No más discriminación, no más inequidad para las mexicanas. Nunca más violencia contra ellas, es la apuesta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
La creación de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados -el 30 de septiembre de 1997- no sólo fue la punta de lanza para impulsar iniciativas en favor de las mexicanas en temas tan relevantes como equidad, violencia, salud y participación política: fue también una oportunidad que permitió la unión de las legisladoras por una agenda de género.
De acuerdo con la actual presidenta de la Comisión, Diva Hadamira Gastélum Bajo, de no haber sido por esa unidad las medidas legislativas a favor de las mujeres «habrían sido excluidas por el sistema patriarcal y la cultura masculinizada».
Esta visión coincide con la de la legisladora panista Beatriz Zavala, para quien, en un inicio, «hubo cierta oposición a la Comisión. En su mayoría, de legisladores de todos los grupos parlamentarios que argumentaban que no era necesaria porque los asuntos de las mujeres estaban relacionados con los ámbitos de todas las comisiones».
REMAR CONTRA CORRIENTE
A pesar de la presión en sentido contrario, a pocos días de haberse instalado la LVII legislatura, el 24 de septiembre de 1997, legisladoras de los cinco grupos parlamentarios subieron a la tribuna para proponer una Comisión dentro de la Cámara para mejorar la situación de las mexicanas y tuvieron apenas unos días para convencer a sus compañeros.
En su mayoría, las diputadas se pronunciaron porque la Comisión fuera de carácter ordinario y tuviera capacidad dictaminadora para que pudiera revisar los preceptos legales en materia penal, civil y electoral discriminatorios para las mujeres, y para eliminar las normas que obstruyeran su acceso a los recursos productivos.
No sucedió: inicialmente, la Comisión fue especial y careció de facultades dictaminadoras, lo que la sujetó a otras comisiones y dificultó considerablemente el seguimiento de los temas de género para obtener resultados favorables.
LOS PRIMEROS RETOS
A pesar de estos obstáculos, de acuerdo con su memoria de actividades, la tarea central de la Comisión era «proteger y garantizar la aplicación de los derechos de la mujer y fomentar una nueva cultura política basada en los principios que animan la inclusión de la equidad de género en la legislación y en los programas y políticas públicas en nuestro país».
Pero había otros objetivos; por ejemplo, dar cumplimiento a las convenciones internacionales de apoyo a las mujeres firmadas por el gobierno mexicano, y examinar algunos temas prioritarios, como los delitos en contra de ellas, la violencia sexual y familiar, y las condiciones inequitativas de trabajo.
La Comisión también se proponía erradicar valores y estereotipos femeninos en detrimento de las mujeres; aumentar la participación de la mitad de la población mexicana en cargos de elección popular y diseñar políticas públicas para eliminar los tratos discriminatorios.
Esto fue posible gracias a la integración de las legisladoras en todo lo referente a la defensa de la Comisión: «Si de pronto sabíamos que no querían dar alguna instrucción, llegábamos en bloque todas las diputadas, nos metíamos a las oficinas de los coordinadores y ahí se acababa el asunto», detalla la ex diputada federal perredista Patria Jiménez.
Un resultado también del movimiento feminista y de las organizaciones sociales en el país.
LAS CONQUISTAS
Una primera conquista fue el paso de Comisión Especial a Comisión Ordinaria, propuesta que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, aunque entró en vigor hasta octubre del 2000, cuando ya estaba en operaciones la LVIII Legislatura.
A partir de entonces, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ha obtenido otros puntos de importancia fundamental para el avance de las mujeres: se logró generar la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar; se echó a andar el Parlamento de Mujeres y se creó el Instituto Nacional de las Mujeres.
Asimismo, se obtuvieron reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para asegurar las cuotas de género en los partidos políticos; se tipificó el feminicidio como delito penal y se abrió el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Además, según la actual secretaria de la Comisión, la perredista Martha Lucía Micher, «la perspectiva de género se integró a leyes como la de Desarrollo Social, y a proyectos legislativos referentes al campo, el derecho laboral y la reforma del Estado».
Pero quizá el logro más visible de la Legislatura que está por concluir, sea la creación de la Fiscalía Especial para atender los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM), que significa atender la violencia de género con todos los atributos de un ministerio público y desde el ámbito federal.
La ganancia, sin duda, no ha sido poca.
EN VISPERAS DE UNA NUEVA LEGISLATURA
A nueve años de que se creó, y después de tres años de trabajo de la Legislatura saliente, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados deja algunos pendientes que deberá retomar la próxima Legislatura en favor de las mujeres mexicanas.
Destacan, entre otros, la necesidad de emprender una nueva reforma al Cofipe para fortalecer la cuota 70-30 para las mujeres dentro de los diversos partidos políticos, y la mayor protección a los derechos sexuales y reproductivos femeninos en la Ley General de Salud.
También, establecer la transversalidad de la perspectiva de género en todas las comisiones del Congreso y en el presupuesto; erradicar la prueba de no gravidez en el ámbito laboral público y privado, y lograr una reforma laboral integral para las trabajadoras.
Pero esto no es todo. A decir de la legisladora María Elena Cruz Muñoz, quien presidió la Comisión en la LVII Legislatura, falta aún superar uno de los obstáculos más importantes: «vencer las resistencias culturales e incidir contundentemente en las políticas públicas para conseguir cambios sustanciales por la equidad entre los sexos».
Se trata, pues, de subvertir las estructuras culturales, políticas, económicas y sociales que han favorecido históricamente la discriminación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida pública del país mediante la defensa de una agenda de género.
Las diputadas de la Comisión impulsaron desde diferentes trincheras una agenda que contiene un fuerte compromiso con las mujeres de México.
06/YT/CV/LR
