITARIZACIÓN
Como consecuencia del empobrecimiento regional, por una parte se agudizó el uso de fertilizantes y herbicidas químicos que provocaron el deterioro ambiental, y por el otro se expandieron los cultivos clandestinos y la violencia. A esta precaria situación se sumaron la devastadora sequía de 1997 y los efectos del ciclón Paulina que azotó a la región en ese mismo año.
Ante la explosiva situación la región se militarizó. Se establecieron los retenes anticonstitucionales, los abusos, los secuestros, la tortura y la detención arbitraria de personas; como la de tres campesinos de Tlachimala.
El cerco militar a la región tuvo su acontecimiento más trágico con la matanza de El Charco, el 7 de junio de 1998, denunciada entre otros grupos no gubernamentales y de la sociedad civil por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por la Liga Mexicana de Derechos Humanos, afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en París.
Para los habitantes de la zona la masacre no fue un hecho fortuito ni aislado, sino un acontecimiento más de una larga serie de agravios que forman parte de una política discriminadora y de exterminio; agravios que incluyen la burla al convenio 169 de la OIT, cuando el gobierno se comprometió internacionalmente a respetar la autonomía de los pueblos indígenas, y llegan hasta la masacre.
La gravedad de la represión provocó que el pueblo de la costa chica exigiera el castigo de los responsables y que la demanda de justicia colocara en segundo orden otras exigencias.
LA ORGANIZACIÓN
Así, durante el Congreso Campesino y de Organizaciones Sociales de los días 29 y 30 de noviembre de 1998, celebrado en Ayutla y cuyos objetivos eran discutir demandas económicas campesinas (créditos, capitalización de productos forestales, bodegas para la jamaica, infraestructura hidráulica y capitalizar la infraestructura agraria), las bases obligaron a poner en el centro la demanda de justicia y la exigencia de castigo de los militares responsables de la masacre.
Como consecuencia del taller de reflexión sobre derechos humanos, llevado a cabo los días 16 y 17 de septiembre de 1999, con la participación del Comité de Viudas de El Charco, las comunidades Eclesiales de Base, la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) y gente del Partido de la Revolución Democrática, se formó el Comité Coordinador de Defensa de los Derechos Humanos de la costa chica del estado de Guerrero, con sede en el municipio de Ayutla.
Las tareas fundamentales que este Comité se planteó fueron: la desmilitarización de la región; la formación de una red de derechos humanos; y la colaboración de la iglesia con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
Además, el Comité denunció que se estaban creando grupos de sicarios en la comunidad mixteca de La Concordia. A partir de la denuncia se agudizó la presión a sus integrantes:
En abril de 2000 asesinan a Galdino Sierra Francisco, de la comunidad Tlapaneca de Barranca de Guadalupe y organizador de la colonia La Unificada, que había participado en las Comunidades Eclesiales de Base.
El 19 de noviembre de 2000 muere asesinado Severiano Lucas Petra, de comunidad La Fátima.
En enero de 2001 matan a Donaciano González Lorenzo. El 26 de agosto de ese mismo año es asesinado con armas largas en el poblado de Tepuente, el dirigente mixteco de El Charco, Andrés Marcelino Petrona, también miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos.
A pesar de las ilusiones que generó la transición democrática con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, la situación en la región sigue igual y los responsables de la matanza de El Charco, lo mismo que los asesinatos que le sucedieron siguen impunes.
A la fecha sigue persiguiéndose a los defensores de derechos humanos, cuyas denuncias no se escuchan alegando que carecen de consistencia. Además se ha pretendido vincularlos con grupos subversivos y de narcotraficantes.
Es dentro de este ambiente de persecución y represión que ocurre el asesinato de la abogada Digna Ochoa. En el último año se han sucedido los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos en la región indígena de Ayutla.
Según un artículo de Maribel Gutiérrez, publicado en El Sur de Acapulco el 1 de abril de 2002, los acontecimientos más relevantes han sido el asesinato de dirigentes en manos de grupos paramilitares, la violación de mujeres por soldados y la militarización de las comunidades.
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT) denunció los casos de las agresiones cometidas por efectivos del ejército en Barranca Tecuani y Barranca Bejuco, al igual que la tortura a campesinos en Roca Colorada el 19 de septiembre de 2001; también demandó que se haga justicia en el caso de los asesinatos denunciados. La organización sospecha que los culpables son los grupos paramilitares que han surgido en la región.
LA POLICÍA COMUNITARIA
A estos hechos represivos se agregan las recientes violaciones de soldados del 41 batallón de infantería del ejército hechas a las indígenas Valentina Rosendo Cantú, el 16 de febrero 2002 en Barranca del Bejuco, municipio de Acatepec, e Inés Hernández Ortega, en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla, el 22 de marzo de este mismo año.
Tan sólo unos días después se encontró un cadáver decapitado en la región, junto al que hallaron notas alusivas a un supuesto ajuste de cuentas entre grupos subversivos.
Por todo ello la OIPMT denuncia que no se ha indemnizado a las viudas de la matanza de EL Charco y que las comunidades piden que se reabra la investigación.
Recientemente trece indígenas de la comunidad de El Camalote fueron esterilizados mediante manipulaciones y engaños. Este caso se suma al de diecinueve campesinos mixtecos esterilizados en 1998 y a los que hasta la fecha no se ha hecho justicia.
Pero la OIPMT también exige que se deje de hostigar a los policías comunitarios de la región indígena de Ayutla, a los que el ejército no les permite portar más armas que simples toletes.
Esto a pesar de que la policía comunitaria, reconocida por nuestra propia Constitución y por el Convenio 169 de la OIT, signado por el gobierno mexicano, es la única garantía de seguridad en la zona. Las comunidades de Ayutla quieren seguir el ejemplo de San Luis Acatlán y Malinaltepec donde la policía comunitaria es la que ha acabado con la delincuencia.
Llamamos a solidarizarnos con los pobladores de esta zona lastimada por la represión, exigiendo además la libertad inmediata de los presos políticos.
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