El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua está invisibilizado en la agenda del panista Felipe Calderón, para él no existe, «asumió en forma ilegítima el poder» y ahora negocia con «lo más oscuro que son los militares», enviando con ello un mensaje de la valoración que tiene hacia los derechos humanos de las mujeres, denuncia hoy la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) en Washington, informó Luz Esthela Castro.
La activista y consejera ciudadana del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua informó en entrevista telefónica que la CIDH otorgó una audiencia a esta organización civil, la cual estaba programada para hoy a las cuatro de la tarde, tiempo de Washington.
Durante la audiencia –que al cierre de esta edición había ya dado inicio– dijo la abogada Luz Esthela Castro, se presentará un documento que «prueba fehacientemente» que el feminicidio no se atendió adecuadamente por el Estado mexicano y se extendió a Chihuahua y cómo los mecanismos que ha utilizado para frenar estos asesinatos han sido insuficientes.
«Nosotros estamos denunciando la forma ilegítima en la que Calderón asume el poder y cómo eso ha tenido una cuestión de costo porque él ha tenido que negociar con lo más oscuro que son los militares y eso también lo establecemos en el documento de la audiencia y traemos a colación el caso de Zongolica y el caso de Castaños, Coahuila».
Lo anterior, explicó, para que la CIDH vea «en qué contexto se está enviando a nivel federal una respuesta hacia la violación de los derechos humanos de las mujeres y el propio Calderón está exonerando a los militares».
Y por supuesto, anotó, se hará la presentación de un panorama general de Ciudad Juárez, específicamente Chihuahua.
LOS DOS PRIMEROS CASOS
Castro enfatizó que la organización Justicia para Nuestras Hijas presentó dos casos ante la CIDH en diciembre de 2003, documentando la falta de investigaciones serias y el abandono de los casos, mismos que fueron aceptados por el organismo internacional el 14 de marzo de 2006.
El primero tiene que ver con la desaparición de Silvia Arce en 1998, quien fue secuestrada presuntamente por policías federales. Y el otro es el de Paloma Angélica Escobar, asesinada en Chihuahua en marzo de 2002 y cuyas líneas de investigación «llevan hacia la propia Procuraduría (estatal)».
Castro informó que hay otros cinco casos que llevarían hoy ante la CIDH.
PETICIONES A LA CIDH
La activista señaló que Alma Gómez y Hortensia Enriquez, quienes viajaron a Washington a la audiencia de la CIDH (de la cual fueron peticionarios el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y Justicia para Nuestras Hijas) solicitarán a ésta que firme de mediador junto con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, para que expertos internacionales en investigación puedan tener acceso a los expedientes.
Asimismo, que se llame a comparecer al equipo de antropólogas forenses de Argentina, quienes trabajan en la identificación de algunos cuerpos desde 2004 a petición de algunas ONG y que Víctor Abramovich, relator especial para los derechos de la mujer de la CIDH ?quien sustituyó a Martha Altolaguirre-visite Ciudad Juárez y Chihuahua para dar seguimiento a las recomendaciones de Altolaguirre.
También, que se agilicen casos presentados de Silvia Arce y Paloma Angélica Escobar.
La de hoy es una audiencia general, informó Castro, donde las representantes de estas organizaciones civiles de Chihuahua contarán con una hora 45 minutos para presentar el testimonio de una madre y una exposición de la situación general de la ciudad de Chihuahua.
Edgar Cortés, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, ha señalado que cuando los casos de violación a los derechos humanos llegan a la CIDH o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencian «que en el país no hay recursos legales adecuados y suficientes para proteger a las víctimas», de ahí su importancia.
Por otro lado, Luz Estela Castro informó que las madres de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua sostendrían hoy una reunión con un experto de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para informarle de la situación que se vive actualmente en Chihuahua, petición que fue hecha a Incalcaterra recientemente.
También adelantó que se está trabajando en la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las Mujeres en general en Chihuahua, conjuntamente con personal de la Oficina del Alto Comisionado.
Justicia para nuestras hijas es una organización civil creada por las madres de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua y en enero de este año fue galardonada con el premio internacional «Abogados de Atocha», otorgado por el gobierno de Castilla-La Mancha, España, que reconoce el trabajo a favor de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
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