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En 2007, justicia no garantizó a mujeres protección contra la violencia

Por Redaccion

En un balance anual, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, considera que durante el 2007 se mantuvo un estancamiento y una regresión en el campo de los derechos humanos, y vislumbra en 2008 un escenario lúgubre para los pueblos campesinos e indígenas de Guerrero, ante la entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC), el impulso a la militarización con el Plan Mérida y la aplicación de la recién aprobada Reforma Judicial.

Frente a ese escenario, señala en su balance, es evidente y notorio que a pesar de la persistencia, fuerza y entereza que han mostrado los pueblos, sigue sin aparecer en el horizonte la posibilidad de revertir el proceso de empobrecimiento y de exasperación en que se encuentran atrapados por las políticas neoliberales.

La violencia contra las mujeres, afirma Tlachinollan en un comunicado de prensa, continúa sin ser atacada en sus causas estructurales, “el gran problema es que el sistema de justicia estatal no garantiza a las mujeres protección y respaldo ante los graves hechos que violencia que enfrentan cotidianamente”.

Es lamentable que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones civiles de derechos humanos que han documentado casos graves como el de las indígenas Me´phaa que fueron violadas por soldados del Ejército, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas no hayan encontrado el respaldo de las autoridades civiles y competentes, y que por el contrario se hayan hecho cómplices con las autoridades militares para mantener en la impunidad estos actos degradantes, denuncia.

Sin embargo, su aspiración de justicia las ha obligado a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos.

Este nuevo camino que han emprendido los indígenas –considera el Centro– es una ruta viable para hacer efectiva su demanda de justicia.

Y con este esfuerzo “están demostrando a las autoridades estatales y federales que su dignidad no tiene precio ni tiene fronteras y que la globalización no sólo debe ser comercial sino que también debe pugnarse por la globalización de la justicia y respeto a los derechos humanos”.

TRATADO CONTRA LA DIGNIDAD

Ante la inminencia del capítulo agropecuario del TLC, que significa la cancelación de las condiciones dignas para vivir dentro de los diferentes ecosistemas que preservan la riqueza natural de nuestro país y de nuestra entidad –dice el texto– es visible una crisis mayor entre las familias que viven del campo, pues se acrecentará la escasez del maíz y se aumentará la dependencia económica.

“Junto a ello viene también un agrandamiento en el control político de las autoridades, de los mismos partidos para seguir lucrando con la pobreza y con el hambre de los pueblos”, apunta.

Agrega el informe que no hay perspectiva “como para pensar que las promesas del Gobierno federal de crear más empleos se logre en el corto plazo. Más bien se avizora una mayor expulsión de la fuerza de trabajo de jóvenes que no encuentran la posibilidad ni de estudiar ni mucho menos de trabajar”.

Considera que tampoco habrá esperanza de que una familia de la región de La Montaña –compuesta en su mayoría por 7 miembros– siga cosechando los 300 kilos de maíz que le permiten comer durante tres meses, pues esta vergonzosa realidad también amenaza con ser destruida porque es imposible seguir trabajando el tlacolol (tierra para el cultivo, milpa) sin ningún apoyo para el campo.

Bajo este escenario, dice, cuando todo se haya perdido, se incremente la falta de satisfacción de las necesidades básicas y haya una falta de rumbo para poder resolver los derechos fundamentales de la población pobre, “se correrá el riesgo de que emerjan cacicazgos así como una mayor conflictividad social y agraria”.

Para el Centro Tlachinollan todo lo anterior hace ver que no hay voluntad de las autoridades, ni disposición, como para replantear las políticas orientadas a generar procesos de empoderamiento de los pueblos a través de la protección de sus derechos humanos.

“Y lo grave es que hay cerrazón e ineptitud, engaño, falta de oficio político y una descomposición social que va aparejada con la impunidad y la corrupción que sigue carcomiendo a las mismas instituciones que, por desgracia, ya no tienen un significado profundo para la ciudadanía, porque se ha sembrado la desconfianza y la confrontación”.

Lo peligroso, continúa el informe, es que se mantiene una lucha sorda y se apuesta a las vencidas sin pensar en el desgarramiento del tejido comunitario y en lo que significa en términos de atraso y rezago en los índices de la marginación.

Esta disputa llevada a todos los campos donde el ciudadano busca un lugar para ser escuchado hace imposible el progreso en nuestra entidad y, más bien, nos evoca una etapa política superada y nos empantana en un conflicto con tintes regresivos, lamenta.

ECONOMÍA, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS

El fondo de esta disputa por el rumbo de la nación y de nuestro estado son los intereses económicos de los grupos oligárquicos que se han montado en el poder político y que sólo han garantizado mayor desigualad y pobreza, agrega Tlachinollan.

“Los meganegocios los ha hecho delirar, al grado que el 85 por ciento de la población a nivel nacional se encuentra sometida económicamente y se le niegan las oportunidades para poder tener acceso al mercado, y de ascender a los parámetros económicos de los privilegiados”.

Los pueblos campesinos indígenas luchan por lo mismo que claman en toda Latinoamérica: educación, salud, alimentación, justicia y democracia, señala. Sin embargo, las elites pelean por el control de los grandes consorcios económicos y de los poderes políticos que les aseguren lucrar con las leyes, los presupuestos y las reformas legislativas.

“Lo importante para ellos es que se implementen políticas públicas, con el único fin de aumentar su riqueza desmedida. Esta actitud insaciable ha llevado a la quiebra al país y está causando conflictos mayores donde la población se ve obligada a parar por la fuerza tanta desmesura, tanto abuso y represión”.

REFORMA JUDICIAL, CAMINO FALSO

La Reforma Judicial aprobada para todo el territorio nacional viene a vulnerar los derechos humanos de la población y a darle más poder a los Ministerios Públicos y policías encargados de hacer las investigaciones, que son a su vez las autoridades que más violan los derechos humanos, dice en su evaluación anual la organización no gubernamental.

Es decir, explica el informe, no se toma en cuenta los estándares internacionales donde se debe garantizar al ciudadano el pleno acceso al sistema de justicia respetando sus derechos humanos. Se sacrifican estos derechos en aras del combate frontal a la delincuencia organizada. Sin embargo, este es un camino falso porque se violenta el Estado de derecho y se vulnera a las mismas instituciones.

“No podemos desligar esta Reforma del Plan Mérida que ha firmado el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de nuestro país y que no implica otra cosa que un mayor impulso en la militarización así como mayor inversión para la compra de equipo militar, todo ello, pensando siempre en la seguridad del Estado y de sus funcionarios en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

TRIADA FUNESTA

En regiones pobres, como La Montaña de Guerrero al sur de México, la Reforma Judicial, el Plan Mérida y el TLC agropecuario, vienen a conformar una triada funesta, que busca sepultar los sueños y los proyectos de los pueblos cimentada en la civilización del maíz.

Lo paradójico de todo esto es que el Gobierno mexicano no ha tomado en serio La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ha considerado como una nota al margen de los tratados del Libre Comercio, que además no representa un desafío para el diseño de las políticas públicas orientadas a fortalecer los procesos autogestivos de los pueblos, sentencia Tlachinollan.

“Más bien, lo toma como una mera declaración para hacer retórica en los foros internacionales, mientras que por la vía de los hechos se toman decisiones contrarias a los derechos colectivos como sucede en Guerrero con el caso del proyecto La Parota en donde los pueblos han recurrido a los cauces legales y han hecho valer su derecho a la consulta a través de la asamblea que se realizó el pasado 12 de agosto en Agua Caliente, donde los comuneros opositores manifestaron su rechazo a la presa.

“A pesar de este ejercicio libre y autónomo, el Gobierno del estado sigue ignorando y vilipendiando la decisión de los pueblos”.

Esto mismo sucede en lo campos de la educación y la salud donde las autoridades responsables se niegan a cumplir las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos y lo peor de todo es que se niegan a establecer mecanismos de interlocución y diálogo con los diferentes actores que se movilizan para hacer valer sus derechos, agrega.

APUESTA A LA CONFRONTACIÓN

Para Tlachinollan, queda claro que este año “las autoridades de Guerrero le apostaron al desgaste y a la confrontación” como un recurso para hacer visible su poder y su visión sobre cómo resolver los problemas añejos de los sectores sociales que luchan por su sobrevivencia, de ello da ejemplos.

El caso de la normal rural de Ayotzinapa es una muestra fehaciente de querer tensar los conflictos para reventar los movimientos, colocarlos fuera de la legalidad, reprimirlos y al final poder llevar la solución del conflicto a otra arena política donde la amenaza del encarcelamiento sea la formula efectiva para doblegar la resistencia de los egresados.

El caso de los indígenas esterilizados de El Camalote, en el municipio de Ayutla es otra muestra de cómo el nuevo gobierno mantiene el mismo estilo para tratar a la población indígena con discriminación, despotismo y desinterés.

Pese a que los indígenas esterilizados plantearon desde un inicio al gobierno estatal su situación precaria y demandaron el cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el titular de esta secretaría, Luis Barrera Ríos se ufanó de que resolvería de la mejor manera esta queja, comprometiéndose incluso a visitar dicha comunidad para demostrar su compromiso con la población indígena del estado, informa el Centro.

“Empero, desde esa fecha, todo quedó en el olvido apostándole a que los pueblos por ser analfabetos no tienen memoria histórica, ni dignidad. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le ha puesto en todas sus letras que tiene que dar cumplimiento a la recomendación emitida desde hace años para reparar el daño a los 14 indígenas Me´phaa de El Camalote”.

CRIMINALIZACIÓN

Para Tlachinollan, la historia oficial sigue manchándose con actos relacionados con la persecución, detención, encarcelamiento y criminalización de líderes indígenas que han asumido el compromiso y la causa de los pueblos que demandan una educación culturalmente apropiada. Y relata un caso que así lo demuestra.

En este año el gobierno de Guerrero se empeñó en destruir el movimiento del pueblo Bátháá (una de las variantes lingüísticas del grupo étnico Me´phaa), con la consigna de acallar y encarcelar a Candido Félix, un líder ahora emblemático de la resistencia indígena.

El saldo para los pueblos ha sido la represión, la falta de más maestros, mayor índice de migración y menor acceso de los miles de niñas y niños indígena a la educación. El castigo no es para las autoridades que no cumplen con sus obligaciones constitucionales sino para los pueblos pobres que se atreven a manifestarse para hacer realidad un derecho que nunca ha podido ser parte de sus sueños.

A pesar de las experiencias exitosas que ha contribuido enormemente en el acceso a la justicia y sobre todo a la seguridad ciudadana como ocurre con el proyecto de la Policía Comunitaria, las autoridades estatales, a través de los ministerios públicos, siguen criminalizando el trabajo legal y legítimo de las autoridades indígenas que con hechos están demostrando de manera ejemplar que su trabajo es por el bien de la sociedad, por la seguridad y la tranquilidad de las familias sin que medie ningún interés económico-político.

Es una “demostración de la capacidad de los pueblos para llevar a cabo un sistema de justicia alternativo que para nada atenta ni trastoca el sistema de justicia estatal, por el contrario lo refuerza, diversifica y enriquece. A pesar de esa contribución generosa, las autoridades del estado siguen con la carta bajo la manga para poder proceder penalmente contra dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.

LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS

Un sector que continúa siendo invisible para las autoridades son los indígenas jornaleros agrícolas que representan un alto número de la población económicamente activa y que son los que han podido mantener en pie la economía familiar y que han hecho posible la sobrevivencia en La Montaña, recuerda Tlachinollan.

Su trabajo por seis meses en los campos agrícolas representan, por una parte, una importante derrama económica para las comunidades indígenas y, por la otra, significa mayor analfabetismo, mayores índices de desnutrición, nuevas enfermedades causadas por los agroquímicos, mayor número de accidentes y más casos de muertes de niñas, niños y jóvenes que han perdido todo para poder trabajar por 60 pesos el día en el surco de las trasnacionales que se llevan no sólo el fruto de su trabajo sino también su vida misma, reporta el informe.

“Frente a esa cruda realidad y ante las nuevas elites económicas que parecen no tener ojos ni corazón con los de abajo, urge mirar la realidad de estos pueblos que siguen dando todo para que la patria siga siendo grande”, finaliza el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

07/GG/CV

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