Después de conocer los prontos argumentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de que la muerte de Vicente de León Ramírez, de 45 años de edad, y Alejandro Gabriel de 15, ocurridos apenas este domingo en Apodaca Nuevo León, se debió a un error, no queda más que sorprenderse del cinismo con el que se justifican estos hechos.
Señalan los voceros de la Sedena que «se han iniciado las investigaciones» por parte de esa institución castrense, la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos» y al menos con las declaraciones vertidas a los medios de comunicación ya se anticipan conclusiones: «se trató de un lamentable error».
¿Quién castiga estos hechos y otros que se han cometido impunemente, sin que nadie sepa de las penas impuestas a los responsables, y si efectivamente ha habido castigos por estas acciones?
¿Cómo se puede informar sobre la conclusión de un hecho, sí apenas se han iniciado las investigaciones de homicidios ocurridos contra civiles, como lo refieren los voceros de Sedena?
Los familiares de los sobrevivientes contradicen esa versión y señalan que nunca ignoraron el retén, que rebasaron el vehículo militar y fue cuando recibieron los disparos.
Estos hechos determinan un agravante que debe ser investigado de manera seria e imparcial.
El fuero militar ha sido una coraza de impunidad de actos delincuenciales de integrantes del ejército cuando resultan agraviados civiles, ahora que sin legitimación alguna, sustituyen acciones policíacas.
El artículo 13 de la Constitución es simplemente ignorado por todas las autoridades. Este precepto establece:
«Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.»
Es claro que los recientes hechos ocurridos en Apodaca, Nuevo León donde fallecieron dos personas, pero además resultaron heridas dos personas más, Tomás Guadalupe Rodríguez Hernández de 28 años y su esposa Iliana de León Castellanos de 24 años, son delitos que deben ser investigados por la PGR por estar afectados civiles.
El fuero militar ha sido rehuido por los legisladores que no se han atrevido a resolver la forma de cómo debe intervenir pero sobre todo resolver la contradicción de un código que regula el fuero militar y que contradice la Constitución.
Apenas ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó que el gobierno mexicano si está obligado a aceptar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Rosendo Radilla, secuestrado a manos del ejército en 1974.
Esta resolución es de suma importancia ya que la sentencia de la CoIDH refiere la obligación del gobierno mexicano de reformar el fuero militar para que integrantes del ejército involucrados en delitos contra civiles no sean juzgados por tribunales castrenses.
No podemos seguir viviendo en el país del disimulo. Los legisladores, seguramente por conveniencias electorales, seguirán haciendo de lado este importante tema para la sociedad, pero esto no puede seguir ocurriendo.
Es necesario afrontarlo y encauzar el fuero militar a la constitucionalidad; mientras tanto la sociedad espera respuestas claras ante estas cobardes agresiones.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Consejo de CIMAC.
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