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El Estado, cómplice de la violencia contra mujeres

Por Soledad Jarquín Edgar

En Oaxaca la violencia contra las mujeres sigue impune, sostiene Eduardo Liendro Zingoni, coordinador de Diversidades, A.C., quien apunta que un Estado que no previene ni atiende la violencia contra las mujeres es un Estado cómplice de los agresores.

Al participar en el Foro Ciudadano por la Transición a la Democracia en Oaxaca: Equidad de género y derechos de las mujeres, Liendro Zingoni destacó que la violencia contra ellas no es un problema aislado; tampoco es un castigo ni un asunto de mala suerte. Se trata de un problema cotidiano que se da de manera transversal.

El coordinador de Diversidades, A.C. destacó que Oaxaca ocupa el segundo lugar en homicidios contra mujeres y reveló que, entre enero de 1999 y mayo de 2007, los diarios locales documentaron 487 crímenes y 55 más fueron reportados en 2008.

Por otra parte, en lo que va de 2009, más de 50 mujeres han sido asesinadas; así, entre 1999 y 2009 podrían haber sido cometidos cerca de 600 homicidios contra mujeres en Oaxaca. Así, Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual contra mujeres de todas las edades.

Zingoni aseveró que no existe una real aplicación de la justicia para las mujeres y recordó que, aunque existen “algunos avances”, como la aprobación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ésta tiene “debilidades e imprecisiones”.

Además, criticó el hecho de que, aun cuando se han vencido todos los plazos, dicha Ley carece de reglamento; además, no fue derogada la Ley de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, así que en Oaxaca están vigentes dos leyes que en ocasiones se contraponen.

ASESINATO, CUARTA CAUSA DE MUERTE ENTRE ADOLESCENTES

Por otra parte, al presentar un panorama de las enfermedades que atacan a mujeres y hombres, la investigadora Martha Castañeda Pérez sostuvo que en México los asesinatos son la cuarta causa de muerte entre mujeres jóvenes de 15 y 19 años de edad. En esa etapa, el primer lugar lo ocupan los accidentes, seguidos de los suicidios y, en tercer lugar, la leucemia.

Destacó que sólo durante los primeros cinco años de vida no existe diferencia alguna entre las muertes de niñas y niños; sin embargo, al pasar esta etapa existe una diferencia derivada de la condición social de las mujeres.

La investigadora e integrante del Centro de Derechos de la Mujer Naxwiin reconoció que, según datos estadísticos oficiales en México disminuyó la frecuencia de cáncer cérvico-uterino, pero aumentó el cáncer de mama. Lamentó que en este país y en Oaxaca aún se contabilice la muerte materna, lo que significa que el sistema de salud no está funcionando y muestra el lugar que las mujeres ocupan dentro de una sociedad.

La criminalización de las mujeres

En el foro, la coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas, se refirió al tema del aborto y aseguró que las y los legisladores de Oaxaca se equivocaron en la reforma al artículo 12 de la Constitución local, conocida como ley antiaborto. Lo que han hecho, aseguró, es criminalizar a las mujeres, pues de un plumazo eliminaron las cuatro causales contempladas en el Artículo 316 del Código Penal.

“Convierten en delincuentes a las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino y negarán el servicio a las mujeres que llegan a los hospitales con embarazos ectópicos”, afirmó, y añadió que sistema de salud debe poner atención y vigilar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que reglamenta la atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violación.

Desde su perspectiva, la propuesta de no enviar a la cárcel a las mujeres que aborten, sino penalizarlas con 100 o 300 días de trabajo comunitario, es lo mismo que lapidar a las mujeres, como lo hacen al otro lado del mundo.

Lo que tienen que hacer, añadió, es sacar el tema del aborto del Código Penal y plantearlo como un problema de salud pública que cobra la vida de miles de mujeres cada año; “la cifra no la conocemos porque el aborto es clandestino; por el otro lado, debemos analizarlo como un problema de justicia social. O, incluso, cambiar la definición de aborto que contempla el Artículo 312 del Código Penal”.

Hernández Cárdenas planteó que se tienen que separar las decisiones del Estado de la influencia de las iglesias, y que es necesario verificar la responsabilidad de los hombres en un embarazo, pues el aborto es el único “delito” en que se castiga sólo a las mujeres. Para ello se requiere garantizar la educación sexual.

La consejera ciudadana de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO), Susana Chía, planteó, que debe imponerse la legalidad en la defensa de los derechos de las personas; la activista, quien se definió como una socialista, pidió retomar la soberanía como un principio de legalidad. “No podemos decir que tenemos la mejor Constitución del mundo o una de las más avanzadas, porque, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora?”

La consejera ciudadana expuso que es necesario que la ciudadanía exija a la CDDHO que se mantenga el Estado laico, y que esta instancia pase de la ética de principios a la ética de la responsabilidad.

09/SJ/YT/LGL

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