Previo a los festejos del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la abogada Martha Figueroa Mier sostiene que en Chiapas el grado de impunidad de que gozan los homicidas de mujeres es alto.
Explica quelas cifras que ofrecen las autoridades, donde dan cuenta sobre la violencia y el número de mujeres que muere por violencia feminicida, son sesgadas.
Y explica cómo en un estudio realizado en varios juzgados de los penales de Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, se encontraron con 16 procesosde homicidios contra mujeres. De éstos, uno era tentativa, pero de estos 16 ni uno tiene sentencia condenatoria, y el único que lo tuvo está en veremos, señala.
Alarmada, la abogada, sostiene: «es terrible que hablemos de una cifra indeterminada en el estado y que del 2006 y 2007 no nos quieren dar las cifras»
De éstos, ¿cuántos llegan y cuántos se consignan?, se pregunta y responde a la vez: «si ninguno de los principales juzgados, (centro, alto) tiene sentencia condenatoria o está en veremos y es muy probable que salga el inculpado, esto nos habla del nivel de impunidad que existe en Chiapas.
En Chiapas, no obstante al esfuerzo especial para sacar adelante las modificaciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y con «hoyos», aún falta mucha coordinación, sostiene Martha Figueroa Mier, abogada del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas.
Explica que a más de un año de haberse aprobado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en agosto del 2007, hoy apenas y en total descoordinación, representantes de los funcionarios responsables de revisar, modificar y armonizar la Ley de Chiapas con la Ley General no asistieron a la ultima reunión, donde se revisaron los vacíos y hoyos que aún prevalece en la Ley que defiende y ampara a las mujeres contra todo tipo de violencia.
«Apenas el viernes12 de noviembre se dio una reunión, dijo la abogada, en palacio de gobierno y la segunda reunión del Consejo que «va a erradicar la violencia de las mujeres, debió reunirse a los 90 días a partir de la promulgación de la ley y apenas se están reuniendo, un año después».
Laarmonización de las leyes de la entidad debe ser congruente con los compromisos ylos acuerdos firmados. Advirtió que no pueden ser cuestiones de publicidad, porque se contraponen al sentido de la legislación. El gasto de espectaculares no va a impactar en mejores agencias del Ministerio Público y Agencias Especializadas para erradicar la violencia hacia las mujeres.
Y especifica la abogada que «hay una fiscal especial muy movida, muy comprometida, quesólo se ve en Tuxtla,pero no le veo mucha acción en el resto de la entidad y entonces ¿quién atiende la violencia en el resto del estado?».
En el contexto del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacía las Mujeres, que se conmemora hoy 25 de noviembre, la también integrante de la coordinación de la Marcha-caravana de mujeres que arribará a San Cristóbal de las Casas el primero de diciembre en demanda de la terminación de los feminicidios y la violencia de género, informó cómo en2006 hay un registro de 628 homicidios dolosos en Chiapas y cómo estas son cifras maquilladas.
Recordó que, de acuerdo con un estudio, en 4 juzgados penales de Tuxtla,en 2 de San Cristóbal de las Casasy en 4 de Comitán hay 16 procesos de homicidios contra mujeres. De éstos,uno era tentativa, pero de estos 16 ni uno tiene sentencia condenatoria, y el único que lo tuvo está en «veremos».
Entrevistada sobre la Marcha-caravana que arribará a Chiapas el primero de diciembre y donde se hará un tribunal para analizar la situación de las mujeres en cuanto a la violencia y la violación de sus derechos humanos, Figueroa Mier se refirió también a la problemática que existe en Chiapas sobre la trata de personas.
Un punto más de la agenda en Chiapas, en el marco de la Marcha-caravana, son los muertos, los casos no resueltos, por los cuales existen reclamos internacionales, así como los casos de periodistas asesinados o víctimas de violencia no resueltos.
Hoy, los movimientos sociales en Chiapas son criminalizados, pues sevolvió a legitimar la criminalización de la protesta social. Estamos igual desde 1968 y 40 años después cada gobierno le da un nombre diferente peroafecta la libertad de expresión y afecta a las y los periodistas. Y no es lo mismo un varón periodistaque una mujer periodista. Si no, dice la abogada, «que se lo pregunten a las compañeras de Oaxaca en la región Triqui o a Lydia Cacho».
Concluye la abogada sosteniendo que no hay soluciones a las ancestrales demandas de las mujeres y ahora la crisis nos obligaa reunirnos a defendernos, a veces hasta nos ven como terroristas porque nos organizamos. «Claro, afirma, sí hay avances, pero son medidas que veo más como simulación».
08/CR/GG
