El Centro de Derechos Reproductivos, ONG dedicada a promover la igualdad de las mujeres en todo el mundo, garantizando sus derechos reproductivos como derechos humanos, con sede en Nueva York, elogió a la Ciudad de México por la despenalización del aborto en el primer trimestre de embarazo, medida aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 24 de abril.
De acuerdo con el portal del Centro, dicha aprobación es un hito en esta región donde dicho procedimiento está sumamente restringido. Y la votación a favor de la despenalización, dice el Centro, está apegada a «importantes decisiones que reconocen los derechos reproductivos como derechos humanos».
Asimismo, el Centro asegura que con esta aprobación, la cual califica como un importante cambio, se reducirá de manera significativa el número de mujeres que mueren o sufren complicaciones graves por abortos inseguros todos los años en nuestra ciudad.
«Y aunque es un parteaguas, la votación en la Ciudad de México está a tono con el reciente adelanto hacia la liberalización del aborto tanto en la región (de América Latina) como en todo el mundo», señala el portal.
Con la aprobación de esta Ley, la Asamblea ha reconocido la inaplazable necesidad de abordar el aborto como un tema de salud pública, señala Lilian Sepúlveda, asesora legal para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
Esta ley faculta a la mujer para ir a su consultorio médico y obtener el tratamiento que mejor le convenga sin la interferencia de ideologías políticas o personales.
EL CASO DE PAULINA
Según el portal, este Centro ha contribuido a impulsar cambios progresistas en la región y el año pasado, en coordinación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), llegó a un acuerdo amistoso con el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo trata de la defensa de Paulina Ramírez, quien fuera víctima de violación a los 13 años de edad y a quien se le negó un aborto legal en la ciudad Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Este caso contribuyó para que avanzara el debate sobre el aborto en el país.
«El caso Paulina Ramírez vs. México logró que por primera vez en América Latina un gobierno reconociera que el acceso al aborto legal es un derecho humano», asegura el portal.
Por ello, Luisa Cabal, directora del Programa Legal Internacional del Centro, considera que la Ciudad de México ha dado un gran salto hacia adelante en la región.
Lo mismo que otros Estados, es loable que la Asamblea Legislativa haya reconocido los derechos reproductivos de las mujeres como derechos humanos.
En América Latina, según el portal del Centro, el aborto durante el primer trimestre del embarazo es legal únicamente en Cuba, Guyana y Puerto Rico.
Mientras que en Chile, El Salvador y Nicaragua está prohibido aún cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer.
POR UN ESTADO LAICO
Por otra parte, en un boletín emitido por el partido Alternativa DF, Jesús Robles Maloof, dirigente de este grupo parlamentario uno de los promotores de la nueva legislación en el DF, señaló que al reconocerse de manera legal el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo «coloca a la capital mexicana como una de las más avanzadas en legislación social y constituye un ejemplo para otras entidades de la República e incluso otras naciones latinoamericanas».
Apunta, también, que esta decisión es un hecho trascendental que nos lleva al cumplimiento de los convenios internacionales signados por nuestro país en materia de derechos de la mujer.
Y consideró la aprobación como una muestra tangible «de que es posible avanzar en materia legislativa, a pesar de los esfuerzos de los grupos conservadores radicales que siempre se han opuesto, de manera histórica, a la evolución social de las naciones».
De acuerdo con el comunicado, días antes de que se aprobara la despenalización del aborto, el miércoles 11 de abril, Robles Maloof y Armando Arteaga Tenorio, coordinador y vicecoordinador de Alternativa DF, presentaron una denuncia ante la Secretaria de Gobernación (Segob).
Lo anterior, solicitándole su intervención ante la violación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por parte de Norberto Rivera Carrera y Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, al intervenir en asuntos políticos que les prohíbe la legislación correspondiente.
Y ante la decisión de la propia Segob de dar inició al procedimiento administrativo correspondientea la denuncia, Robles Maloof señaló que «es la respuesta a la que está obligada por ley dicha dependencia».
Sin embargo, externo que la decisión de la Segob»constituye una acción que puede contribuir a la recuperación dela confianza en las instituciones del Estado laico mexicano, que a últimas fechas ha quedado en entredicho por la impunidad conla que actúan algunos jerarcas de la Iglesia Católica», señaló.
Finalmente agregó que Alternativa DF estará al pendiente para respondera cualquier llamado oficial de la Segob para aportar los documentos e información que les sea requerida en el caso.
07/HV/GG/CV
