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Empeora situación de familias por contaminación en río Sonora

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No sólo no disminuyó ni se estabilizó el nivel de afectación en la salud de las personas que viven en los pueblos aledaños al río Sonora, luego del macro derrame de metales pesados en 2014, sino que aumentó exponencialmente al detectarse más casos de cáncer en la piel, y de daños en riñón e hígado.
 
En conferencia de prensa aquí, habitantes de la zona afectada y un equipo de profesionales de la salud de Estados Unidos entregaron un diagnóstico realizado en seis de los ocho puntos geográficos que conviven directamente con el cauce del agua envenenada desde el 6 de agosto de 2014, por la ruptura de un contenedor en la mina Buenavista del Cobre, concesionada a Grupo México (GM), del empresario Germán Larrea, ubicada en Cananea.
 
Guadalupe Poom Rentería, radicada en Ures, denunció que hay familias enteras con deterioro en su salud, y resaltó que el hijo de una vecina, Gabriel Bavichi Tarango, que padece Síndrome de Down, agravó su condición “por una contaminación que él no se buscó”, por lo que se potencializa su necesidad de atención al haber adquirido padecimientos por la mala calidad del agua.
 
Cobre y aluminio son los principales metales que han salido a relucir en la sangre de quienes han tenido los recursos para hacerse exámenes en laboratorios particulares, pues los practicados con recursos del fideicomiso creado por GM no contienen los análisis especializados que detectan presencia de metales en el cuerpo humano.
 
Hay desesperación, pero también desolación, pues la confianza en el gobierno mexicano ya la perdieron. Sin embargo, la visita de la misión humanitaria de EU, compuesta por sindicalistas, personas de la academia, profesionales de la salud y periodistas, les hace recuperar un poco la esperanza.
 
La economía por los suelos y sin generación de empleos, aunque ha habido promesas de maquiladoras, de talleres, pero no llegan.
 
Cuando tienen una cámara enfrente, tanto la gobernadora Claudia Pavlovich, como el presidente municipal y todos los funcionarios del estado, dicen que van a apoyar, pero nunca concretan nada.
 
Martha Aguirre Valenzuela, de Tahuichopa, dijo que hay muchas personas enfermas que no han recibido atención médica, y que quienes se han atendido en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA) han sido amenazados de que les retirarán el apoyo  monetario si van a Hermosillo o a otro lugar a pedir una segunda opinión médica.
 
Luz María Domínguez Peralta, de Mazocahui, mostró los resultados de exámenes particulares practicados a sus nietos. La niña de dos años de edad muestra presencia de arsénico, cobre, manganeso y cadmio en la sangre. El niño de 10 tiene plomo, arsénico, cobre, manganeso y cadmio.
 
Los estudios se los hicieron en la UVEA, pero Luz María dijo que desconfía de su veracidad, pues en un segundo examen de la misma institución el niño tuvo presencia cero de metales. “Se le quitaron por arte de magia”, ironizó la mujer, pues no han tenido tratamiento, sólo les recetan hierro.
 
El niño ha presentado sinusitis muy aguda, y ya requirió de lentes, le practicaron una tomografía, todo pagado por sus propios medios pues la UVEA no los hace. La clínica nada más es un “parapeto” para tapar la realidad, criticó Domínguez Peralta.
 
A la madre de los niños se le está cayendo el cabello, a Luz María le aparecen moretes en la piel sin explicación alguna, y su hijo, que trabajaba como guardia de seguridad en la UVEA, ya presentó cáncer de huesos.
 
Tanto autoridades como población afectada tienen claro que una de las medidas urgentes es la instalación de plantas potabilizadoras de agua que eliminen los metales pesados, pero a la fecha sólo se ha construido una planta tratadora en Bacanuchi, que aunque fue inaugurada el pasado 4 de febrero aún no opera.
 
El equipo de EU entrevistó a mineros y visitantes de Cananea, pobladores de Bacanuchi, Tahuichopa, Baviácora, Ures, Topahue y El Molinito.
 
Entre sus conclusiones expuso que el gobierno mexicano debe exigir a la empresa minera la instalación de clínicas accesibles a las comunidades rurales, para su valoración y atención médica adecuadas.
 
GM debe pagar por el costo de los daños ocasionados a la salud de las familias del río Sonora. También debe erogar el costo de la limpieza y remediación del afluente, así como compensar a las familias y comunidades afectadas, incluyendo la pérdida de sus cosechas y el costo para proveer agua de riego y para consumo humano.
 
En tanto, habitantes denunciaron que el fideicomiso creado para reparar los daños se utilizó aparentemente para limpiar el río, lo cual no ha sucedido pues –aseguraron– la tierra fue removida superficialmente y al escarbar un poco, tierra y agua están igual de contaminadas que el día del macro derrame. “Ahí están la tierra y el agua amarilla y espesa”, acusó Luz María Domínguez.
 
Al finalizar la rueda de prensa, las y los convocantes pidieron un minuto de silencio en memoria de Karla Duarte Duarte, activista fallecida en un accidente automovilístico cuando se trasladaba a un pueblo para informar sobre las gestiones en la remediación del río.
 
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