Inicio El Inmujeres, tomado por la ultraderecha, alertan ex trabajadoras

El Inmujeres, tomado por la ultraderecha, alertan ex trabajadoras

Por Rafael Maya

Mujeres ligadas a organizaciones ultraconservadoras como Provida y Los Legionarios de Cristo están accediendo a cargos directivos en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo que estaría “desvirtuando” su objetivo de impulsar políticas públicas a favor de los derechos femeninos.

Así lo denunciaron hoy ex trabajadoras del Inmujeres, quienes alertaron que la política laboral del Instituto -encabezado por Patricia Espinosa- tiende a hostigar al personal “comprometido” con un enfoque de género que permita implantar políticas públicas que beneficien a las mexicanas en rubros como salud sexual y reproductiva, combate a la pobreza y erradicación de la violencia.

Las ex trabajadoras del instituto -que solicitaron el anonimato-denunciaron que María Elena Alvarez Bernal -secretaria ejecutiva del Inmujeres, y segunda al mando en esa institución-; Lourdes González Lebrija -secretaria técnica de la Junta de Gobierno-; y María de la Luz Anaya Berríos -directora de Capacitación- estarían ligadas a grupos ultraderechistas como Los Legionarios de Cristo y el Comité Nacional Provida.

María Elena Alvarez asumió como secretaría ejecutiva del Inmujeres luego de un escándalo que le costó el cargo a su antecesora Margarita Ortega. El pasado mes de septiembre la prensa informó que Patricia Espinosa habría incurrido en un presunto tráfico de influencias al beneficiar con recursos del Inmujeres a su hija Patricia Parrodi.

Patricia Espinosa solicitó la renuncia a Margarita Ortega por considerar que era la responsable de “filtrar” a la prensa la información del supuesto delito. Posteriormente, María Elena Alvarez llegaría a la Secretaría Ejecutiva.

A decir de las ex trabajadoras del Inmujeres, la funcionaria tendría nexos con Provida, organización antiabortista que en 2003 recibió gracias a una turbia maniobra del ex diputado panista Luis Pazos 30 millones de pesos del erario público, para la construcción de 10 Centros de Ayuda para la Mujer, cara pública de las clínicas antiabortistas.

Igualmente sería el caso de la secretaria técnica de la Junta de Gobierno del Inmujeres, Lourdes González Lebrija, quien asumió el cargo a mediados de 2003 y tendría conexiones con la organización encabezada por Rocío Galves de Lara.

La diputada federal del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) Malú Micher ya había denunciado desde el año pasado la relación de González Lebrija con grupos ultraconservadores. En entrevista con esta agencia, la legisladora confirmó sus declaraciones.

La perredista explicó que la secretaria técnica del Inmujeres fue militante de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), organismo identificado con la derecha conservadora, y que además encabeza una agrupación civil en el Distrito Federal que da capacitación a mujeres, aunque no precisó su nombre.

Micher añadió que Lourdes González tiene posturas “conservadoras” en lo que respecta a la discusión del derecho a decidir de las mujeres en materia sexual y reproductiva.

Las ex trabajadoras consideraron que la presencia de ese personal con perfil de ultraderecha ha provocado que las actividades del Inmujeres adquieran una visión contraria a los derechos femeninos y a la construcción de una sociedad libre de discriminación.

Explicaron que la directora de Capacitación, María de la Luz Anaya Berríos -presuntamente ligada a Los Legionarios de Cristo y quien asumió el cargo en junio del año pasado- ha incurrido en actos de “censura” al eliminar el verbo “eyacular” de los cursos sobre derechos sexuales y reproductivos impartidos por el Instituto a funcionarios de otras dependencias.

Además, la funcionaria -agregan las ex trabajadoras- ha prohibido que en los cursos de capacitación se utilicen algunas publicaciones que ella considera contribuyen a “desintegrar a la familia”.

Las denunciantes sostienen que en particular el área de Capacitación y el Inmujeres en general carecen de una estrategia clara para implementar la perspectiva de género en la administración pública federal.

04/RM/GMT

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